La situación actual de pandemia desatada a nivel global ha exigido a los gobiernos nacionales la elaboración de políticas que vayan en la línea de garantizar el bienestar, salud y seguridad de la población. La efectividad de las medidas que se han adoptado varía entre países, pero muestra un patrón claro: las economías desreguladas con alta privatización de servicios sociales enfrentan incluso más problemas que el resto de las naciones. El Estado Subsidiario demuestra que no está preparado para afrontar una crisis de estas dimensiones. Los recortes a la salud pública por un lado, en países europeos como Italia y España y, por el otro, el focalizado gasto social de Estados Unidos derivado de la crisis del 2008, inciden en los resultados que conocemos. Chile afronta esta contingencia con un Estado debilitado, un sistema de salud segregado y con políticas sociales que refuerzan el modelo subsidiario. El acaparamiento e incremento de los precios en productos de primera necesidad por parte de la población, el altísimo valor del test de diagnóstico y la tardía respuesta de las autoridades políticas y la anunciada alza de los planes de salud por el sector privado son señales que indican una priorización pública de intereses económicos por sobre el derecho a la vida y la salud de la sociedad en su conjunto.

Situaciones de catástrofe como la vivida por la pandemia del COVID-19 nos recuerdan amargamente la centralidad del trabajo para la reproducción de la vida. Ya son miles los trabajadores que han dejado de percibir ingresos, han perdido sus empleos, o se ven obligados a seguir trabajando por necesidad asumiendo los riesgos de exposición. Nos enfrentamos así a un duro escenario de crisis ya no solo de salud pública sino humanitaria. Han quedado completamente en evidencia los problemas asociados a la desprotección social de los y las trabajadoras autónomas, independientes e informales, y la precarización del empleo de las y los asalariados. También ha implicado una agudización de la crisis de los cuidados dada la superposición espacial y temporal del trabajo reproductivo no remunerado y el trabajo remunerado en contexto de confinamiento, el que recae principalmente en las mujeres. Finalmente, mencionar también el supuesto de la existencia de condiciones de resguardo material y emocional para afrontar una crisis como la actual sin que ello afecte las exigencias de productividad que mayoritariamente no se han flexibilizado.

En este contexto, las acciones ejecutadas por el gobierno y órganos como la Dirección del Trabajo, lejos de ofrecer protección y garantías sociales para paliar los efectos de esta crisis, están obligando a los/las trabajadores a pagar las secuelas económicas y sociales que dejará la emergencia sanitaria. Vemos que esto ocurre particularmente con la interpretación política que hace la DT sobre las facultades que tiene el empleador en este contexto y con las leyes laborales que el gobierno empuja con premura en las últimas semanas. Sobre lo primero, el pasado jueves 26 de marzo la DT emitió el dictamen Nº 1283-006 donde establece que:

-La catástrofe sanitaria es considerada una causal de fuerza mayor, y con ello permite exonerar “a las partes de las obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo. A saber, otorgar el trabajo convenido y pagar la remuneración de parte del empleador y asistir a prestar los servicios pactados por parte del trabajador". En la práctica esto le entrega absoluta discrecionalidad al empleador para que cese la relación laboral y se exima de pagar las remuneraciones correspondientes. Si bien esto no es más que transparentar lo draconiano que es el Código del Trabajo con las y los trabajadores, también confirma que los intereses de la DT están claramente colonizados por una perspectiva empresarial.

-La misma DT, quien ha señalado regularmente encontrarse limitada por la legislación en su ejercicio de resguardar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, no tuvo problemas en dictar una solución, por vía de decreto, para un problema de insuficiencia normativa. Evidentemente, no hay cuestionamiento a la eventualidad de una extralimitación en sus funciones cuando ésta favorece a la parte empresarial.

-Sin perjuicio de que el razonamiento de la DT merece fuertes críticas - como la circunstancia de no existir necesariamente imprevisibilidad o irresistibilidad ante las situaciones descritas que configuren la fuerza mayor-, y pueda ser objeto de un debate jurídico, lo cierto es que hoy representa una grave amenaza para el futuro inmediato de miles de familias chilenas.

