Ahora que estás afuera del INDH, ¿cómo has visto el manejo que ha llevado el instituto respecto a la pandemia de coronavirus? ¿Han estado bien puestos los énfasis?

Creo que el INDH ha caído en la irrelevancia en esta catástrofe de la pandemia. Ha perdido protagonismo en la protección de los derechos a la vida y la salud que están resguardados no solo en el derecho internacional sino también en la propia Constitución en su artículo 19. Tampoco ha tenido un rol protagónico en defender los derechos laborales de las personas que trabajan, ante la absurda resolución de la Dirección del Trabajo, que marca un retroceso en la tradición de la jurisprudencia laboral. Algo similar ha ocurrido con los grupos de especial protección, en los que no se ve una acción decidida de exigir al gobierno que prevenga el contagio, como lo muestran las denuncias del alcalde de Puente Alto respecto del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores, contagios que se conocían con anterioridad a la intervención del ministro de Salud.

Me preocupa que no se esté monitoreando la entrega de datos, que no se apoye la solicitud de la mesa social de ser transparentes y que los especialistas puedan evaluar de forma independiente las cifras. En esto, como en la preocupación por la inexistencia de datos segregados según pueblos originarios, y su efecto en la vida comunitaria y de las mujeres indígenas y rurales, como en sus efectos en la niñez. El instituto debería estar jugando un rol mucho más activo.

No se trata solo de mandar oficios y esperar o hacer solamente visitas para entregar cifras propias, se trata de incidir en que se fortalezcan los derechos de las personas en una situación tan crítica en ámbitos tan claves como son la vida, la salud y el trabajo.

Lo destacable ha sido la preocupación por los presos comunes, como una acción reactiva a las protestas de ellos producidas el 19 de marzo.  A eso suma la defensa anunciada del proyecto del gobierno aprobado en el Congreso relativo a la conmutatividad de penas por la pandemia, ante el Tribunal Constitucional. Pero, no veo al INDH en una postura que incomode al gobierno, a pesar de las críticas hechas por alcaldes, sindicatos, Colegio Médico, trabajadores de la salud, entre otras.

Esta crisis sanitaria ha puesto en el centro de la noticia a nuestro sistema de salud. ¿Qué derechos crees que se vulneran en esta coyuntura y cuántos de ellos se han venido denunciando desde hace años en el INDH?

De acuerdo a los estándares internacionales la salud debe ser accesible, de calidad, oportuna y sin discriminaciones. Esto implica que no debiese existir discriminación de ningún tipo a quienes recurran a los servicios de salud, tanto respecto de la atención diagnóstica como el tratamiento disponible. Este punto es crucial, pues si bien la pandemia comenzó en los sectores de ingresos medios y altos, que podían pagar sus test de verificación del contagio, y a pesar que inicialmente el gobierno le puso precio, este no se aplica aún de manera preventiva sino solo en aquellas personas que presentan síntomas y no hay información abierta disponible como para saber la tasa de rechazo a las solicitudes de test preventivo por parte del sistema; las características de los fallecidos y si están bien contabilizados. Se requiere apertura de los datos, resguardando la confidencialidad de los contagiados, para que los expertos puedan estudiar y aportar en propuestas; el secretismo no ayuda a la integración de las capacidades del país para salir adelante.

La pandemia viene bajando desde sectores de altos ingresos y de altos funcionarios del Estado, hacia los barrios populares en las distintas regiones, donde se encuentran las personas que trabajan o lo hace precariamente y que cuentan con un deficiente sistema de salud sin recursos para pasar un invierno normal; imagina cómo será en el que se aproxima. Esto, más las conocidas listas de espera en el sistema y las muertes asociadas, que los Informes Anuales del INDH han planteado como vulneraciones de derechos, no auguran un desempeño muy auspicioso de la salud pública, a pesar del esfuerzo del personal profesional y técnico.

Quizá una de las evidencias más claras de esta crisis sea precisamente la desigualdad en el acceso a la salud. Hace unos días la Clínica Las Condes estrenó un sistema de testeo a domicilio en vehículos BMW, mientras un vecino de La Granja murió de coronavirus después de pasar por dos consultorios sin que le tomaran ningún examen. En Chile, es evidente, conviven dos mundos paralelos. ¿Pueden los derechos humanos en este escenario equipar esta balanza? ¿Es realmente posible?

