La pandemia no ha dado tregua y ya son miles de hogares que resienten sus efectos. La parte más difícil se la han llevado los trabajadores informales o aquellos suspendidos por las empresas, acogiéndose a la Ley de Protección al Empleo, posiblemente sin recontratación, hasta que finalice la crisis. El ‘salvataje’ del gobierno ha sido entregar una ayuda económica para las familias vulnerables que se han visto seriamente afectadas por la emergencia: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Este beneficio ha pasado por dos fases: el IFE 1.0, aprobado en mayo pasado, que entregaría $65.000 por cada integrante de los hogares pertenecientes al 60% más vulnerable, cuya fuente de ingresos fuera mayoritariamente informal. Mientras que el IFE 2.0 es el proyecto de ley que actualmente se está tramitando, aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, que permitirá incrementar la cobertura al 80% más vulnerable elevando el monto inicial a $100.000 por cada integrante del hogar.

Para “focalizar”, o llegar a un grupo más específico de beneficiarios, se creó un nuevo criterio de selección: el Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE). Este fue considerado en la ley inicial del proyecto del IFE basado en el Registro Social de Hogares (RSH) y el gobierno lo ha planteado como un mecanismo más certero para medir la realidad actual de las familias en la pandemia.

Pero, pese al acuerdo hasta ahora entre el gobierno y la oposición, el beneficio sigue generando cuestionamientos. Entre ellos, su limitada cobertura ante la aguda crisis y los numerosos reclamos que se han registrado durante los últimos días de personas que aseguran haber sido excluidos del IFE 1.0 por cambios arbitrarios en los tramos de vulnerabilidad, aunque sus condiciones socioeconómicas no han variado, incluso, han empeorarado. Falta de pertinencia, de oportunidad y un proceso burocrático, son algunos de los apelativos que se ha ido ganando esta medida de emergencia entre algunos expertos que analizan su tramitación y primera etapa de entrega.

Déficit de cobertura

El IFE llegará, en concreto, al 80% de los hogares más pobres inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) que reporten ingresos inferiores a $400.000 familiares. Es decir, a 2,1 millones de hogares equivalentes al 34% del total de los que existen en el país.

La Fundación Sol ha puesto especial énfasis en la baja cobertura en que se traducirá el beneficio. Para eso plantean varios escenarios posibles: qué ocurrirá en el caso de un hogar compuesto por un integrante, cesante por la pandemia, que recibe el bono de $100.000, quedaría bajo la línea de la pobreza de $170.688. Otro caso: un hogar compuesto por dos integrantes sumaría $200.000 y nuevamente quedaría bajo la línea de la pobreza para ese rango que se calcula en $277.284. Finalmente, proyectan que, en un hogar de cuatro integrantes, el número promedio en el país, serían $400.000 y para este rango la línea de la pobreza alcanza los $450.449. En ningún caso se alcanzan los estándares mínimos.

Marco Kremerman, economista de la Fundación, plantea de entrada que hay una “hiperfocalización” en la entrega del beneficio, es decir, que llega a una proporción muy limitada de personas que realmente lo necesitarían, cuando la crisis afecta de manera masiva a gran parte de las familias. Las razones de esta cobertura limitada la vincula al presupuesto destinado para el proyecto: “Si consideramos la primera estimación del gobierno, con el aporte que ya se hizo y los que se deben entregar ahora, hablamos de 1.400 millones de dólares. El proyecto contempla que se puede extender el IFE por dos meses más, en septiembre y octubre, entonces, como máximo el gasto llegaría a 2.226 millones de dólares. Esto es menos del 1% del PIB”, precisa.

En términos generales, el gobierno anunció que destinaría un fondo de 12 mil millones de dólares para medidas Covid, pero de eso, se observa que menos del 20% de ese fondo se entregaría a los hogares mediante aporte directo. En comparación a otros países, Kremerman dice que en otros países se han podido observar los planes generales. Por ejemplo, Alemania está entregando un paquete de un 33% del PIB para enfrentar distintas medidas de la crisis, Japón 21%, Francia 14%, Reino Unido 14,5% y Estados Unidos 12,1%, de acuerdo a cifras publicadas por el Diario Financiero. En el caso de Chile, es de un 10% del PIB. “Me parece que también es engañosa esa cifra porque aparecen postergaciones de impuestos que después igual se van a recuperar. Empresas que no van a pagar el PPM, el Impuesto a la renta lo van a diferir, pero igual lo van a pagar posteriormente”, advierte.

Sobre los indicadores para evaluar qué tan suficiente es esta medida, explica que uno de los más básicos es la Línea de la Pobreza, pero aquí se está aplicando un “criterio de subsuelo”: una política que tiene como techo lo mínimo de lo mínimo. “No se están considerando los gastos que recurrentemente los hogares realizaban para sus necesidades básicas u otros gastos. Es más, se dijo que se fijaron estos montos dado que no hay gastos que se están realizando en estos momentos, como el de locomoción, vestuario y ocio”, problematiza el economista. En el fondo, se está apostando a que los hogares deban estar con lo mínimo posible.

