40 asesores del Congreso serán interrogados por efectivos de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI. Así lo instruyó el Ministerio Público tras reactivar una investigación sobre el uso de asignaciones parlamentarias de senadores y diputados, y que comenzó hace más de tres años con una autodenuncia por boletas falsas de la exjefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga.

Luego de que la fiscalía de Alta Complejidad Oriente revisara informes y remuneraciones de asesores externos del parlamento, la investigación apunta ahora a otro tipo de funcionarios del Senado y la Cámara: a colaboradores de extrema confianza de cada parlamentario y que ocupan cargos como jefes de gabinete, choferes, secretarias y territoriales, cuya asignación se denomina Personal de Apoyo.

Quienes conocen el tenor de las investigaciones explican que, hasta ahora, la fiscalía ha solicitado los testimonios de asesores de senadores como Iván Moreira (UDI), Andrés Allamand (RN), Adriana Muñoz (PPD), José García-Ruminot (RN) y Carlos Bianchi (Independiente), entre otros. Además de un asesor del exsenador Andrés Zaldívar (DC), hoy presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones.

Según agregan, la diligencia se centra en aquellos asesores que ostentan las más altas remuneraciones como Personal de Apoyo. Tal es el caso del chofer del senador Moreira, Rodrigo Molina, quien estuvo imputado en el caso Penta por la emisión de boletas falsas a la empresa del holding de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, como también a otras del grupo Ariztía y Angelini.  Molina es el chofer con más alto sueldo entre los asesores que cumplen misma función en el Congreso, con $1.9 millones mensuales. En 2015 fue formalizado por la facilitación de boletas a Penta, las primeras aparecidas en la arista política del caso que conmocionó al país ese año.

En el Senado hoy trabajan casi 400 personas como personal de apoyo y es el jefe de gabinete del senador Allamand, Tomás Fuentes, el que ostenta la más alta remuneración: $5.9 millones según cifras de diciembre. Fuentes también habría recibido un requerimiento de la PDI para comparecer como testigo y entregar su versión sobre las labores desempeñadas. Todos los senadores disponen de $8.5 millones al mes para destinar a estas contrataciones, pudiendo traspasar fondos desde otras asignaciones para aumentar sueldos o contratar más personas.

Los policías han solicitado a estos trabajadores que voluntariamente alcen el secreto bancario de sus cuentas. Esto, para descartar la triangulación de recursos del Congreso entre parlamentarios y asesores.

Una tensa relación

Al interior del Congreso resienten que el Ministerio Público tenga abierta una investigación durante tanto tiempo. Sacan cuentas sobre el gasto en recursos que ha significado para el Estado esta indagatoria de la que todavía no hay formalizados ni comunicación de hechos constitutivos de delitos. La fiscalía ha señalado en sus diligencias firmadas por el fiscal Felipe Sepúlveda, que se encuentra indagando la posible existencia de fraude al fisco en el uso de asignaciones. Ha revisado informes de asesores externos, en los que ha detectado plagios de fuentes abiertas. Ha incautado informes de centros de estudios vinculados a partidos políticos, donde se ha constatado la existencia de trabajos duplicados para distintos parlamentarios de una misma bancada. Ha tomado declaraciones a representantes de esas casas de pensamiento, y hoy se encuentra profundizando la labor del personal de extrema confianza de los congresistas. Según fuentes relacionadas a la causa, un paso próximo es solicitar a algunos parlamentarios su comparecencia.

Luego de que la periodista de la UDI denunciara sus propias boletas en septiembre de 2016, la fiscalía de Alta Complejidad que entonces estaba a cargo de Carlos Gajardo, solicitó un año después a la Cámara de Diputados todos los respaldos de todos informes de todos los diputados que estuvieron en el congreso entre marzo de 2011 y 2015. Los antecedentes le fueron remitidos.

Después, en plena campaña presidenciales de 2018, una denuncia periodística reveló que informes de un asesor de Alejandro Guillier, entonces senador y candidato a La Moneda, poseían párrafos copy paste, a raíz de los cual se abrió una nueva arista, la del Senado, corporación que, asesorada por el abogado Jorge Bofill, se resistió a entregar los informes de respaldo de los trabajos.

Tras la pugna desatada entre Ministerio Publico y Senado, la Cámara Alta contrató a un abogado, Juan Carlos Manríquez, para relacionarse judicial e institucionalmente con la fiscalía. Y desde el año pasado que un exfiscal regional, Raúl Guzmán -quien dejó su cargo en la Fiscalía Metropolitana Sur para sumarse al Congreso-, pasó a representar al Senado tras ser elegido como su Secretario General.