¿Pragmatismo empresarial?

Con justa razón, tal como la ciudadanía, economistas y empresarios están pensando qué sucederá el día después de el plebiscito, entre predicciones de que un 70% aprobarán versus un 30% del rechazo. Al corto plazo, concuerdan que el Banco Central y las instituciones tienen las herramientas para asegurar algún grado relevante de estabilidad, incluso quizás mayor al “día antes”.

En este contexto, se preguntan, ¿cual será el nuevo centro político, las nuevas reglas sociales y legales que comenzarán a ser parte del escenario económico?

Jeannette von Wolfersdorff, economista y directora del observatorio fiscal, nos advierte que “Una economía excesivamente concentrada no se ajusta a una democracia equilibrada.” Y hace un llamado a los empresarios chilenos:

“Si el gobierno no avanza en estos temas, que los gremios mismos pongan metas medibles y una hoja de ruta para los próximos diez o veinte años, pensando en cómo transformar el mercado en uno moderno, diverso y competitivo para las próximas generaciones, junto con cuidar mejor sus externalidades negativas sobre el medioambiente y la sociedad”. “La gran transformación".

Cambios rentables

Con la historia a cuestas, es difícil ser optimista: ¿por cuenta propia, los empresarios cambiarán sus esquemas ideológicos, para integrar metas y mediciones dirigidas a lograr una economía más justa y sustentable? Sin embargo, tiene sentido que sean realistas acerca de lo que viene.

La crisis económica traída por el COVID ha cambiado la mirada de economistas tradicionales de todo el mundo y de las principales instituciones mundiales también. Desde el FMI, hasta el Foro Económico Mundial y entes conservadores como el Grantham Institute han cambiado sus discursos para incluir el medio ambiente y la dignidad de la gente como aspectos fundamentales para sobrevivir los difíciles tiempos que se vienen. Hay indicios claros de movilizaciones ciudadanas suficientes para hacer valer esas declaraciones, para que no queden en letra muerte. El desafío, por lo tanto, es asumir la urgencia de co-construir una nueva realidad, o sumarse en conflictos estériles que socavan las bases de las mismas “economías” que buscan “salvar”.

En Europa en el siglo pasado, tomó dos guerras mundiales con todos sus horrendos costos, pero finalmente se construyeron nuevos pactos sociales y nuevas democracias, mucho más profundas que las que marcaron el principio del siglo. Siguen dando importantes frutos en estos tiempos turbulentos, convirtiéndolos en referencias valiosas, no solo por sus políticas actuales, sino por la historia que nutre sus estrategias de cuidado y recuperación, más centrada en las personas y la sociedad, que en las cosas.

Hay indicios claros de que ya está partiendo en ámbitos tan resistentes como los combustibles fósiles, cuya hegemonía se va diluyendo con una rapidez inesperada hace unos pocos años atrás. Hoy es más rentable invertir en tecnologías verdes. Nada menos que la agencia clasificadora de riesgo Moody’s, por ejemplo, publicó un informe “que revela que los créditos a 10 años en proyectos verdes o de energías renovables son menos riesgosos. Lo mismo los préstamos y créditos a proyectos de inclusión social.”

Estos datos, que pueden parecer contra-intuitivos para la elite local, también tienen sentido dentro de nuestra realidad social y de hecho vemos ejemplos ya. Una gran inversión que llega a una comunidad local, contaminando y contra los deseos de sus habitantes, recibe una condena cada vez mayor y más influyente: genera conflictos sociales e inversiones sin retornos.

Un caso local de múltiples aristas fue la inversión de Agrosuper en el valle del Huasco. Después de años de conflicto, la “productora de proteínas” — así se refirió a su cruel sistema de crianza y faena de chanchos — tuvo que retirarse. Su negocio se hizo inviable ya que las comunidades locales, y eventualmente internacionales, resistieron un proyecto inviable en términos de contaminación, uso del agua, y la defensa del patrimonio natural y social.

Año 2012. Pobladores de Freirina celebran cierre temporal de faenadora Agrosuper. Foto: Agencia Uno

En la ciudad, las inmobiliarias debiesen aprender lecciones similares, ya que los emprendimientos que se realizan con las comunidades, como el Patio Bellavista, por ejemplo, tienen apoyo y aguante hasta en estos tiempos difíciles. Mientras, en el mismo Barrio Bellavista, proyectos destructores basados en una estrategia de explotación urbana que no asume sus costos, como las torres “desarmónicas” de Nueva Dardignac o el proyecto Cimenta, que lamenta haber perdido millones de dólares, avanzan lentísimo o incluso siguen paralizados y en disputa, incurriendo en costosas campañas comunicacionales y legales que son cada vez menos efectivas.