Todos los derechos humanos tienen estándares internacionales de cumplimiento, que están comprometidos por los Estados. El rol de las instituciones nacionales de derechos humanos es promoverlos y protegerlos, en este sentido no veo un rol activo en reclamar por la protección de los trabajadores de la salud que carecen de insumos básicos para protegerse; ser más incisivos en expresar el deber del Estado en los casos como esta pandemia de reforzar las garantías para la población más vulnerable. No se puede aceptar que el presidente declare, junto al ministro de Defensa, que están luchando contra la pandemia al vigilar las fronteras para que no ingresen extranjeros, como si ellos sean exclusivos portadores del virus.

Es difícil equiparar la balanza si el gobierno no implementa una política con enfoque de derechos humanos en la atención de salud, el trabajo, y de resguardo de los derechos civiles y políticos en esta etapa.

Y digo derechos civiles, pues veo con preocupación que el gobierno ha puesto urgencia al proyecto “humanitario” que permite a los criminales de lesa humanidad enfermos irse a la casa. Es importante anotar que esos asesinos no colaboraron con la justicia, escaparon de ella por años y tienen múltiples condenas por decenas de años. No son abuelitos que cometieron un error, más bien sirvieron por años como criminales a sueldo del Estado. Esta preocupación incluye los fallos del poder judicial, que ahora se pone firme con quienes sufren detención preventiva por desórdenes en las manifestaciones de la protesta social, y por otro lado se conmisera con 17 violadores de derechos humanos rebajando penas y decretándoles libertad. Y bueno, ante esto, claramente atentatorio a la justicia transicional sobre justicia y no repetición, el INDH no dice nada; a excepción de la entrevista de su director en El Mercurio de este domingo, donde señala que no puede decir nada al respecto.

Una de las cosas que se han planteado es que después del estallido y la pandemia, daremos un giro a una sociedad de derechos. ¿Crees que el camino va en esa dirección? ¿ O qué deberíamos hacer para que así fuera?

El debate actual sobre el futuro pospandemia es interesante. Lo claro es que pretender regresar a la situación anterior será un error garrafal, pues la población mundial está aprendiendo mucho. Más aún en Chile, que venimos de un proceso de protesta social masiva y continua contra la desigualdad. Ahora bien, creo que en esta etapa de pandemia se ha tratado de restaurar el viejo orden cuestionado por las protestas sociales. Unos han pretendido diluir el plebiscito constitucional; otros han aprovechado para reforzar el discurso de “los negocios primero” luego la vida, y no han faltado los que levantan loas a la solución de control total de China. En esto comparto lo dicho por Fukuyama, quien señala que la discusión deberá ser sobre el rol del Estado, y agregaría, los estándares mínimos para asegurar la vida dignan de las personas. Los populismos autoritarios como Trump, Bolsonaro y Johnson están demostrando su fracaso en proteger las vidas y China puede salvar vidas, pero no necesariamente para una vida en libertad.

[caption id="attachment_336039" align="alignnone" width="1024"] Sergio Micco[/caption]

Desvinculación y nuevo enfoque

¿Por qué te desvincularon del Instituto? Según trascendió fue por pérdida de confianza de Micco por no aceptar incluir redactores externos en el último informe anual. Otra versión, sin embargo, apunta a una denuncia por malos tratos y discriminación en tu contra por parte de funcionarios. Una arista antigua, previa incluso al estallido social, que reflotó con tu salida.

Efectivamente, yo y Jorge Ortiz el otro jefe de unidad despedido el 13 de marzo cuando la pandemia comenzaba a ser parte de la preocupación nacional, teníamos un sumario por prácticas antisindicales y malos tratos. Ese sumario se había cerrado sin pruebas de lo denunciado, e incluso los acusadores llegaron a un avenimiento con el actual director desistiendo de la acusación en el tribunal del trabajo. A confesión de partes, relevo de pruebas…

