Este miércoles, mismo día que Amnistía Internacional oficializó un lapidario informe instando a la Fiscalía a investigar a los altos mandos de Carabineros, por permitir que se cometieran violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados se movilizó en función de la salida de la institución de su general director, Mario Rozas.

Bajo la presunción de que su permanencia en el cargo es insostenible, la Cámara aprobó por 74 votos a favor un proyecto de resolución presentado por la bancada de diputados del PPD en el que se solicita a Sebastián Piñera que lo llame a retiro o, en su defecto, le pida su inmediata renuncia.

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Lo anterior, en virtud de la responsabilidad institucional del alto mando de la institución en numerosos casos de represión policial cometidos desde el 18 de octubre del 2019, lo que se adiciona al lamentable episodio del 2 de octubre, cuando un funcionario de la institución embistió a un joven de 16 años, quien a causa del empujón cayó al río Mapocho.

Asimismo, a través del documento piden instruir al ministro del Interior, Víctor Pérez, para que tome parte en las querellas ya presentadas contra el imputado por homicidio frustrado, Sebastián Zamora Soto, actualmente en prisión preventiva luego de su formalizado por su presunta responsabilidad en estos hechos.

Abogan por reestructuración con formación en DD.HH

El proyecto propone además, impulsar una profunda y estructural reforma institucional en Carabineros, que considere cambios en su Ley Orgánica Constitucional y en sus escuelas formativas, con enfoque basado en el resguardo y promoción de los derechos humanos, perspectiva de género, y protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Adicionalmente, la solicitud aboga por una formación apegada al estricto conocimiento y cumplimiento de los protocolos establecidos para el libre ejercicio a manifestarse que tienen los ciudadanos, además de los protocolos sobre el uso de la fuerza.

Por último, los parlamentarios proponen que se propicie la designación de un interventor civil para la cuestionada institución a fin de colaborar desde una perspectiva alejada de sus procesos internos, con injerencia en la organización y mejoramiento de la policía uniformada.

La iniciativa es suscrita por los diputados y diputadas del PPD, Raúl Soto, Tucapel Jiménez, Loreto Carvajal, Andrea Parra, Carolina Marzán, Cristina Girardi, Rodrigo González y Ricardo Celis.