La pandemia del COVID-19 ha marcado la diferencia entre dos tipos de gobierno. Aquellos que anteponen la preocupación por la protección de la vida humana y la salud de las personas y aquellos cuyas prioridades están centradas en cautelar los intereses económicos de grupos minoritarios. Es lamentable, pero todo indica que Chile está más cercano a este último grupo.

En efecto, las últimas medidas del ejecutivo en torno a forzar el retorno al trabajo presencial de los funcionarios públicos, autorizar la reapertura de los malls e instruir la vuelta gradual a clases de los estudiantes, normalizando la pandemia, no hace más que confirmar lo que sospechábamos desde el comienzo; las presiones de los grandes grupos económicos pueden mucho más que cualquier otra consideración, aunque esto implique arriesgar vidas humanas.

Con ello, un triste mensaje llega a la ciudadanía: el gobierno no tiene la menor intención de apoyar de manera efectiva los hogares que han sufrido apuros económicos producto de la cuarentena. Al contrario, lo que hacen Piñera y Mañalich, es decretar que ya no será más el aislamiento social la principal herramienta para evitar el contagio masivo, sino que debemos limitarnos al lavado de manos, y reducir como sea la proximidad física dentro de espacios cerrados que tienden a ser estrechos. De este modo, todo hace suponer que al aumentar la circulación de personas, (trabajadores y estudiantes), se está de facto poniendo fin a todas las formas de cuarentena.

Esta fijación del gobierno por volver a la “normalidad” – asumida bajo una lógica mercantil-está perfectamente alineada con el llamado de Donald Trump a la “rebelión contra el confinamiento”. Recordemos que EE.UU es el país que suma la mayor cantidad de muertes por Coronavirus en el mundo (más de 42 mil muertos, casi el doble de Italia).

Así, mientras la mayor parte de los países que han logrado reducir la cantidad de víctimas fatales, han enfatizando en el aislamiento social - y en particular han apoyado la extensión e intensificación de las cuarentenas – nuestro país avanza peligrosamente en la dirección contraria, aquella que encabezan Trump y Bolsonaro en América Latina. Esto, pese a que, en apenas 9 días (entre el 10 y el 19 de abril) Chile duplicó la cantidad de víctimas fatales por COVID-19.

En este contexto, es urgente mantener y profundizar las medidas de aislamiento social aunque esto implique aportar recursos económicos a las familias más necesitadas. El Estado dispone hoy de dinero suficiente para responder a esta emergencia. Una Renta Básica, por ejemplo, sería una medida muchísimo más efectiva que un bono mezquino de 50 mil pesos por carga, entregado en una única ocasión, o que el forzar a los trabajadores a acudir a los propios ahorros reunidos en el Seguro de Desempleo.

Lamentablemente, esta precariedad en lo que respecta a protección estatal es una muestra clara de que el gobierno no tiene conciencia de la magnitud del drama social que están viviendo cientos de miles de familias en todo Chile.

Para muestra, un botón, en la sesión de la Cámara de Diputados del 15 de abril, mientras 97 parlamentarios de oposición como del oficialismo aprobaban un proyecto de ley que impedía el corte de los servicios básicos (agua, luz, gas e Internet) para el 40% más vulnerable de la población, el Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, anunciaba la presentación de “reserva de constitucionalidad” ante el Tribunal Constitucional ya que según el gobierno esta iniciativa afecta el “derecho de propiedad” y el “derecho a desarrollar actividades económicas”.

Claramente, y aunque sea difícil de creer para la inmensa mayoría de chilenos, para el gobierno de Piñera primero están los negocios y luego el derecho humano a tener acceso a agua, luz y gas. Es que Chile es el mundo al revés. Cuando lo razonable es que un Ministro de Energía busque aliviar los efectos de una crisis que afecta directamente en la disminución de la capacidad de pago de las familias, la realidad nos muestra lo contrario. Se priorizan los derechos de propiedad y las actividades económicas de los dueños de Aguas Andinas, Enel y Gasco. Después, ese mismo sector político se pregunta por qué una amplia mayoría de los chilenos somos partidarios de generar una nueva Constitución. ¿Habrá olvidado acaso el ministro Jobet que, al decretar el Estado de Catástrofe, el ejecutivo dispone justamente de las facultades para intervenir el derecho de propiedad? Por último, si lo consideran inconstitucional, cambiemos la norma, pero garanticemos a las familias el acceso ininterrumpido a los servicios básicos.

Igual suerte corrió un proyecto de Ley para prolongar el período postnatal durante la vigencia del estado de catástrofe, que el gobierno declaró inconstitucional. Lo mismo ocurrió cuando una AFP propuso dar la opción de retirar el 5% de sus ahorros previsionales a sus afiliados. ¿No será más adecuado en estos casos modificar la norma constitucional para permitir la aprobación de estos proyectos que el gobierno declara inconstitucionales, en vez de bloquear su tramitación?

Hoy, cuando a través de un oficio firmado por los ministros Blumel y Briones, el gobierno insiste en el retorno al trabajo presencial de los empleados públicos, queda claro que han olvidado lo más importante: que el rol del Estado es precisamente resguardar la vida de las personas. Forzar a los trabajadores a elegir entre hambre o contagio es un acto criminal porque viola el derecho a la vida y el derecho a la salud consagrados en la Constitución. Ante esta nefasta medida y con el objeto de impedir su aplicación, hemos presentado un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Escribimos estas líneas con la esperanza de que ese tribunal acoja este recurso, priorizando la vida y la salud de los trabajadores y sus familias.