Maximiliano Fraile Lagos (22) y su papá se turnaban para dormir en los sillones, al lado del comedor, alertas al sonido de la baliza de Carabineros. Aunque fuera de madrugada, el furgón policial se estacionaba afuera de su casa, en Talcahuano, para asegurarse que cumpliera el arresto domiciliario nocturno. No les gritaban ni tocaban timbre. Solo encendían la baliza o tocaban varias veces la bocina hasta que el joven aparecía en la puerta. Ellos lo anotaban en su registro y se iban. Podían volver a la noche siguiente o subsiguiente. Así fue la rutina durante cuatro largos meses.

“Y si no sales justo en el momento ponen que no estás. Yo hablé con la abogada defensora, le dije que por último fueran más temprano. Me dijo que hacen el procedimiento como ellos quieren y que no se podía hacer nada contra eso”, cuenta Karen Fraile a El Desconcierto sobre los meses en que su hermano estuvo privado de libertad.

El joven estudiante de geografía fue acusado de portar y lanzar una bomba molotov contra Carabineros en medio de una protesta en Concepción.  Estuvo en la cárcel El Manzano un mes y una semana y, luego, cumplió la medida cautelar en su casa.

Eso, hasta que se conoció una prueba irrefutable: un video en el que los funcionarios policiales que lo detuvieron hablaban de “cargarlo” y de “echarle bencina” al morral negro con el que andaba.  Una prueba suficiente para dejarlo libre y, a la vez, develar el burdo montaje de la institución uniformada.

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Fue el viernes 7 de febrero cuando al joven lo detuvieron afuera de la Universidad de Concepción. Lacrimógenas, gases y carros lanzaguas eran parte del ambiente de esa tarde. Después de asegurarse de tener "la prueba", lo llevaron hasta la 1° comisaría de esa ciudad donde, en primer lugar, se le negó el derecho de llamar a sus familiares. Ellos se enteraron por terceras personas que el joven había sido arrestado y llegaron pasada la medianoche hasta el retén policial. Al día siguiente le hicieron el control de detención y, luego, quedó en prisión preventiva.

Cuando llevaba días en la cárcel, su hermana Karen solicitó una copia de la carpeta de investigación de la Fiscalía, que llegó casi 20 días después. Entre las decenas de archivos, encontraron el video. Era el registro de una de las cámaras portadas por los funcionarios policiales que lo detuvieron, donde hablaban de echarle bencina al morral del "22", como identificaban al joven. Uno de ellos, incluso, le pide a otro policía que “aprendiera a quedarse callado”.

Video publicado por Bío Bío:

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La primera impresión que Karen tuvo al encontrarse con este registro fue de asombro, pero también de felicidad. “Era lo necesario para sacar a mi hermano de la cárcel”, dice.

Desde ahí, esperaron a que se fijara una audiencia lo antes posible. “Quizás estás viendo lo que tú quieres ver”, le escuchó decir a la defensora penal pública, que en ese momento representaba a Maximiliano, cuando ella le comentó sobre el registro. Ella sintió impotencia, pero dejó que avanzara con los trámites judiciales. Pasaron unas horas y la misma abogada le dijo que no fuera a la visita que le correspondía esa semana en la cárcel porque posiblemente le cambiarían la medida cautelar a su hermano. Eso le daba una primera señal de que estaban en lo cierto.

Así fue como, de manera exprés, la defensora y la Fiscalía hicieron una petición conjunta para que el tribunal les fijara una audiencia que se hizo ese mismo día, 13 de marzo. “Algo inédito”, reconoce hoy el abogado de Maximiliano, Christián Echayz. “La audiencia partió a las 13:06 y terminó a las 13:09. La prueba ni siquiera fue mencionada. Nunca le dijeron a la jueza que tenían esos videos. Dijeron que tenían nuevos antecedentes que daban para abrir otra arista. Pero nada más”, explica el profesional.

Esa rapidez con que se revisó confirma al abogado que no había más camino que asumir la detención irregular de Carabineros con una prueba falsa.

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Las contradicciones se acrecentaron aun más cuando la familia pudo revisar nuevos videos aportados por particulares que mostraban la detención desde distintos ángulos. Elementos que evidenciaban contradicciones con el expediente policial y con la declaración que entregaron los funcionarios policiales a la Fiscalía.