Mi tema no quiero llevarlo al uso político de los sumarios, creo que el conflicto queda más claro con las opiniones que vierto en esta entrevista. Obviamente no pensamos lo mismo con Sergio Micco, pero sería absurdo pretenderlo, pues mi cargo –como el de Ortiz- no son de confianza del director, fuimos seleccionados por Alta Dirección Pública y me pagaban por hacer bien mi trabajo y exponer mi opinión y subordinarme a lo que se me indique siempre y cuando no contraviniera las normas. Esto es lo que ocurrió: el Informe Anual fue conflictivo, cuestión que no es novedad cada año, pero en este fue particularmente tenso por las posiciones encontradas en el Consejo, que yo debía resolver con mi equipo considerando las opiniones del director y el Consejo. Sin embargo, de modo irregular se contrataron tres profesionales sin currículum en derechos humanos, provenientes del mundo UDI, RN y DC, en una forma de cuoteo absurda, para revisar lo que por ley y el reglamento le corresponde a la unidad de estudios y, además, les habían dicho que iban a redactar finalmente ese informe. Ello implicó un conflicto grave, por la oposición mía y de toda la unidad de estudios, y al momento de mi despido se mencionó como causal de la “pérdida de confianza” del director.

¿Cuánto ha cambiado el instituto con Micco a la cabeza? De hecho, en un momento lo escuchamos valorar el informe de carabineros a Piñera y sostener que no existían violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

El director, llegó con un discurso de que los derechos humanos eran para y de todos los chilenos y no solo de un sector, como si eso no estuviera claro en un organismo de esta naturaleza y que el desafío era que fueran asumidos por todos, lo que implicaba valorar en el presente los aportes de quienes en el pasado habían apoyado a la dictadura, como el consejero Amunátegui, y que sería importante que profesionales de esas ideologías también entraran a trabajar en el instituto. En esto fue claro. Este enfoque encendió las alarmas en las y los profesionales en todo el país, pues era una forma bien peculiar de entender el pluralismo, es decir como un cuoteo de profesionales y no como un esfuerzo por profundizar las concepciones de los derechos humanos, su historicidad, su relación con la política y la ética. Es obvio que la política está estrechamente relacionada con los derechos humanos, pero estos deben regular aquella y no subordinarse, pues justamente termina sometida al poder una doctrina que requiere de interpelar al poder.

Si ves ahora, no hay pronunciamiento en contra del proyecto que beneficia a los “abuelitos” de Punta Peuco, que escabulleron la justicia y no colaboraron con ella; como tampoco hay gestión alguna para liberar a los presos de las protestas sociales.

Otro punto que también generó controversia fue que Micco reconoció que al interior del organismo había un sesgo ideológico. ¿Qué piensas de esta afirmación?

Esto lo señaló el director, más bien lo reiteró, en los medios en enero. Pero es un debate anterior, producto de las observaciones de función policial en las manifestaciones, que hacíamos los y las funcionarias del instituto en todo el país, y que los consejeros de derecha decían que observábamos sesgadamente la violencia policial y no la de las personas que protestaban; que había “parcialidad” y “complicidad” con manifestantes. Tal es así, que, si revisas el acta 513 de noviembre, se señala esto en una sesión de Consejo, lo que provocó la reacción de 11 jefaturas regionales del INDH en contra de ello, en una carta que nunca tuvo respuesta. Esas jefaturas consideraban la acusación de genérica, injusta, peligrosa, y que afecta a la función del INDH. En definitiva, es el esfuerzo por neutralizar la voz autónoma e independiente que debería haber consolidado el instituto

 Se habla mucho de un viraje a la derecha que busca debilitar la composición interna y cambiar la manera de trabajar hasta ahora en el INDH. ¿Crees que en la interna se está trabajando en un cambio de paradigma desde el punto de vista de los derechos humanos?

La elección de Micco se produce por una coalición de los consejeros pro DC (Micco y Safirio) con la derecha (Frontaura pro UDI, Donoso pro RN junto a Pertuzé) y el voto de Marelic, un consejero que, dicen, es socialista. Este bloque permitió la llegada del actual director. Pero a mi juicio, es una reacción ante la importancia política que fue tomando el INDH en estos 10 años y que tuvo su peak en la denuncia sin ambigüedades del asesinato del comunero Camilo Catrillanca y la protección del adolescente testigo, cuestión que remeció la fortaleza del gobierno y luego vino la defensa de los derechos de la población migrante afectada por la política, de nuevo del ministerio Interior, de control, discriminación hacia haitianos y venezolanos y expulsiones arbitrarias de éstos. Eso llevó al gobierno a aplicarse por imponer una dirección más afín.

