Este miércoles el Senado retoma la discusión del proyecto de Ley de Migración y Extranjería, aunque el debate hace semanas que se ha instalado en la opinión pública. Uno de los últimos en opinar sobre la materia ha sido el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien figura como candidato presidenciable de Chile Vamos: "No deberíamos aceptar más migrantes", señaló el domingo en CHV-CNN. Su opinión se suma a la larga lista de voces que en el último tiempo ha alimentado la tensión entre distintos sectores.

La polémica se abrió, básicamente, por dos indicaciones, ambas presentadas por los senadores Juan Ignacio Latorre (RD) e Isabel Allende (PS), que se refieren a la llamada "visa de turismo laboral" y por la regulación de la transitoriedad. Los detractores de las enmiendas, entre los que se encuentran algunos parlamentarios de oposición, han alertado que, de aprobarse estos puntos, se modificaría el espíritu inicial del proyecto, enmarcado en la lógica de "ordenar la casa" que anunció Piñera al poco tiempo de llegar a La Moneda. Además, advierten de un supuesto "efecto llamada" que, dicen, provocaría una llegada masiva de migrantes parecida a la que se registró entre 2016 y 2017 procedente de Haití. Con este argumento, las críticas a la gestión migratoria del gobierno de Michelle Bachelet se han repetido últimamente.

Para abordar, precisamente, este asunto y los posibles efectos del proyecto de ley que hoy se discute y sus indicaciones, El Desconcierto ha conversado con el ex director del Departamento de Extranjería y Migraciones, Rodrigo Sandoval. Desde Madrid, el abogado DC responde a los reproches que se han lanzado a su gestión, tanto desde el oficialismo como desde su propio sector. Entre evaluaciones y balances, Sandoval recuerda que el proyecto que está a punto de votarse –previsiblemente, la próxima semana– "fue cuestionado por todos los expertos que sabían del tema". Y advierte: "No encontré a nadie que lo defendiera, ni siquiera los que habían participado en su redacción".

[caption id="attachment_281724" align="alignnone" width="1024"] Imagen Referencial / Agencia Uno[/caption]

-¿Qué opina sobre la discusión acerca de las dos polémicas indicaciones que han concentrado el debate del proyecto de ley de Migraciones en el Senado?

-El gobierno ha sido muy talentoso haciendo que el debate se restrinja a aspectos episódicos del texto sin que se discuta el modelo de ley migratoria que se plantea. En términos de modelo migratorio, es decir, en la forma de concebir la residencia del extranjero en el territorio nacional, no existe una modificación conceptual entre el proyecto de ley y el decreto ley 1.094 vigente: la nueva ley mantiene un enfoque basado en la seguridad y el control, solo que detalla de forma más eficiente que el decreto cómo el Estado chileno va a controlar a quienes ingresen a su territorio. Es una Ley de Extranjería 2.0. que no resuelve aspectos fundamentales, fue cuestionada por todos los expertos que sabían del tema. No encontré a nadie que lo defendiera, ni siquiera los que habían participado en su redacción. Por lo mismo, las indicaciones buscan resolver –en mi opinión, no tan correctamente– los déficits del proyecto de ley. En lugar de tratar los aspectos del proyecto que presentan problemas, la discusión se concentró en dos indicaciones que vienen a resolver las falencias del modelo que se propone.

-¿Por qué hace esa valoración de las indicaciones?

