El Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos presentaron este martes un informe acerca de la libertad de expresión durante el movimiento social. En él agruparon antecedentes sobre vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y agresiones contra 138 comunicadores, periodistas, fotógrafos y fotoreporteros, entre el 18 de octubre y 22 de noviembre de 2019.

El documento, además, clasifica los problemas de acuerdo a las obstrucciones en el acceso a la información pública, el bloqueo de cuentas en redes sociales, las presiones sobre medios de comunicación, el cuestionamiento de profesionales y audiencias al tratamiento informativo de los medios de alcance nacional, registra amenazas a periodistas, comunicadores y medios, entre otras categorías.

[caption id="attachment_337457" align="aligncenter" width="427"] Foto: Cedida[/caption]

Entre las prácticas que más destacan están la falta de transparencia en heridos y detenidos, reuniones secretas del gobierno, ausencia de publicaciones de los decretos de toques de queda, conferencias de prensa sin respuesta a preguntas, y periodistas despedidos o apartados de sus funciones.

Así, de las 138 situaciones, existieron 90 casos de lesiones hechas por armamento disuasorio (balín, perdigón lacrimógenas), junto con 1 caso de trauma ocular, 21 denuncias de golpizas y hostigamientos, 19 detenciones y 2 casos de mujeres periodistas obligadas a desnudarse en Comisarías.

Javier García, del Observatorio del Derecho a la Comunicación, señaló: "El presente informe muestra que todo aquello alertado hace dos años respecto de vulneraciones al derecho de acceso a la información pública, el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación, lo hemos visto exacerbado estos días. El respeto a la libertad de expresión no se encuentra asegurado”.

En cuanto a la intervención a personas que vieron vulneradas sus libertades, 283 casos fueron vinculados con la baja de cuentas y bloqueo de acciones en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Usuarios que publicaron imágenes, videos y registros audiovisuales sobre las diversas situaciones de vulneraciones y violación a los Derechos Humanos durante el estado de emergencia.

Según el informe ,"la baja de este contenido implica la pérdida del material para futura visualización y para sus diversos usos públicos a modo de evidencia, registro, testimonio y memoria de los acontecimientos ocurridos relativos a violaciones de derechos humanos".