Inversiones que toman en cuenta el medio ambiente y las comunidades locales, a su vez, reciben apoyo local y ciudadano, fortaleciendo la resiliencia económica y la viabilidad del proyecto al largo plazo. Tomando en cuenta estos factores, tiene más sentido que los empresarios encuentren oportunidades con innovación y cooperación de distintos actores.

La mirada de la ciudadanía y las MIPYMES como “motor” de la economía

El empresariado ya está viendo buscar apoyos desde la ciudadania. Ante el retiro del 10% de las AFP, Fernando Larrain Gerente General del Gremio, salvó sorpresivamente su puesto después del retiro, dado que se mejoró la percepción de la ciudadanía hacia las AFP. Ese débil capital de valorización se volverá vital para el gremio cuando se discuta qué tipo de previsión social tendremos. Los más probable, es que el “nuevo centro” dado por la constituyente será uno donde las AFP sean parte de un sistema mayor, con cierto nivel de elección y donde una visión positiva del cliente será vital para mantener sus activos.

El peso político de este “nuevo centro” y una nueva constitución tendrá también consecuencias legislativas que impactaran directamente a las empresas. Pero ¿a cuales y de qué manera? Según el ministerio de economía, las “MIPYMES” (empresas micro, pequeñas y medianas) corresponden a un 96,9% de las empresas del país (52,5% es PYME y el 44,4 % es micro). Las grandes empresas, por su parte, son solo 3,1% de las empresas pero sin embargo acumulan un 75.9% de los ingresos. Las MIPYMES aportan más en la cantidad del empleo, creando dos de cada tres en el país. Es más, en tiempos de crisis, se vuelven “el motor” de la economía: su diversidad les da resiliencia. En el 2015-2016, por ejemplo, mientras las grandes empresas reducían su fuerza laboral, las MIPYMES fueron las únicas creadores de empleo.

Políticos y empresarios hablan de generación de empleo, innovación y emprendimiento, pero los incentivos siempre se inclinan a un pequeño grupo de empresas “grandes”. Andrés Meirovich, presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital, advierte que “es imposible que Chile se desarrolle cuando su pyme, que es un 90% o 95% de las empresas, pesa un 15% del PIB” […] “El camino es innovar, en productos y servicios, y eso tiene que ir de la mano con normas que ayuden. Cosas locas que pasan en Chile, hoy día, si tú inviertes en la Bolsa, tú pagas 0% sobre la ganancia, pero si inviertes en pymes, pagas 35% de impuestos. Entonces, ¿dónde están los incentivos como país?”.

“Lo que recomienda el documento estratégico de la OCDE es impulsar mayor innovación y productividad en la economía, junto con considerar que no es adecuado solo apuntar a crecimiento, si no se considera también, de forma medible: (i) la sostenibilidad ambiental (ii) el bienestar de las personas (iii) la caída de la desigualdad, entre ingresos y patrimonio de los grupos más y menos acomodados de la sociedad, y (iv) una mayor resiliencia, entendida como la capacidad de la economía para resistir los shocks financieros, ambientales u otros,” Jeannette von Wolfersdorff en su columna en CIPER. que informa que la OCDE tiene bastante clara la estrategia. La economista cita ejemplos concretos como Israel y Alemania. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas proveen 2 de cada 3 empleos del país. Foto: Agencia Uno

Economía y Constitución

La constitución, puede entonces, incluir prioridades y objetivos. En el caso de Suiza, por ejemplo, los valores y argumentos sobre su sistema previsional de tres pilares se ven reflejadas en las primeras palabras del texto (Version Vigente - 2019).

“El pueblo suizo y los cantones […] resolvió renovar su alianza para fortalecer la libertad, la democracia, la independencia y la paz en un espíritu de solidaridad y apertura hacia el mundo, decididos a vivir juntos con consideración y respeto mutuos por su diversidad, conscientes de sus logros comunes y su responsabilidad hacia las generaciones futuras, y sabiendo que solo los que usan su libertad permanecen libres, y que la fuerza de un pueblo se mide por el bienestar de sus miembros más débiles, adoptamos la siguiente Constitución…”La renovación de la constitución suiza, incluye responsabilidad intergeneracional y hacia toda la sociedad, incluidos los “más débiles”.

