Después de 6 largos años los esforzados parlamentarios decidieron entregarle la responsabilidad de “estudiar” la reducción de sus abultados ingresos monetarios al llamado y agrandado Consejo de Alta Dirección Pública, conformado por 5 personas, designados por el presidente de la República con el acuerdo de los senadores.

Como vemos, estos funcionarios que dependen del Ministerio de Hacienda, han llegado a sus cargos por componendas políticas y han tenido el descaro que decir con impostada seriedad que, disminuir los sueldos a los funcionarios públicos, producirá una enorme fuga de “talentos” y que, en tal sentido, los beneficiados directos con esa posible decisión será el sector privado. De partida hay que dejar en claro que esos consejeros, elegidos por las cúpulas de los partidos políticos, lo que están haciendo con sus declaraciones es preservar sus altas remuneraciones.

Demostrativo de estos vulgares arreglines de los que mandan, lo hemos constatado con lo que han dicho el 5 de mayo pasado los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, en orden a rechazar lo que resolvió la Comisión de Vivienda del Senado, instancia que obedeciendo la presión del gobierno y de los sectores mercantiles interesados, ha aprobado en general el proyecto de ley con título engañador de “Integración Social y Urbana”. Este columnista sostiene que si bien es cierto muchos senadores y diputados son afines al sector inmobiliario, otros tantos aprueban estos inmorales proyectos de ley porque no saben lo que hacen. En esta ocasión no nos referiremos a lo que se dice esa pretendida legislación pues en el pasado ya lo hemos denunciado con pruebas irrefutables.

Pero lo que ya es el colmo de la impudicia, es la inacción cómplice de los ministerios y servicios públicos asociados, que se han negado sistemáticamente a fiscalizar las materiales territoriales y ambientales, a la luz de las iniciativas comerciales que están desarrollando algunos grupos económicos en las comunas de Vitacura, Lo Barnechea y Colina en las áreas de preservación ecológica protegidas y reguladas desde noviembre del año 1994 en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Ni los humedales se han salvado de las acciones voraces de aquellos privados, coludidos con autoridades municipales, que los eliminan para rellenarlos y posteriormente levantar allí lucrativos negocios inmobiliarios.

Respecto de lo que ordena el instrumento normativo PRMS, para el Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano, lo que es desobedecido reiteradamente por los mandan en el aparato del Estado, tanto de derecha, como de centro y de izquierda, asunto que se relaciona directamente con el artículo 55º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), sumariamente reproducimos lo siguiente :

Su capítulo 8.3 se refiere a 1.- las Áreas de valor natural, 2.- las Áreas de interés silvoagropecuario y 3.- las Áreas restringidas por cordones montañosos. A su vez, las Áreas de valor natural se clasifican en a) Áreas de Preservación Ecológica, b) Áreas de Protección Ecológica con Desarrollo Controlado, c) Áreas de Rehabilitación Ecológica, d) Áreas de Protección Prioritaria y e) Áreas de Humedales, teniéndose presente que las pocas actividades permitidas que se ejecutan en las Áreas de Preservación Ecológica, por lo tanto aquellas que no impactan negativamente en la naturaleza, se pueden ejecutar previa autorización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Obviamente allí están prohibidas las subdivisiones prediales.

Pero, ¡era qué no!, los que ejercen cargos en el Minvu aprueban negocios inmobiliarios en las Áreas de Preservación Ecológica a especuladores que los visitan y cuando la Contraloría General de la República objeta esas decisiones arbitrarias, ordenándoles que invaliden esos actos truchos, los funcionarios de ese ministerio  se hacen los lesos, contradiciendo al órgano fiscalizador con la estupidez de que esos privados habían actuado “de buena fe” y que, por ello, las aprobaciones se deben entender como “derechos adquiridos”, negando entonces la jurisprudencia de la Corte Suprema que, apegada al derecho, sostiene que en el ámbito administrativo los derechos solo se obtienen si los permisos cumplen con todas las leyes aplicables.

El Ministerio de Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) no son tan desvergonzados como el Minvu, pero igualmente no se atreven a ejercer con convencimiento sus roles respecto a las millonarias e ilegales iniciativas mercantiles de los proyectos privados Chaguay en Lo Barnechea, Mirador Pie Andino, La Cumbre y Guay Guay en Colina y el del empresario Nasur en la parte alta del cerro Lo Curro en Vitacura, todos los cuales ya han ocasionado irreparables daños ambientales.