Han sido meses difíciles. La comunidad educativa y sanitaria ha sido sometida a una particular presión de sus labores en un país -y un planeta- que no estaba preparado para enfrentar una pandemia que ha replanteado su quehacer cotidiano. Aun así, las y los funcionarios/as cuya tarea principal es la de asegurar los derechos sociales de salud y educación han realizado un esfuerzo inaudito para dotar de continuidad al servicio a la comunidad.

Es indudable que las comunidades educativas comparten la necesidad de retomar las actividades educativas presenciales, sin embargo, y a diferencia de lo que ha planteado el ministro Figueroa, la decisión de volver a clases presenciales no depende de la voluntad de los/as docentes, sino del manejo social y sanitario que el país sea capaz de mantener para contar con un plan responsable de retorno.

Hasta el momento, las intenciones de volver a clases presenciales declaradas por parte del Ministerio de Educación parecen salidas de un libro de ciencia ficción que evidencia un claro distanciamiento con la realidad, a lo menos del sector público, cuya capacidad y financiamiento para implementar un plan de “retorno seguro” aún no está esclarecida. Esto se debe a la histórica subestimación del MINEDUC con lo que ocurre en las comunidades, que se suma a la inexistencia de objetivos pedagógicos concretos para este año. A modo de antecedente, la ciudadanía ha sido testigo de una serie de decisiones que, ante una ansiedad desconcertante de la autoridad por “volver a la normalidad”, han puesto en peligro a la población y es precisamente aquello lo que debemos evitar.

Desde el punto de vista sanitario, el gobierno ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la OMS para el inicio del proceso de desconfinamiento, persistiendo en indicadores laxos que no están siendo suficientemente efectivos en el control de la pandemia. Es que ante las dificultades de contar con cifras confiables, y la falta de democracia en la toma de decisiones que ha sostenido el Ejecutivo hacia los consejos de la comunidad científica y social, se puede vaticinar que un “retorno seguro” no es practicable sin antes asegurar ciertas condiciones mínimas que logren dar la tranquilidad necesaria que la comunidad merece.

El principal mecanismo para dar paso a una apertura de las escuelas debe estar compuesto de una planificación altamente participativa entre las comunidades educativas y sanitarias locales. Desde el punto de vista sanitario, tomando en consideración las guías para un retorno seguro elaborado por la OMS y Unicef, será necesario contar con:

• Evaluación de las restricciones actuales de movimiento y la capacidad de los/as niños/as para viajar hacia y desde la escuela de manera segura.
• Reducción del número de horas presenciales y limitar aforos de los salones de clase para resguardar una distancia de dos metros entre cada estudiante, tomando en cuenta que en promedio, las escuelas públicas cuentan con 37 estudiantes por salón de clase.
• Financiamiento para asegurar elementos de protección personal y de higiene tanto para estudiantes como para el personal.
• Supervisión y trazabilidad a través de testeos aleatorios para identificar casos asintomáticos y/o otras enfermedades infecciosas.
• Resguardo al personal y niños/as en riesgo de enfermedad grave (personal de edad avanzada y/o con afecciones médicas subyacentes).
• Capacitación para el personal escolar sobre operaciones seguras
• Protocolo de clausura ante la detección de casos y rebrotes, que asegure la cobertura de salud ante casos de contagio para estudiantes y trabajadoras/es.
• Evaluación acerca de las condiciones de salud mental de las comunidades, y programación de recesos de calidad.

Por otro lado, son amplios los desafíos que las escuelas deberán subsanar en el corto y mediano plazo para dotar al retorno educativo con un sentido pedagógico. Para lograrlo, consideramos que es clave contar con:

• Lineamientos pedagógicos para el cierre del año escolar, de manera urgente en Cuarto Medio en su proceso de becas, NEM, PSU y prácticas profesionales.
• Proceso breve de promoción, basado en los aprendizajes ya instalados y con diagnósticos profundos para planificar el año escolar 2021. Esto implica retirar la presión en las escuelas respecto al SIMCE, y corregir los incentivos al retorno mediante subvención.
• Evaluar alcances y pertinencia de la priorización curricular iniciada en mayo, con proyección al próximo año.
• Plan masivo de formación docente de corto y mediano plazo, respecto a alfabetización digital y emocional; nuclearización curricular; ciudadanía, salud y educación sexual.
• Asegurar la capacidad de mantener el aprendizaje en línea, con hardware, software e internet para docentes y estudiantes.

Con estas consideraciones, creemos que la opción correcta es comenzar en el retorno escolar presencial en 2021 y para aquello parece sensato replicar experiencias internacionales a través de pruebas pilotos en áreas rurales, donde se cumpla el requisito de una muy baja tasa de positividad. Asimismo, para lograr dicha planificación, es necesario dotar de mayor resolución a las mesas intersectoriales regionales con la participación del Colegio de Profesores, Colegio Médico, directivos, apoderados, estudiantes y funcionarios/as de la Atención Primaria de Salud.