La crisis sanitaria desatada por la pandemia del Covid-19 ha afectado prácticamente todas las áreas de nuestra organización social. En el ámbito educativo, las medidas de aislamiento físico han forzado el cierre de escuelas obligando a las comunidades educativas a elaborar estrategias para poder abordar los objetivos curriculares de forma remota, a innovar en metodologías de enseñanza, de evaluación y también de contención socioemocional, para dar respuesta a la diversidad de necesidades de los estudiantes, sus familias y contextos. En este marco, el apoyo brindado por profesionales pertenecientes a las distintas modalidades de educación especial (escuelas especiales de discapacidad, escuelas especiales de lenguaje y programas de integración escolar) con el fin de desarrollar respuestas educativas pertinentes y efectivas ha sido fundamental.

Desde marzo se han ido incrementando las necesidades de los niños, niñas, adolescentes (NNA) y adultos atendidos en la educación especial, develando el largo camino que aún queda por recorrer para llegar a un sistema educativo y a una sociedad realmente inclusiva. La eliminación de las barreras para acceder a una educación no segregadora constituye una de las mayores deudas que mantiene el Estado de Chile con las personas que presentan discapacidad, nada menos que el 20% de la población. Lamentablemente, durante este periodo, el grupo mencionado ha visto cómo se vulneran sus derechos en todas las áreas, pero por sobre todo en salud y educación. Como factor agravante aparece el adultocentrismo del Ejecutivo, que invisibiliza por completo a la infancia centrando su discurso en que se retomen las clases presenciales los más pronto posible, ignorando completamente el mayor riesgo que esto significa para NNA con Necesidades Educativas Especiales (NEE) debido a la presencia de condiciones de salud de base y de multimorbilidad.

A lo anterior, ahora se suma un importante problema: la incertidumbre a la que está sometida la educación especial y su funcionamiento para el siguiente año, 2021, dada la desidia del Ministerio de Educación en su actuar. Y es que al mantener condicionada la asignación de recursos a una evaluación especializada que hoy es imposible o muy difícil de realizar de manera técnicamente rigurosa y sanitariamente segura, también se condicionan los apoyos para el próximo periodo, tanto para estudiantes antiguos como para nuevos estudiantes de las tres modalidades de educación especial. Si a esto le agregamos que las escasas medidas tomadas por el Mineduc (como aumento de plazo para las evaluaciones de ciertos grupos) no sólo no consideran los brotes post verano que están sucediéndose en el continente europeo, sino que además asumen una progresiva y fantasiosa mejoría en la situación epidémica nacional de aquí a marzo de 2021, podemos visualizar cómo se avecina un periodo gris para estudiantes con discapacidad y múltiples despidos de profesionales que trabajan en educación especial.

Reconociendo que las necesidades educativas presentes en los y las estudiantes que asisten al sistema educativo del país están vinculadas, en muchas ocasiones, a condiciones de vulnerabilidad, es fundamental brindarles todos los apoyos necesarios para que puedan participar de forma exitosa en el proceso educativo, a pesar de las dificultades que el contexto origine en estos momentos. Ya lo señalaba la académica Liliana Ramos, en un artículo publicado hace algunos días: “Lo más razonable es mantener el presupuesto asignado en 2020 a cada establecimiento y aumentarlo frente a solicitudes justificadas, no asociadas necesariamente a diagnósticos clínicos, ya que las necesidades educativas especiales pueden o no estar asociadas a ellos”, y a su vez, resulta razonable que el Mineduc pueda garantizar el pago de subvenciones en todas las modalidades de educación especial, para que NNA, adultos y sus familias puedan continuar recibiendo los apoyos profesionales que tanto necesitan en condiciones como las que se están viviendo.

Resulta urgente que el ministro Raúl Figueroa, pueda dar respuesta a una comunidad que históricamente debe luchar por condiciones dignas como lo es la población de personas con discapacidad, garantizando el pago de las subvenciones, sin la condicionalidad de la evaluación y reevaluación de diagnósticos que impliquen la presencialidad en las escuelas, y con ello se asegure la atención idónea y oportuna a cada estudiante con NEE. Es necesario que el Mineduc brinde tranquilidad a las familias con respecto a la continuidad de los procesos educativos. Madres, padres y apoderados deben tener certezas con respecto a los apoyos de educadores diferenciales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, intérpretes en lengua de señas, coeducadores sordos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, técnicos en educación especial y en enfermería. Deben tener la garantía de parte del Estado de que, a pesar de las condiciones de vulnerabilidad o la precarización en su calidad de vida, contarán con apoyos especializados en la escuela.