Y resulta que este discurso de la nueva coalición dirigida por Micco, enlazó muy bien con la política del gobierno de cuestionar las atribuciones de la Corte Interamericana, en aquella carta enviada –en abril del 2019- junto a los gobiernos de Colombia, Brasil y otros. O, con la posición de rechazar la firma del Convenio de Escazú sobre el acceso a información, participación pública, acceso a la justicia y de protección de los defensores ambientales, la que no fue criticada por el INDH, siendo que en la ley y los principios de Paris sobre instituciones autónomas de derechos humanos está el principio de alentar la ratificación de aquellos textos del sistema internacional de los derechos humanos y asegurar su aplicación.

Todo muy en la línea planteada por el gobierno de Piñera.

Yo creo que este giro apoyado por estos seis consejeros, tuvo su correlato a partir del 18 de octubre, en la conducta que asume la dirección del INDH, que se negó a criticar el Estado de Emergencia a pesar que producía la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia; se verificó en las desafortunadas –pero transparentes- declaraciones respecto de que no habían violaciones sistemáticas y que quien dijera eso debía probarlo, en vez de orientar al propio INDH a evaluar su existencia o no; y, quizás, lo develó más su afirmación que no se podía acusar al presidente de violaciones a derechos humanos “porque él apoyó el No en 1988”, contra la prolongación de Pinochet como Presidente supremo. Es decir, una posición ambigua sobre este tipo de violaciones porque se dan en democracia, como si ejecutarlas en democracia fuesen menos graves. Esto también se reflejó en el debate sobre el Informe Anual de Derechos Humanos 2019, que a pesar de saberse que había patrones represivos, se sacó la palabra y también la de violaciones masivas. Una institución así, difícilmente puede ser respetada por la sociedad civil que ve cómo el gobierno dejaba actuar en la impunidad a las fuerzas policiales cegando a hombres jóvenes y acometiendo violencia sexual contra mujeres jóvenes.

Recuerdo cuando liberaron a Fujimori, en una trama de corrupción organizada por su partido con el gobierno de Kuczynski –que luego cayó por corrupción- y la Defensoría del Perú –símil al INDH- emitió a los dos días su posición señalando que esa liberación era inconstitucional; tal cual posteriormente se comprobó. Esa voz fuerte, autónoma, sin pactos políticos con los poderosos es lo que echo de menos acá.

Una última observación a esta ambigüedad, mercurial, de las palabras. Efectivamente el director valoró el proyecto de reforma a Carabineros, en marzo, pero sin haber discutido aquello en el Consejo y más aún señaló textual que “Carabineros sufrió enormes problemas por el mal uso de dineros públicos”. Comprenderás que caracterizar de “mal uso” aquello que es un robo, un saqueo organizado al dinero de todos, no hace más que relativizar las responsabilidades políticas y administrativas de ese poder.

¿Ves como posibilidad conformar una comisión de verdad, justicia y reparación para las víctimas del estallido social, teniendo al INDH como garante?

Con el actual Consejo, tengo mis dudas que sea suficiente para ser garante, requeriría de certezas de que lo que se testimonie y sintetice sea respetado por éste, si está validado. Pienso que es una tarea obligatoria, que le permite la ley en su artículo 4, de levantar testimonios, preservando la confidencialidad, pero que a la vez tenga la facultad de iniciar acciones legales por delitos denunciados. Es bien distinto organizar una comisión de este tipo con delitos cometidos en democracia, pues deberían existir las garantías de no persecución a testigos, de apoyo de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, respaldo de recursos económicos para levantar observaciones en territorios donde hubo represión, y otras condiciones.

Para hacerlo se necesitaría el apoyo formal y garantías a aquellas instituciones y organizaciones que han recopilado y sistematizado mucha información y denuncias y que se agrupan en el Foro No+, por la Verdad, la justicia y dignidad; y, a la cual a la unidad de estudios se le prohibió participar asesorando.

No es posible una Comisión de este tipo, sin el acuerdo y apoyo en sus atribuciones, de las organizaciones históricas de los derechos humanos; de otra forma no contaría con la legitimidad social que requiere un informe de esta naturaleza.