Desde esta perspectiva, una constitución no crea el sistema el previsional, pero el sistema sí debe reflejar las prioridades y valores y traducirlas en políticas públicas reales, que realmente llegan a las personas. Esto subraya el hecho de que detrás de la nueva constitución tiene que venir la co-creación de un sistema que legisla y regula su implementación.

Una constitución también puede tratar temas económicos de manera directa. Durante el último proceso de cambio constitucional (2009-2013) en Islandia, impulsado por la crisis económica del 2008, la ciudadanía islandesa propuso reformas constitucionales que revisaban directamente el tema de la propiedad de los recursos naturales. A pesar de una ratificación por plebiscito, un cambio de gobierno neutralizó la reforma, ya que el proceso no era vinculante.

“Los recursos de propiedad nacional incluyen recursos como las poblaciones de peces aprovechables, otros recursos del mar y los fondos marinos dentro de la jurisdicción islandesa y las fuentes de derechos de agua y derechos de desarrollo de energía, energía geotérmica y derechos mineros […] La utilización de los recursos se guiará por el desarrollo sostenible y el interés público. Las autoridades gubernamentales, junto con quienes utilizan los recursos, son responsables de su protección. Sobre la base de la ley, las autoridades gubernamentales pueden otorgar permisos para el uso o utilización de recursos u otros bienes públicos limitados contra plena consideración y por un período de tiempo razonable. Dichos permisos se otorgarán de manera no discriminatoria y nunca implicarán la propiedad o el control irrevocable de los recursos ”. Propuesta del Comité Constitucional en Islandia. En ese comité participó el destacado economista Thorvaldur Gylfason.

Una advertencia razonable frente a intentos por imponer un techo ideológico

A veces lo que se escribe para beneficiar a alguien, en realidad beneficia a otros. Un famoso caso se refiere a las garantías de igual protección y debido proceso en la 14ª Enmienda en Estados Unidos. Promulgada después de la Guerra Civil, su objetivo era garantizar la igualdad de derechos para los esclavos liberados. Sin embargo, durante los 44 años posteriores a su aprobación, la Corte Suprema escuchó 28 casos en que involucraban afroamericanos y 312 que involucraban a corporaciones. Las corporaciones usaron esta enmienda para defender legalmente su acumulación de poder y riqueza por los siguientes 200 años.

Una de las críticas a la constitución actual son sus limites ideológicos, sobre todo en el marco de la economía, frente a un mundo que evoluciona, cambiando también nuestra concepción de la economía. Hoy, por ejemplo, el término “empresas” se refiere no solo a empresas con fines de lucro privadas, sino que también cooperativas de productores y consumidores, sin ánimo de lucro, empresas verdes, empresas “B”, empresas del Estado, empresas socialmente responsables, etc., con distintas normas y condiciones. Actualmente, la constitución ha sido clave para proteger las grandes empresas y dificulta o incluso discrimina programas e incentivos a otras modalidades que responden mejor a necesidades socio-ambientales.

Bajo el principio de subsidiariedad de la actual Constitución, el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las pensiones, y los deja en manos de privados, para intervenir solo si fuera necesario. Foto: Elena Bulet.

“La Constitución chilena no es ajena a la economía; no es neutra. Y aunque no aparece constitucionalizada explícitamente, es la economía de mercado el sistema en el que se funda el modelo económico chileno, con una radical propuesta a favor del individualismo económico. Con todo, es razonable postular, desde la perspectiva de una democracia social, que la Constitución Económica debe ser una figura con un techo ideológico abierto, fundada en acuerdos que pueden basar sus pretensiones en diferentes cosmovisiones, respetando las distintas tradiciones del constitucionalismo occidental.” Bassa y Viera (2014). La constitución actual es más limitante que liberadora.

Sustento y transformación

La constitución es un pacto político que marca una línea vertebral de como construimos país. En términos económicos, es esencial que este eje tenga legitimidad social para dar estabilidad y metas comunes a largo plazo. Más aún en tiempos de crisis múltiples como los actuales. Les empresaries también tienen que estar atentes a los cambios y oportunidades. ¿Podrán dirigir sus inversiones donde verdaderamente son valoradas — y valorizadas — por la gente?

En las próximas décadas nos jugamos temas tan importantes como la devastación del planeta. Para hacer esta transformación se necesitara un rol importante de la inversión y una descentralización del capital. La resiliencia económica dada por una diversidad de actores con metas propias e integrales, serán un sustento para la ciudadanía y el gobierno que la represente.

Camilo Lanfranco. Economista & sociólogo, MA medios, interculturalidad y nuevas tecnologías Colaborador, Laboratorio de Cambio Social.

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