El propio senador Ossandón (RN), precursor del proyecto junto al senador Girardi (PPD), desde sus inicios en 2015, expresó su molestia públicamente, dejando entrever que este freno impuesto desde el Gobierno se debía al lobby que están haciendo los supermercados.

Debido a esta jugada de último momento del Ejecutivo, el proyecto no se votó y volvió a Comisión de Salud para una nueva revisión. La senadora Ebensperger (UDI), ausente de las discusiones llevadas en comisión durante los últimos años, se limitó a repetir textualmente las mismas indicaciones que dejó escritas el gobierno en la minuta enviada al Senado esta semana, aludiendo razones que no concuerdan con el fondo de lo que busca el proyecto ni con la realidad país.

Decir que “No consideramos recomendable fomentar que se pretenda alimentar a sectores vulnerables con alimentos de segunda categoría” o que se trata de “alimentos que el comercio desecha y que no son aptos para el consumo” es tendencioso y mal intencionado de parte del Gobierno. El proyecto de ley es enfático al decir que se prohibirá la destrucción de alimentos aún aptos para el consumo humano, que poseen exactamente el mismo valor nutricional, la misma inocuidad y calidad que cualquier otro que tenga valor comercial para el establecimiento. Hoy en día los supermercados tienen normas arbitrarias de retiro de productos, algunos casos cuando están en la mitad de su vida útil, que podrían ser semanas o meses incluso de holgura disponible en que el alimento seguirá teniendo los mismos estándares de calidad.

Para poner en perspectiva, hoy en el mundo un tercio de los alimentos producidos se pierden y no son aprovechados. Según datos entregados por el propio Ministerio de Agricultura en 2019, en Chile estamos botando a la basura 3,7 millones de toneladas de alimentos al año, comida que en su mayoría está en excelente estado y que puede ser perfectamente aprovechada, pero que termina actualmente en vertederos.

Volviendo a citar comentarios del Ejecutivo: “No tenemos déficit alimentario como para legislar hacia la repartición de las sobras”. Según estudios de ODEPA, en 2018 un 2,7% de la población en el país sufría hambre.

Cuando el Gobierno dice que el proyecto “Contiene la figura del decomiso y rasgos característicos de la expropiación” pareciera que no entendieran la problemática actual, ya que se trata de alimentos que HOY terminan en la basura dado que el propio establecimiento, según criterios propios, le quita el valor comercial dándole el tratamiento de merma. Por esto, nadie estaría expropiando productos con valor comercial ni pasando a llevar la propiedad privada.

Estamos frente a un problema ético, moral y también medioambiental. Al desperdiciar alimentos, no son sólo estos los que terminan en la basura, sino también todos los recursos invertidos en su producción. Hablamos de tierras cultivables, energía, trabajo de personas y, sobre todo, de agua usada en vano, un recurso que hoy en día en Chile está en profunda crisis y con serios problemas de abastecimiento para los próximos meses en varias regiones del país. En Latinoamérica se pierde el 55% de frutas y verduras, es decir, estamos desperdiciando más de la mitad de los recursos hídricos agrícolas disponibles para producir alimentos que terminan derrochándose.

En términos de impacto ambiental, según los últimos estudios de la FAO, el desperdicio de alimentos contribuye en un 10 por ciento al calentamiento global, debido a las emisiones equivalentes causadas por todos los residuos orgánicos asociados a este despilfarro. Un gobierno que se comprometió el año pasado con la causa medioambiental, no puede hacer oídos sordos al daño a nuestro medio ambiente ocasionado por esta problemática.

Es una vergüenza que en conocimiento de todo lo anterior, prime el interés del empresariado antes que la seguridad alimentaria de un país que no se puede dar el lujo de seguir destruyendo tal cantidad de comida en buen estado para el consumo y con alto nivel nutricional, cuando cerca de 500.000 personas sufren hambre a diario en el país. Y no sólo nos referimos a hambre causada por la baja ingesta de calorías si no que hambre de nutrientes de calidad. Hoy Chile es el país OCDE con mayor índice de obesidad, superando a México y EEUU.

La ecuación no resiste análisis.

Este proyecto nace como espejo de iniciativas similares como la francesa, que fue aprobada en 2016 y tuvo excelentes resultados. En Chile, el proyecto lleva cinco años en trámite. Fue revisado y aprobado en Comisión de Salud del Senado por las distintas bancadas, y en la discusión han participado distintos actores y representantes de variados organismos públicos y no gubernamentales, como el Colegio Médico, del Ministerio de Salud, FAO Chile (expertos en el tema), CORFO, la asociación de Supermercados, entre otros.

Sin duda que aprobar esta ley conllevará cambios importantes de paradigmas y la implementación de mecanismos y reglamentos específicos que regulen la entrega de los alimentos desde los establecimientos donde se generen los excedentes en buen estado hasta llegar al receptor final. Asimismo, se deberá fomentar en Chile la creación de más entidades que hagan el trabajo de captar, almacenar y distribuir la comida. Hoy en día tenemos un par de organizaciones establecidas como bancos de alimentos que hacen un tremendo trabajo en el país. Países como Argentina, tienen más de diez. La tarea no es menor y el desafío para los próximos años es grande.

Tendremos que esperar 15 días más, en principio, para que se vuelva a revisar el proyecto en comisión y pueda volver a estar en agenda para votación, como lo había logrado estar esta semana por primera vez. Esperamos que en una nueva ocasión no existan frenos desde un Ejecutivo que, por ahora, se afana en entregar medidas parche a la población, en vez de pensar en soluciones para enfrentar este problema a mediano y largo plazo.

[caption id="attachment_373780" align="alignnone" width="1024"] Foto: Darío Contreras / tomates alimentos[/caption]