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Desde el punto de vista de las políticas sociales, el ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, asegura que poner una nueva restricción en el IFE 2.0 de un ingreso total familiar de $400.000 debilita aun más la protección de los hogares y nada hace pensar, analiza, que en esta segunda etapa pudiese revertir la ‘caída libre’ en el deterioro de la calidad de vida de las familias chilenas. "Hay una exclusión importante de sectores medios que también han perdido salarios, a lo que se suma la discreta inversión pública", señala. Plantea, además, que "el gobierno está actuando con un dogma neoliberal, tal como actuó la dictadura en la crisis del 82, enfatizando en el salvataje de grandes empresas y actuando con mezquindad desde el punto de vista de las transferencias monetarias para las familias”.

Como efectos de esta “hiperfocalización”, Barraza ve como efectos el tránsito hacia la agudización de la pobreza, de la exclusión y, en conclusión, del hambre, tomando las proyecciones estimadas de la Cepal: “Para Chile en el escenario más inmediato, la pobreza podría aumentar un 14%, en un escenario medio un 15,4% y, en el más pesimista, el 16,3%”, agrega.

Alerta por exclusión

Durante estos días se han conocido una serie de reclamos de los beneficiarios por cambios en los tramos de porcentajes de vulnerabilidad que ha evidenciado el desorden de la implementación de este nuevo indicador en medio de la emergencia.

En los municipios y a través de redes sociales muchas personas han expuesto que, pese a encontrarse dentro del 40% de mayor vulnerabilidad y no poseer ingresos formales, o en caso de tenerlos que estos no sean suficientes para enfrentar la cuarentena, han sido cambiados en los tramos y sus ingresos registrados son superiores a los del RSH.

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Son numerosos los testimonios que demuestran la confusión que ha generado el proceso en cuanto al manejo de datos con importantes consecuencias en su calidad de vida durante estos meses. Casos como el anterior también fueron recogidos por Interferencia en su artículo"Desarrollo Social eleva artificialmente ingresos de familias pobres dejándolas sin Ingreso de Emergencia".

A nivel territorial esto también ha generado revuelo, más aun en las comunas de mayor vulnerabilidad. Mercedes López, encargada de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la municipalidad de San Ramón, lleva semanas atendiendo a personas que van a actualizar sus registros, pero otras que han quedado fuera del beneficio. Por ahora, les ha estado revisando los papeles para evaluar si cumple con los requisitos del tramo de mayor vulnerabilidad y, de ser así, les recomienda que realicen una solicitud de apelación en las oficinas de Chile Atiende. "Los orientamos en los papeles y como esta comuna es altamente vulnerable, les decimos que apele, que insista, que postulen nuevamente porque es gente que reúne los requisitos", explica.

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, recibió reclamos en las comunas que representa: San Miguel, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, El Bosque y San Ramón. "Es una situación demasiado grave que afecta a miles de familias en nuestro país y es por lo que necesitamos que estos problemas se solucionen de manera inmediata y se otorguen este beneficio a las personas que según su Registro Social de Hogares deberían haberlo recibido en primera instancia y sin necesidad de generar apelación", sostuvo.

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Ella junto a otros parlamentarios oficiaron a la subsecretaria de Evaluación Social, a cargo de Alejandra Candia, para que informen sobre el mecanismo que han utilizado para obtener los resultados del IFE, también para la comparación de datos y, finalmente, las razones de los posibles errores que se han detectado en el proceso. De ser necesario, solicitaron iniciar una investigación sumaria para establecer el motivo de eventuales irregularidades.

A inicios de esta semana se le consultó sobre el tema al ministro de la cartera, Cristián Monckeberg, en medio de la sesión en el Congreso. Sin embargo, fue Candia quien respondió, a modo muy general, que se trataría de información que se incorporaba al “proceso administrativo”. El Desconcierto consultó nuevamente para despejar dudas y desde la misma repartición aseguraron que "no había cambio de criterios", sino que respondía a la nueva focalización del Indicador Socioeconómico de Emergencia. Es decir, según lo que respondieron, la exclusión se debe a que el Registro Social de Hogares mide la vulnerabilidad de los hogares en el mediano y largo plazo y no se considera un reflejo necesariamente lo que los hogares viven en la actualidad.

Otras hipótesis apuntan a que se trataría de desórdenes por información que les llega al sistema, como pagos de boletas a honorarios o pagos de seguros de cesantía, que los recalifica y los excluye de recibir del beneficio, lo que podría ser rectificado en este IFE 2.0.

En líneas generales, Kremerman plantea que esto termina por sacrificar la pertinencia del aporte: que se demore más, que no llega a los lugares que realmente lo necesitan, que es un sector amplio, solo por mantener la focalización y la neoliberalización de las políticas sociales. “Se entiende metodológicamente que se quiera volver a medir las nuevas condiciones en la pandemia, pero el tema es la pertinencia, que debe ser entregado ahora y no verse entrampado en la burocracia clásica, tiene que ser ágil”, explica el economista.

Tanto Barraza como Kremerman coinciden en que la manera más ágil para beneficiar a los hogares, mientras se extienda la emergencia sería a través de Rentas Básicas Universales, que al menos llegue al 80% de los hogares con un monto que no esté bajo la línea de la pobreza. Aunque esto podría beneficiar a personas que no calificarían en los índices de vulnerabilidad establecidos, según advierten, sí ampliaría la capacidad del beneficio sin reducir al extremo como se observa con este mecanismo.