Al calor de esta crisis, el gobierno ha retomado su agenda laboral centrada en el crecimiento económico y en detrimento de la fuerza de trabajo y sus organizaciones sindicales. Leyes que no apuntan a la raíz de la crisis, al contrario, profundizan la orientación neoliberal del modelo de relaciones laborales, a saber:

-La comentada “Ley de Teletrabajo” es promulgada sin que sea una necesidad para que trabajador y empleador pacten trabajar desde casa en una situación social como esta. Se hace avanzar una ley que regula aspectos del teletrabajo, pero lo hace en un escenario de asimetrías enormes en las relaciones laborales, las cuales amenazan con extender aún más el tiempo de trabajo en vez de limitarlo. Su institucionalización además puede significar una obstrucción al ejercicio del ya debilitado sindicalismo (ver columna del colega Giorgio Boccardo).

-El recientemente aprobado proyecto de protección al empleo consiste en que los salarios de los trabajadores se sigan pagando usando los recursos del componente solidario del Seguro de Cesantía, y así resguardar la supervivencia de las empresas. Este proyecto no evita el despido mientras dure la situación de excepcionalidad, no explica de qué recursos se echará mano ante el agotamiento de estos ahorros, ni tampoco indica cómo se recuperarán los mismos en el futuro. Una medida que se muestra como de “responsabilidad política”, que encuentra un fuerte respaldo en el poder legislativo, pese a que condena a las y los trabajadores a un empobrecimiento progresivo.

En un contexto signado por la infodemia de los medios de comunicación y redes sociales, la cobertura real de los sujetos sociales que viven la crisis ha sido prácticamente nula. A pesar de aquello, los sindicatos de todo Chile están discutiendo y reflexionando sobre la crisis que vivimos actualmente. Estas organizaciones han puesto especial interés en analizar las consecuencias que la pandemia tendría en el proceso de trabajo, y la definición futura del trabajo, teniendo como referencia la situación que viven los/as trabajadores de otras latitudes. Frente a eso, basta observar el panorama general de las distintas plataformas digitales para identificar las posturas y propuestas que han elaborado. Para nombrar algunos ejemplos, la Federación Nacional de Sindicatos del Retail Temuco decía ya el 17 de marzo que “se debe priorizar antes que las ganancias, la vida y salud de los y las trabajadoras”, o la Declaración de la Unión Portuaria que advertía que esta cuarentena debía ser total, pero con ciertos resguardos de las necesidades vitales y básicas de los y las trabajadoras. Entre estas propuestas se encuentra la 1) protección al empleo, sin despidos con aplicación de necesidad de la empresa o fuerza mayor, 2) permisos pagados para trabajadores o trabajadoras al cuidado de dependientes, 3) suspensión del cobro de servicios básicos, 4) suspensión de pago de deudas y créditos pendientes y 5) cobertura de salud pública y privada para los y las trabajadoras.  Asimismo, las organizaciones sindicales del sector público han advertido sobre las nefastas consecuencias que las políticas privatizadoras imprimen sobre la capacidad de respuesta del aparato público ante la crisis sanitaria.

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social no escucha estas demandas. Se reúne incluso con gremios empresariales como la CPC o la Asociación de Isapres, pero no considera espacio alguno para dialogar con sindicatos. Así las cosas, se repiten las recetas de la crisis del 2008, donde los trabajadores pagan las consecuencias y se abrieron nuevos mercados para el gran empresariado. Una vez más, el Gobierno sigue sin entender que los costos de una posterior crisis económica se van a agudizar si no se establecen condiciones mínimas de garantía y resguardo de las condiciones de vida de las y los trabajadores.

Hacemos el llamado a las organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores, y a todos y todas quienes viven de su trabajo, a impulsar sus propuestas y avanzar en la definición de sus necesidades y demandas. Como Red de Investigadoras e Investigadores del Trabajo quedamos a disposición de quienes necesiten colaboración en su elaboración, ya que enfrentamos un escenario complejo, en donde creemos que es nuevamente la solidaridad, la reciprocidad y la acción conjunta la que nos garantizará la salida a esta crisis poniendo en el centro el bienestar, la salud, el presente y el futuro de la sociedad chilena.