“Al momento de llegar a cooperar con la detención, el sujeto se desprende del polerón y unos guantes. Además, deja caer un bolso de mano color negro que portaba, el cual de inmediato es recogido en el mismo lugar por el cabo 2 Jara Muñoz. Al tomar contacto físico con el sujeto expelía un fuerte olor a combustible. Posteriormente, al registrar el bolso que portaba pude verificar que en su interior mantenía una botella con un líquido, más una mecha de género adosada a su tapa, lo cual corresponde a un artefacto incendiario del tipo molotov”, declaró Rodrigo Muñoz Mora, teniente de Carabineros.

Él, al igual que otros de los carabineros que declararon, aseguraron que era “imposible haber manipulado el contenido del bolso” que recogieron.  La misma versión fue la de Jonathan Jara Muñoz, cabo segundo y escudero, que en el interior del bolso confirmó que portaba un artefacto incendiario.

Echayz reconoce que las declaraciones de Carabineros son estructuradas, que se respaldan entre sí, pero él repara en otro punto. Insiste en que la Fiscalía tenía conocimiento de este video desde los primeros días en que el joven fue encarcelado, porque eran parte de los archivos de la carpeta de investigación.

“La Fiscalía, a cinco días de haber dejado preso a Maximiliano, ya sabía de este audio”, detalla Echayz. Más aún, agrega que Carabineros emite un comunicado oficial donde dice que las imágenes estuvieron a disposición de la Fiscalía el mismo día de la detención. “El diálogo en sí era lo suficientemente grave como para que saliera de la cárcel”, insiste.

Esto, sin embargo, contrasta con lo dicho por el Ministerio Público, el 10 de octubre pasado, cuando se conoció el video por la prensa. "Una vez que el fiscal Jorge Lorca Rodríguez, a cargo de la causa, tomó conocimiento de los videos de las cámaras de Carabineros se realizó el cambio de la referida medida cautelar", declararon en un comunicado.

Por otro lado, los testimonios de Carabineros dicen que Maximiliano portaba un guante y, en uno de los videos que recibió posteriormente la familia, se ve que cae y que otro carabinero lo recoge y se lo guarda en su ropa. Ese guante nunca fue incluido entre las especias que fueron periciadas. “Lo más lógico si te acusan de portar bomba molotov es que ese guante haya quedado impregnado con hidrocarburos”, acota.

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También hay un acta de incautación en la que hablan de una botella con un paño color blanco. La misma botella que llevaba en el morral, luego en parte policial habla que se habla de una botella de color crema. Según el abogado, se podría decir que es un error de apreciación, pero, luego, Carabineros dio un punto de prensa y ahí muestran la evidencia con un paño distinto.

"Entonces te preguntas si el paño es blanco o crema, o lo cambiaron o lo manipularon. El carabinero andaba con unos guantes de látex que son medios amarillentos, el paño que está en la bolsa es más amarillento. Si se contrasta la botella de la Go- Pro con eso, es diferente", añade.

Esas incongruencias hicieron que se pidiera el cierre de la causa y a fines de julio Maximiliano salió en libertad.

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Karen Fraile cree que no hay nada que repare el tiempo que estuvo preso su hermano sin ser culpable.

“Es un daño que ya se hizo porque él vivió cosas que nunca le habían pasado a sus 22 años. Posiblemente, hay tantas otras que nunca nos va a contar. Nada que se pueda decir borra lo que él vivió”, dice. “¿Cómo quitarle el temor?”, se cuestiona, a que le hagan nuevamente controles de identidad y pueda pasar algo.

Después de cerrar la causa, ni la Fiscalía, la Defensoría o Carabineros se ha pronunció por el daño que generaron al joven tras la manipulación de una prueba que en el proceso judicial fue descartada. Carabineros fue consultado por El Desconcierto, pero solo se limitaron a contestar que “estaba en proceso de investigación” y que había un sumario administrativo en curso.

La familia, por su parte, contrató a Christián Echayz como abogado particular para querellarse por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción de la investigación. “Nunca me había tocado ver de manera tan evidente, tan decidora, apreciar la manipulación”, afirma.

Pero eso no basta, expresa Karen. La estigmatización y el daño a la imagen de su hermano merece, al menos, dice, unas disculpas públicas de la institución que lo inculpó y también a los medios de prensa que replicaron esa versión. Lamenta que las primeras imágenes de la prensa fueras referenciales de un joven lanzando bombas molotov.

"La imagen de mi hermano quedó por el piso porque todos se encargaron de tirarle un poquito de arena”, concluye.