Marión González lleva 13 años viviendo al lado de unos peligrosos vecinos. No precisamente al lado, en rigor, sino bajo sus pies. A sólo metros de su casa, ubicada en el barrio El Abrazo, existen dos enormes ductos que atraviesan casas, parques, colegios y jardínes infantiles. Su vivienda es una más de las tantas afectadas por el trazado subterráneo de un gasoducto y un oleoducto. Vecinos que no se ven, pero que representan un miedo silencioso que siempre está presente.

Cuando compró su casa Marión no tenía idea que aquellas tuberías existían, tampoco lo sabía Alejandro Gutiérrez que con el tiempo se enteró que estaban ubicadas a tan sólo metros de su hogar. Si no fuera por un vecino que le informó que uno de esos ductos, recién desenterrados, era una tubería que transporta combustible de avión al aeropuerto, no tendría idea sobre la amenaza incierta de cualquier día volar por los aires.

El temor de los vecinos se ha incrementado desde que el pasado 26 de noviembre de 2019, por unanimidad, las seremis de la Región Metropolitana y la Intendencia aprobaran el proyecto de un nuevo oleoducto cuyo objetivo será abastecer con kerosene al aeropuerto de Santiago con un caudal de 220 a 1.000 m3/hora. Hoy los vecinos temen que este oleoducto, sumado al que ya hay, termine de la peor manera posible. “El miedo más grande para mí es que exista una filtración ­­­­-cuenta Alejandro- y que esto origine un accidente mucho más grave, como una explosión”.

La empresa encargada de traer a estos poco deseados vecinos es la Sociedad Nacional de Oleoductos (Sonacol). Se creó en 1957 y hasta la fecha se ha encargado de abastecer de petróleo al aeropuerto. Su principal accionista es el grupo Angelini a través de la empresa Copec (40,80%) y Abastible (12%), lo sigue Southern Cross con Esmax Inversiones (22,12%), el Grupo Luksic con Enex (14,94%) y la estatal Enap (10,06%).

El nuevo trazado incorporará – además de los barrios El Abrazo, Los Bosquinos y Las Industrias­–nuevos sectores que no habían sido intervenidos como el barrio Pehuén, Sol Poniente, Portal del Sol y La Farfana. Desde el día que se presentó este proyecto, en el año 2016, los vecinos y dirigentes comenzaron a organizarse para rechazar el proyecto.

No al oleoducto, no a Sonacol

El proyecto, cuya inversión es de 60 millones de dólares, instalará un ducto de 12 pulgadas de diámetro (30 cm aprox) con una longitud de casi 27 km. Éste se encontrará a 1,80 metros de profundidad y transportará combustible cuyo punto de inflamación es de 38°. La empresa ya cuenta con un oleoducto, pero tiene la necesidad de implementar otro por el incremento de la demanda en el aeropuerto. Para Sonacol el sistema de oleoductos “utiliza tecnología y sistemas preventivos de monitoreo que lo convierten en la alternativa más segura para el transporte de combustibles, 37 veces más que el transporte por camiones”.

Pese a los llamados a la calma de la empresa, la Coordinadora No al Oleoducto ha realizado varias campañas de información que buscan concientizar la comunidad que desconocía lo que estaba por suceder y cómo esto les cambiaría significativamente su calidad de vida. Tanto han revuelto el ambiente que aparecieron en la filtración de informes policiales, conocida como Pacoleaks, como uno de los movimientos sociales que fueron espiados por Carabineros.

Viviana Delgado, una de las dirigentes de la coordinadora y ambientalista, vive en el barrio Pehuén hace 20 años, a escasas cuadras de donde pasará el nuevo oleoducto. Para ella este es un proyecto invasivo: “Te provoca una sensación de vulnerabilidad. Porque el miedo es real y el proyecto está condicionado a efectos climáticos y ambientales. No es algo que estemos inventando”. Marión, vecina de El Abrazo, comparte el escenario en materia sicológica: “Mucha gente que vivía aquí se enteraron del oleoducto y vendieron las casas. Se fueron de acá porque se asustaron”.

Raúl Gómez, dirigente de la coordinadora ciudadana, comenta que este proyecto ni siquiera cuenta con una zona de seguridad ante una inminente emergencia. “Este es tema es tan complejo que, primero, se vulnera el derecho a vivir en una zona segura y, segundo, nosotros no valemos nada. Somos personas de sacrificio”.

La empresa señaló a El Desconcierto que trabajaban con estrictas condiciones de seguridad y que sus sistemas preventivos hacen muy improbable un derrame. “Es por esta razón que las zonas de seguridad no están contempladas en los protocolos”, aducen.

La coordinadora se unió con la ONG ambientalista Fima, que capacita a comunidades para defender sus derechos en conflictos socioambientales, y presentaron una reclamación ante la resolución del SEA que dio el visto bueno al proyecto. Uno de los principales factores que se consideró es la significativa alteración en el sistema de vida de las personas.