-El proyecto de ley plantea que el subsecretario de Interior resuelva la irregularidad caso a caso, pero esa facultad ya existe en el decreto ley vigente y, si esa es la solución, la irregularidad migratoria existente demuestra que es pésima. Las personas se ven obligadas a entrar como turistas porque, en su formato actual, la ley no considera un formato para búsqueda de trabajo viable. Plantea la idea de la visa consular, pero –en la práctica– no han demostrado cómo esto va a funcionar sin suponer una barrera de entrada y no cuenta con un mecanismo de regularización ex post. ¿Por qué no generar un instrumento que se haga cargo de las distintas realidades de la movilidad del país y vaya acomodándola? El gobierno se resistió a eso y la indicación de los senadores viene a llenar la posibilidad de que se pueda buscar trabajo dentro del país y que cuando se entre no se caiga en la irregularidad. La otra indicación, sobre la regularización transitoria, también tiene que ver con eso. Uno debe asumir que todo proceso que regula un ámbito de la vida jurídica es deseable que parta de cero y la gran mayoría de legislaciones regulatorias consideran, en sus normas transitorias, alguna forma de regularizar las situaciones especiales o irregulares hasta el momento que esto entra en vigencia. En el fondo, es como lo que ocurrió con el 10%. ¿Es razonable que los trabajadores destinen un 10% de sus ahorros para darse la cobertura social que el Estado debería entregarles? Es una pésima idea. La pregunta es por qué llegamos a eso y es por qué el gobierno no fue capaz de mover el Estado en términos de esa función.

-En los últimos días representantes del oficialismo han criticado la gestión del gobierno de Bachelet, especialmente entre 2016 y 2017. Han señalado que, de aprobarse estas indicaciones, se repetiría una llegada masiva de migrantes, como dicen que ocurrió entonces, pero ahora en un contexto más complejo por la etapa de postpandemia.

-La derecha siempre ha mostrado una incapacidad para comprender los procesos sociales con perspectiva de largo plazo y eso hace que los enfrenten con una perspectiva cortoplacista. Entiendo que un determinado sector vea que las cifras aumentaron en un determinado momento, pero ningún proceso social se desencadena de un momento a otro. Es infantil e ingenuo pensar que un día los haitianos se pusieron de acuerdo en venir todos a Chile. [...] La evolución que ha tenido el crecimiento de la migración haitiana ha sido constante y ya al final del primer período del presidente Piñera se registraron aceleraciones de ese crecimiento. ¿Qué hizo el gobierno de Piñera entonces para cortar ese flujo migratorio? Hoy es fácil hablar ex post, pero la migración es una cuestión de Estado y, si la seguimos viendo con esa lógica temporal de los cuatro años que pueden durar los períodos de gobierno-oposición, nunca vamos a tener respuestas. Las embarradas que nos mandamos como gobierno terminamos excusándolas como oposición en formato de emplazamiento. Tenemos una dinámica revanchista en la que la gestión migratoria se basa en deshacer lo que hizo el gobierno anterior.

-¿Qué opina de la respuesta de los parlamentarios de oposición en este debate?

-Respeto las opiniones de cada uno, pero me hubiese gustado escucharlas cuando nosotros estábamos en el gobierno. Vi mucha más proactividad [en materia migratoria] en la oposición de esa época que en el gobierno. Por ejemplo, Paulina Núñez siempre estuvo interesada en avanzar legislativamente en el tema, con posiciones distintas a las que yo sostenía, pero quería avanzar; también otros [parlamentarios] de regiones en las cuales el fenómeno migratorio adquirió una dimensión imposible de desatender. Sin embargo, nosotros, como bloque político, no tuvimos esa discusión, nunca nos pusimos de acuerdo. Se cuestiona la gestión migratoria del gobierno de Bachelet por oportunidad política más que por un real conocimiento de eso. En el gobierno anterior fue cuando se produjeron los avances más significativos en la cuestión migratoria, pero hubo limitaciones que tuvieron que ver con una ausencia de debate interno del bloque político respecto al tema y la ausencia de definiciones legislativas respecto a la gestión de la migración. Yo hoy planteo el desafío de que conversemos en cinco años más sobre si las respuestas que hoy pasan por el Congreso van a reducir los problemas de vulneración de derechos y regularidad migratoria que tiene la movilidad en Chile. La migración no será más ordenada, segura y regular con ese proyecto porque las cuestiones que definen esos factores no están siendo abordados por la ley.