Firman

1. Alejandro Castillo L. Sociólogo y Msc. en Ciencias Sociales. Investigador Facultad de Economía y Negocios, U. de Chile, y Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales.
2. Álvaro Galliorio Jorquera, Sociólogo. Becario del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). Miembro del Grupo de Estudios del Trabajo desde el Sur (GETSUR)
3. Alvaro Soto Roy, Doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, académico Universidad Alberto Hurtado.
4. Angel Martin Caballero. Sociólogo y Msc. en Ciencias Sociales. Investigador Facultad de Economía y Negocios, U. de Chile.
5. Antonia Morales V. Lic. en Sociología, Universidad de Chile. Dirección de Desarrollo Institucional, USACH.
6. Camila Álvarez Torres. Doctoranda en Sociología, Universitat Autònoma de Barcelona, España.
7. Camilo Santibáñez Rebolledo, Historiador. Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.
8. Christián Matamoros, Filósofo e Historiador. Departamento de Historia Universidad de Santiago de Chile.
9. Dasten A. Julián Vejar. Sociología. Profesor. Universidad Católica de Temuco. Fondecyt 1200990.
10. Diego Velásquez O. Sociólogo y Doctor © en Geografía en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
11. Domingo Pérez, Doctorante en Geografía, Universidad Católica de Chile
12. Felipe Alejandro Burgos Ortiz, Abogado, Encargado de Relaciones y Vínculos de Escuela Sindical Juan Pablo Jiménez.
13. Felipe Ruiz Bruzzone. Sociólogo y Msc. en Ciencias Sociales. Profesor e investigador. Universidad de Chile, Fundación Nodo XXI.
14. Francisca Gutiérrez, Doctora en Sociología EHESS, profesora Universidad Alberto Hurtado.
15. Franck Gaudichaud. Historiador y Académico de la Universidad Toulouse Jean Jaurés, Francia.
16. Gabriela Pantoja-Kauffmann, MBA Universidad de Chile, Estudiante de Doctorado en Trabajo Social Universidad Nacional La Plata, académica Departamento de Trabajo Social, Universidad Tecnológica Metropolitana.
17. Giorgio Boccardo Bosoni. Sociólogo y Académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, y Director de la Fundación Nodo XXI.
18. Jorge Ayala Córdova. Sociólogo, Magíster en Sociología de la Modernización, Candidato a Magíster de Historia y miembro del Centro de Investigación Político Social del Trabajo
19. Karol Morales Muñoz, Dra. en Psicología. Investigadora Postdoctoral en Universidad de Cádiz, España. Grupo de Estudios en Trabajo Subjetividad y Articulación Social (TRASAS, PUCV).
20. Lincoyan Painecura Medina. Mg. en Ciencias Sociales. Profesor. Universidad Católica de Temuco.
21. Lorena Armijo. Dra en Sociología. Red-Iger Universidad de Chile.
22. Manuel Ansaldo Roloff. Sociólogo, doctorante Antropología Social, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil.
23. Marcela Mandiola Cotroneo. Ph.D. Management Learning. Académica Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado.
24. Nicolás Ratto R. Sociólogo y Msc. en Ciencias Sociales. Analista Socio Económico en Instituto Nacional de Estadísticas.
25. Pablo Pérez A. Dr. Sociología. Profesor Asistente, Departamento de Sociología, Universidad Alberto Hurtado. Investigador Principal proyecto FONDECYT N° 11190229
26. Pablo Seguel, historiador y sociólogo. Becario Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Magister Universidad Santiago de Chile
27. Paula Vidal Molina. en Trabajo Social, Universidade Federal de Rio de Janeiro, Postdoctoranda en Estudios Latinoamericanos Freie Universität Berlin. Profesora Asistente, FACSO. Universidad de Chile.
28. Paula Ascorra C. en Psicología. Docente Escuela de Psicología PUCV.  Investigadora principal Centro de Investigación para la Educación Inclusiva.
29. Rodrigo Araya Gómez, Doctor en Historia Universidad Autónoma de Barcelona, profesor Escuela de Historia, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
30. Rolando Álvarez Vallejos, Profesor de Historia y Geografía. Académico Universidad de Santiago de Chile.
31. Rosario Undurraga R. Psicóloga. Dra en Sociología. Profesora asociada Escuela de Ciencias de la Familia, Universidad Finis Terrae.
32. Sandra Leiva. Investigadora del Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat, Chile.
33. Sebastián Osorio Lavín. Licenciado en Sociología, Magíster en Historia y miembro del Centro de Investigación Político Social del Trabajo
34. Valentina Andrade de la Horra. en Sociología, Universidad de Chile. Asistente de Investigación FONDECYT N°11190229. Asesora Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casas Particulares.
35. Vicente Sisto, Dr. en Psicología Social. Profesor Titular Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Grupo de Estudios en Trabajo Subjetividad y Articulación Social (TRASAS, PUCV).
36. Ximena Valdés S, Geografa, Dra. Estudios Americanos, docente Escuela Geografía UAHC.