Uno de los abogados de la organización, Diego Lillo, critica la manera en que la empresa decidió abordar el impacto psicológico en los vecinos: “Ese impacto que produce el proyecto sobre la salud mental no está contemplado de ninguna forma, hay ciertos lineamientos para medirlos. Pero lo que hace el proyecto finalmente es proponer una medida de compensación de este impacto que consiste en la donación de una ambulancia de bomberos, que a nuestro modo de ver es completamente insuficiente”.

La empresa, consultada al respecto, comentó que un “segundo estudio desarrollado el 2019 mostró una disminución en la percepción del riesgo de las comunidades, asociado al proyecto”. Respecto al aporte del carro-ambulancia, señalaron que correspondería a una voluntad de la empresa, y que también incorporarán “el desarrollo de un Parque Inclusivo de alto estándar, que se diseñará en conjunto con los vecinos que se ubican cercanos al trazado”.

Sin embargo, el impacto psicológico en vecinos que temen por el oleoducto y que podría generar nerviosismo, ansiedad y miedo constante es sólo una de las aristas que preocupan a la coordinadora. El otro factor es tanto o más preocupante: el agua potable.

El acuífero

El acuífero del Maipo es de suma importancia para la comuna porque abastece de agua potable a todo Maipú. La implementación del oleoducto, y su posterior funcionamiento, implicará un peligro extra para el agua ante un eventual derrame que contamine las napas subterráneas. Diego Lillo, abogado de Fima asegura que “no existen medidas de prevención, ni de contingencias para eventuales filtraciones de petróleo al agua, que es donde la Municipalidad de Maipú obtiene el recurso para repartir en su sanitaria municipal (Smapa)”.

La ambientalista Viviana Delgado cuenta que el proyecto sólo contempla una emergencia en el caso de contaminarse la copa de agua ubicada en el barrio Los Bosquinos, no así con el acuífero. “No especifica qué pasa en los cinco barrios que siguen en Los Bosquinos, en donde está emplazado el acuífero del Maipo”, declara.

Respecto a la reserva de agua, la empresa declaró que “los sistemas de seguridad de Sonacol tienen como foco, justamente, la prevención. Los mecanismos de seguridad contemplan el monitoreo 24/7 de la tubería, y el uso de alta tecnología como la inspección robótica. Esto permite detectar cambios de presión, flujo y temperatura para anticiparse a cualquier situación anómala”.

El acuífero del Maipo, sin embargo, es un área de restricción de nuevas extracciones y hoy se ve amenazado ante un eventual derrame que contamine las napas subterráneas.

[caption id="attachment_347536" align="alignnone" width="720"] Trazado del nuevo oleoducto[/caption]

Otros derrames

La empresa Sonacol ha sido responsable de al menos dos derrames ocasionados en la Región de Valparaíso. En 1996, según un informe de la ONEMI, un desastre de proporciones contaminó el sector de la comuna de Quilpué cuando el oleoducto que transportaba combustible de la Refinería de Petróleo de Concón, a la central de Maipú, sufrió una rotura. Fueron 200 mil litros de bencina que se derramaron, correspondiente a 10 camiones de tanque normal.

La emergencia ambiental se debió a un error operativo que se mantuvo por horas a causa de una sobrepresión de 1.600 lts. El aire se tornó irrespirable para los habitantes de la zona. El desastre pudo haber sido catastrófico si alguien hubiese activado el combustible.

En enero de 2001 la historia se volvió a repetir, esta vez con un derrame en Reñaca Alto, en una parcela ubicada en Santa Julia. Según consignó El Mercurio de Valparaíso, no fue hasta 15 días después que uno de los afectados se percató de una mancha negra en el piso, comprobándose cinco horas más tarde la contaminación de la napa subterránea.

La empresa comenzó un plan integral para eliminar los rastros. Cooperativa informó, meses después, que al menos por un año más Sonacol debía seguir con los operativos de limpieza, esto porque a pesar de las sucesivas limpiezas todavía se podía presenciar hidrocarburos en las napas subterráneas.

Al consultarle a la empresa sobre el derrame del 96 especificaron que “a diferencia de los años 90’, la construcción de los oleoductos -fabricados con acero al carbono- y la utilización de tecnología de punta, permiten prevenir sucesos de este tipo”.

La coordinadora, en donde también participan ingenieros ambientalistas, presentó una alternativa de trazado que buscaba que la línea de transporte de combustible partiera desde la central de Sonacol, en Curacaví, hasta la terminal aérea. El objetivo era alejarlo de las comunidades afectadas. No obstante, el trazado fue rechazado y la empresa argumentó dificultades técnicas, junto a la necesidad de dos estudios y el aumento del costo que incrementaba de 85 a 280 millones de dólares. El aumento en la inversión, aseguraron, hacía inviable el proyecto.