Conmutar las penas a reos que cumplan con los requisitos en medio del COVID-19, un requerimiento en el Tribunal Constitucional para declarar “discriminatoria” la ley, presentado por senadores de Chile Vamos, y la eventualidad de que criminales de lesa humanidad pasen a arresto domiciliario argumentado “razones humanitarias”, son parte de la trama que crispó los ánimos entre el gobierno y el oficialismo durante la semana recién pasada. Sin embargo, para el gobierno, y en particular para el ministro Hernán Larraín, la preocupación hoy es otra: lograr que el proyecto de ley avance para así descongestionar las cárceles frente a la expansión del coronavirus en Chile.

Si bien, el proyecto de conmutación de penas presentado por el ministro el 25 de marzo fue despachado por el congreso, beneficiando a cerca de 1300 reos dentro de los que se encuentran mujeres embarazadas o con hijos menores a dos años, adultos mayores y enfermos terminales, este dejaba fuera la disposición que establecía sanciones para quienes incumplieran con el arresto domiciliario.

La normativa fue rechazada por parte de algunos diputados del mismo oficialismo, quienes más tarde, encabezados por el senador Francisco Chahuán, presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por considerar el proyecto de ley como discriminatorio en su artículo 15, al no incorporarse a prisioneros que hoy cumplen sus condenas en el penal Punta Peuco. Una arremetida que terminó por incomodar al gobierno.

De declararse admisible el requerimiento “significaría que no sólo saldrían beneficiados con este indulto personas condenadas por delitos lesa humanidad, saldrían beneficiados también violadores, abusadores sexuales, femicidas o parricidas”, argumentó el ministro de Justicia. Finalmente, la tarde de este martes el Tribunal Constitucional resolvió ingresar el requerimiento a tramitación parcial al declararlo admisible y llamó para el 13 de abril a una audiencia pública.

Esta decisión del TC abre otro flanco para que violadores a los derechos humanos puedan acceder a beneficios penitenciarios y que se sumaría al anuncio realizado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, de poner máxima urgencia al proyecto de “ley humanitaria” para aquellos que estén “en peligro inminente de muerte”. Una oportunidad que podría significar la conmutación de penas para los reos de Punta Peuco.

Un proyecto de ley que descansaba en el congreso

Esta no se trataría de una propuesta nueva. El anuncio, más bien, es un acelerante para tramitar con urgencia un proyecto de ley que ingresó el 28 de diciembre de 2018 al congreso y que se mantuvo durmiendo por cerca de seis meses en la cámara alta. Y lo cierto es que hasta antes del anuncio de la semana pasada la “ley humanitaria” no avanzaba. El proyecto, que es parte del programa del gobierno de Sebastián Piñera, tal como confirmó hace algunos días el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, busca sustituir la privación de libertad a personas que se encuentren con una enfermedad en fase terminal, que posean algún menoscabo físico grave e irrecuperable, que tengan 75 años o más, y hayan cumplido al menos la mitad de su condena.

“Las personas que son enfermos terminales, que están literalmente muriendo de enfermedades gravísimas o están enajenados, con alzhéimer, que no son valentes. Yo creo que tienen derecho a una muerte con dignidad. No solamente los condenados de Punta Peuco”, aseguró el presidente Sebastián Piñera en conversación con la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel) y que generó duras críticas por parte de la oposición.

Si bien, el proyecto de ley no distingue entre tipo de reos y, por ende, no se refiere específicamente a quienes cumplen sus condenas en Punta Peuco, para las agrupaciones de Derechos Humanos en Chile la medida adoptada por el gobierno busca revertir una “deuda pendiente” con la llamada “familia militar”. Alicia Lira, vocera de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) considera que de aprobarse el proyecto de ley se estaría consagrando la impunidad “que tanto tiempo a costado revertir en el país”.

“Lo que está buscando el gobierno es la distracción absoluta en medio de una pandemia para liberar a estas personas que no corren ningún riesgo. No está en peligro su vida a diferencia del resto de la población. El gobierno se apiada políticamente de ellos, pero resulta que ellos nunca han tenido un mínimo gesto de humanidad al revelar dónde están los restos de los miles de detenidos desaparecidos", asegura la vocera de la AFEP, quien junto a otras representantes de organizaciones de DD.HH., entregaron el día de ayer una carta al presidente Sebastián Piñera denunciando “las maniobras del gobierno y de la derecha que apuntan a entregar indultos a los criminales de la dictadura”.

Aunque existen condiciones claras en el proyecto de ley para quienes busquen acogerse al beneficio, a juicio de Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, estas omiten dos requisitos base de la normativa internacional en materia de Derechos Humanos: la colaboración y el arrepentimiento.

“Es cierto que la normativa que rige en la materia establece la posibilidad de que quienes hayan cometido crímenes contra la humanidad puedan acceder a beneficios, a reducciones de la pena, se hace cargo de cierta compasividad. Sin embargo, los criminales de lesa humanidad que están condenados en Punta Peuco no solo no han colaborado, sino que además nunca han expresado arrepentimiento. Es más, muchos de ellos han reivindicado sus crímenes con todo desparpajo, por ende, no puede aspirar a tener estos beneficios”, comenta Margotta.

