En pleno contexto de pandemia, el pasado 20 de Abril, la Comisión Evaluadora de la región de Valparaíso -encargada de la calificación de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)- aprobó por unanimidad la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”, de la Compañía Minera Vizcachitas Holding, filial de la canadiense Los Andes Copper. Este proyecto contempla la realización de 350 sondajes para estimar la cantidad y calidad de reservas minerales existentes en la cordillera de Putaendo, en miras a generar una mina a rajo abierto.

La aprobación de este proyecto ha sido polémica por dos razones. En primer lugar, por las condiciones procedimentales en que se desarrolló la aprobación. En segundo lugar, por el historial de la empresa en el territorio y la fuerte oposición ciudadana a nivel local, que ha provocado su visibilidad a nivel nacional en las últimas semanas.

En relación a las condiciones procedimentales, cabe señalar que la sesión de la Comisión Evaluadora fue convocada con menos de un día hábil de anticipación, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazara en segunda instancia la solicitud de participación ciudadana que más de 2000 habitantes de Putaendo realizáramos en Julio del año 2019. A esto se agrega el hecho de que ésta fue realizada a puertas cerradas y vía videoconferencia.

Esta modalidad de aprobación de proyectos abre interrogantes, pues aun cuando él SEA ha suspendido ciertos plazos, específicamente para proyectos que contemplan la realización de participación ciudadana: ¿cuántas DIAs actualmente en tramitación podrían estar en una situación parecida a la de Putaendo? ¿para cuántas de ellas han sido rechazada durante la cuarentena la solicitud de participación? ¿y una vez denegada esa posibilidad, cuántas han sido aprobadas a puertas cerradas?

Son ciertamente este tipo de acciones las que han acrecentado la desconfianza en torno al funcionamiento del SEIA. Y es que desde la perspectiva de las comunidades afectadas, cuesta encontrarle una justificación a la falta de sensibilidad de la autoridad con respecto a la angustia y preocupación que implica la aprobación de un proyecto, sobre todo si es que éste se encuentra cuestionado a nivel local.

Asumiendo la inmensa brecha existente en la normativa ambiental sobre el derecho a la participación para el caso de las DIAs -la que sólo opera caso a caso para su solicitud y autorización, el hecho que se estén aprobando proyectos durante una situación excepcional de pandemia sólo acentúa las injusticias ambientales. Evidencia, además, la falta de garantías en torno a la transparencia del proceso y al correcto acceso a la información y participación por parte de las comunidades en la toma de decisiones ambientales que afectan el futuro de los territorios de una manera permanente. En un contexto de emergencia sanitaria, las comunidades tenemos muy pocas posibilidades de ejercer presión, asesorarnos y reaccionar frente a la decisión ocurrida, por lo que el desbalance es evidente y parece poco pertinente que en este escenario el gobierno siga empeñándose en dar una señal de supuesta normalidad.

Lo anterior demuestra la falta de compromiso del gobierno con generar las mejores condiciones para un debido proceso en torno la instalación de proyectos de inversión, tanto desde el punto de vista de la democracia ambiental, como desde la calidad de la evaluación que se puede asegurar en un contexto totalmente excepcional a las condiciones de funcionamiento de los servicios públicos.

Así, y en vista a la poca proactividad y comprensión del gobierno frente a estos factores, es que la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para suspender todos los plazos dentro del SEIA, el cual aún se encuentra en el Congreso. El caso de Putaendo funciona como un botón de muestra de las contradicciones y problemáticas que surgen como consecuencia de mantener el funcionamiento del SEIA en contexto de pandemia. Consideramos urgente priorizar la calidad del proceso y la generación de garantías mínimas para las comunidades por parte del Estado y esta ley, va en esta dirección, salvaguardando que otros territorios no tengan que pasar por lo mismo.

En relación al historial del proyecto y a la emergencia del conflicto socioambiental en Putaendo, este caso también muestra la crisis de la institucionalidad ambiental nacional. Este proyecto de sondajes ha sido precedido por una serie de ilegalidades y sanciones hacia la empresa. El año 2017, y a partir de denuncias ciudadanas, la Superintendencia de Medioambiente cursa una infracción gravísima al proyecto por la realización ilegal de más de 80 sondajes, los cuales generaron daño ambiental por el deslizamiento de laderas debido a la construcción de caminos, intervención del hábitat de flora y fauna y alteración de cursos de aguas. Asimismo, el año 2019, la empresa fue multada en $60 millones de pesos por la Dirección General de Aguas (DGA) debido a modificaciones al río Rocín, usurpación de agua y no cumplir con la orden de cese inmediato de extracción de aguas de una quebrada afluente del río. Se trata, por tanto, de una empresa que ha operado al margen de la ley en sucesivas ocasiones y que, sin embargo, tiene las puertas abiertas de la institucionalidad para seguir instalándose en el territorio.

Todo lo anterior es aún más grave si consideramos que el proyecto se encuentra ubicado en la cuenca del principal afluente que provee de agua a todo el Valle de Putaendo, territorio afectado por una fuerte sequía de años. Además, se ubica cercano a uno de los pocos ecosistemas de montaña prístino de la zona central de Chile. Este ambiente se caracteriza por su fragilidad y es donde se encuentra la principal reserva de agua para el valle –más de 100 glaciares de roca catastrados-, los cuales corren riesgo de impacto si es que un yacimiento minero se instala en sus cercanías. A falta de ordenamiento territorial, todas estas condiciones contextuales no son consideradas en la evaluación ambiental, evidenciando lo “corta” que se queda la institucionalidad ambiental para proteger estos ecosistemas estratégicos frente a la iniciativa extractivista.

Justamente, y por la modalidad de etapas en que se realizan los proyectos, la aprobación específica de este proyecto de sondajes implica el apoyo estatal a la posibilidad de continuar por 4 años más la exploración minera del lugar y la más que potencial apertura de este valle a la gran minería. La presentación de una DIA omite en su línea base varias características del territorio, y por tanto, no asegura que se hayan estimado apropiadamente los impactos para evitar nuevos daños ambientales, ya ocurridos en el pasado. Frente a ello, ¿qué garantías tiene el territorio? ¿cómo es compatible la minería con la visión a futuro de éste?

La comunidad organizada ha sido enfática en plantear que el valle de Putaendo no quiere ni necesita de la gran minería. Frente a la sequía y la crisis climática, ciertamente no es una opción, en donde el agua será el bien más esencial de preservar. Queremos seguir siendo el último valle de la zona central de Chile sin gran minería en su cordillera, naciente de ríos y glaciares.