"En el gobierno no estábamos de acuerdo en cómo resolver la cuestión migratoria"

-¿Qué autocrítica hace de su gestión?

-La principal cuenta pendiente de nuestro gobierno es no haber sido capaces de desarrollar una respuesta de largo plazo con la migración. La razón de eso es que no estábamos de acuerdo en cómo se debía resolver legislativamente la cuestión migratoria. Faltó un relato común sobre qué hacer con la migración, qué era para nosotros y cómo se traducía en respuestas de largo plazo. Como no existía ese consenso, cada uno hizo lo que podía con las herramientas que tenía. A mí, desde Extranjería, me tocó gestionar el decreto 1.094 que entrega una amplia discrecionalidad a la autoridad para poder trabajar con los permisos de residencia de quien ya está dentro del país, lo que siempre se mostraba como un defecto. Nosotros dimos un giro para ocupar ese decreto en forma virtuosa. Tomé dos decisiones: generar instrumentos de regularización administrativa de quienes estaban dentro de Chile y asumir la vocería en la materia porque alguien, desde el gobierno, tenía que explicar el proceso de abordar la migración como realidad gestionable.

-¿Qué se logró?

-Mi trabajo consistía en generar la mayor cantidad de regularizaciones de las personas que estaban en el país. En eso, mejoramos mucho la capacidad de regularizar y los tiempos de respuesta. Creo que hicimos un gran trabajo. Avanzamos a través de un proceso participativo de las organizaciones sociales hacia una nueva ley de migraciones que se tradujo en el proyecto de 2015. Trabajamos una serie de políticas administrativas para hacernos cargo, mientrastanto, de la urgencia y de los pisos mínimos que la ley tenía que respetar. Por ejemplo, el reconocimiento como chilenos de los hijos de personas en situación irregular nacidos en el país; creamos el Consejo de Política Migratoria, formado por los ministros, el Consejo Técnico de Política Migratoria, por los técnicos, y un Consejo Consultivo con las organizaciones y la sociedad civil; se puso en marcha un programa de regularización en las escuelas; creamos la visa de unión civil y la visa por motivos laborales para evitar perder la regularidad si uno no perdía su trabajo. Cambiamos el reglamento para acabar con la retención de los documentos de identidad de las personas que eran infractoras y garantizamos la cobertura de salud universal a la población migrante, entre otras cosas.

-Desde Extranjería estiman la llegada de entre 500.000 y 1 millón de extranjeros a Chile tras la pandemia. ¿Avala estos cálculos?

-El gobierno tiene un talento para detectar más allá de lo evidente: siempre cuantifica realidades que no se sabe de donde salen. Con el proceso de regularización extraordinaria de 2018 hablaron de 300.000 extranjeros en situación irregular. El dato se cuestionó, pero el gobierno nunca demostró cómo había llegado a esta cifra. En el proceso no participaron más de 150.000 personas, considerando también los turistas en situación regular y otras categorías. Si instamos al gobierno a hacerse cargo de esos números, tiene que reconocer o que la cifra no era cierta o que su plan de regularización fue un fracaso porque no llegó a superar el 50% de las personas en situación irregular, incluso considerando que la cantidad estaba aumentada por otras categorías. Parten de una soberbia que tenemos como chilenos que pensamos que el único lugar para llegar es Chile, pero Chile no tendrá una recuperación más rápida que otros países de la región. En la derecha son muy audaces para imponer sus políticas y descalificar las alternativas; y bastante tímidos para hacerse cargo de las consecuencias de estas políticas cuando dan resultados. La hora de la verdad va a llegar cuando esta ley que ellos promovieron y apuraron dé sus resultados y veamos que la migración no se hizo ordenada, segura ni regular. Me gustaría –y me voy a encargar de hacerlo– que los que hoy prometen una gestión migratoria impecable se hagan cargo de las consecuencias de lo que eso va a significar.