Para Verónica Estay, integrante del Colectivo de Historias Desobedientes Chile y sobrina de Miguel Estay Reyno, “El Fanta”, el proyecto de ley además pasaría por alto “la garantía de no repetición” que insta a que en un futuro los crímenes cometidos no sean replicados. “Por otro lado, estas personas fueron condenadas después de muchos años de impunidad y en la mayoría de los casos las condenas han sido muy bajas en comparación con la magnitud de los crímenes que cometieron. Entonces, hay una paradoja: por un lado, se les castiga tardíamente y por otro se pide beneficios para ellos debido a su avanzada edad”, argumenta Estay.

Cárceles en buenas condiciones

Según un informe presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en 2018, las celdas en las que habitan los prisioneros de Punta Peuco miden 5 por 3,8 metros, en las que se ubican “dos camas, con catres de madera o box spring y colchones especiales”. Las habitaciones cuentan con ventilación y “útiles de aseo a la vista”. Además, “cada celda cuenta con un baño interior; dichos espacios tienen puertas, lo que permite la privacidad de sus usuarios”. Diferencias abismales en relación con otros penales del país que se encuentran completamente hacinados, sin productos de higiene y falta de ventilación, según constata el mismo informe, y cuestión que ha sido denunciada a lo largo de los años por las agrupaciones de Derechos Humanos.

“Nosotros sabemos cuáles son las condiciones de estos penales. Los reos de Punta Peuco no viven en condiciones indignas. Tienen acceso a hospitales castrenses de alto nivel y son privilegiados en muchos sentidos, no solo respecto al resto de los presos, sino a la población chilena en general”, sentencia Verónica Estay, integrante del Colectivo Historias Desobedientes Chile que ha apoyado a sus integrantes para entregar información a la justicia sobre sus familiares involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Los familiares y abogados de los prisioneros de Punta Peuco reconocen que esa no sería la razón principal, sino más bien, las “enfermedades terminales” que aquejan a sus familiares. Bajo este argumento, el abogado Raúl Meza ha instado al presidente Piñera a indultar a sus defendidos -seis solicitudes de indultos están en su escritorio-, acción que se suma a la emprendida por un grupo de religiosos, entre los que destacan el sacerdote Fernando Montes, ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, quienes presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema en contra del mandatario por “estar poniendo en grave peligro la vida de las referidas personas, todos adultos mayores de 65 años, con graves enfermedades de base”.

Gloria Elgueta, integrante de Londres 38, considera que “la ley humanitaria está fundada en mentiras”, que las razones que entregan los defensores para indultar a los prisioneros de Punta Peuco no se condicen con la realidad y que prima un “componente político”. “Se dice que los prisioneros mueren solos y eso es falso. Los condenados que han muerto lo han hecho en los hospitales militares y han estado acompañados de sus familiares. O se pregunta, por ejemplo, cómo se puede obligar a una persona que tiene demencia o alzhéimer a permanecer en las cárceles, eso también es falso. La legislación actual permite que los condenados con problemas mentales graves y acreditados puedan ser entregados a sus familias o alguna institución sanitaria".

Desde distintos sectores de la oposición se han mostrado contrarios al proyecto de ley que buscaría aprobarse en medio de la crisis sanitaria. Claudia Mix, diputada del Partido Comunes e integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del congreso, advierte que su sector no entregara los votos para que la ley avance en el debate legislativo.

“Hasta ahora la mal llamada “ley humanitaria” que el gobierno está llevando adelante viene con molde y no podemos permitir ningún espacio a la impunidad. Acá se está ajustando una ley para beneficiar a genocidas y criminales de lesa humanidad bajo presión de la UDI y de los sectores más cercano al pinochetismo. Se está dando una señal pésima al ponerle “precio” la vida a miles de internos para beneficiar a un grupo de violadores de DDHH que se encuentran condenados y cumpliendo su condena en cárceles especiales”, sostiene la diputada de Comunes.

De aprobarse la ley, la última palabra la tendrán los jueces, quienes deberán revisar las solicitudes de los privados de libertad y pedir un informe psicológico y social a Gendarmería de Chile. En el caso de tratarse de enfermedades terminales el documento deberá ser expedido por el Servicio Médico Legal, según lo establece el proyecto de ley.

Consultada por El Desconcierto, la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos evitó referirse al proyecto de “Ley Humanitaria” ya que, según argumentan, sus esfuerzos están centrados en que se apruebe el veto aditivo que reestablece el artículo 8 de la ley para conmutar penas por COVID-19, instruyendo sanciones para aquellos prisioneros que beneficiados por esta ley rompiesen el arresto domiciliario y que, a su vez incorpora nuevos delitos que quedan exentos del beneficio: personas condenadas por control de armas, tenencia de drogas y violencia intrafamiliar.

El proyecto que encendió el debate para la conmutación de penas por COVID-19 fue aprobado este miércoles con 92 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de diputadas y diputados. Por su parte, la “Ley Humanitaria” debería ser revisada durante los próximos días.