Fue un anuncio al menos incómodo para el gobierno: durante el tradicional "caldillo de congrio" de todos los 1 de enero, desde el Partido Comunista señalaron que van a llevar las denuncias por violaciones a los derechos humanos (reconocidas por al menos cuatro organizaciones internacionales) ocurridas en Chile desde el 18 de octubre hasta hoy, a la Corte Penal Internacional (CPI).

El organismo, de acuerdo a Human Rights Watch, funciona como "un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad". Los casos que revista la CPI son llamados "situaciones", la investigación de cada situación es por oficio (tras la presentación de los argumentos a un fiscal) y los procesos pueden demorar años. Desde que comenzó su funcionamiento, en 2003, la Corte ha fallado en contra de Yugoslavia y Ruanda.

El diputado Guillermo Teillier adelantó durante el jueves que su correligionaria, la diputada Carmen Hertz, es quien lidera el trabajo que busca darle forma a la presentación. En esa línea, adelantó que será el próximo martes el día en que recibirá un primer borrador del documento. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, criticó el anuncio: "Cuando uno entiende la democracia y cree en ella, lo primero es alejar cualquier tentación de interrumpir un mandato democrático validado por la ciudadanía". Y agregó: "El Estado de derecho en Chile funciona. Tenemos instituciones, tribunales, fiscalías que están investigando y van a ir abordando cada uno de los casos que se han conocido en el país en materia de abuso o atropello policiales".

Pese a eso, no son solo los comunistas los que están evaluando dar ese paso internacional.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos también está haciendo el trabajo a escala extrafronteriza. Lo suyo, según cuenta Carlos Margotta, presidente del organismo, ha considerado también los alcances locales: “La primera acción judicial que nosotros presentamos fue por tortura y fue en el caso de un muchacho que fue torturado en la 3° Comisaría de Santiago”, detalla.

—¿Cuántas denuncias llevan hasta ahora?

"Son varias, pero no todos crímenes de lesa humanidad. Pero sí ocurre que en la mayoría de los casos, cuando se trata de torturas o mutilaciones, se hace contra el Presidente de la República, contra el ministro del Interior y contra el general director de Carabineros. En particular, contra el Presidente Piñera, debemos tener unas cinco o seis, todas declaradas adminisbles".

—¿No buscan responsabilidades en los autores materiales de los hechos?

"Como institución dirigimos nuestras acciones penales contra el Presidente hacia abajo; no solo contra los autores materiales. Esto no es un capricho, sino que va en línea con la normativa vigente".

—¿Cuántos casos así, que apunten a tal responsabilidad, llevan hoy?

"Hoy en día llevamos más de 100 casos. Pero pasa que algunas querellas están por presentarse aún. Las que mencioné son las que ya están presentadas. Pero no significa que estemos preparando más de 100 querellas contra Piñera".

—¿Cuál es la estrategia?

"Nosotros hemos dicho que nuestra estrategia jurídica va a ser interponer todas las acciones penales para obtener verdad, justicia y reparación, respecto de las víctimas de violaciones de los derechos humanos desde el 18 de octubre en adelante. Además, vamos a tener una línea paralela, que significa recurrir al sistema de protección internacional de los derechos humanos, que tiene dos áreas: el sistema interamericano, que tiene que ver con la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y además, los otros órganos de carácter universal y que son, entre otros, la Corte Penal Internacional. Pero cuando así lo estimemos pertinente, desde el punto de vista los hechos que fundamentan un accionar de esa naturaleza".

—¿Cuál es el estado actual de dicha acción?

"Lo estamos estudiando, por supuesto. Hay gente que se ha acercado y que sabe que tenemos esa estrategia. De hecho, tenemos abogados especialistas del tema que están estudiándolo".

—¿A qué apuntan tales acciones? ¿Qué consecuencias se barajan?

"Las Naciones Unidas han generado los mecanismos tendientes a que, si en tribunales nacionales no se obtiene la verdad, la justicia y la reparación, está la posibilidad de recurrir a estas instancias. Como institución por supuesto tenemos que ocuparlo".

—¿Trabajan en otras acciones de mismo tipo?

"Estamos preparando una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La tenemos prácticamente armada. Paralelamente, estamos estudiando la posibilidad de recurrir a la CPI, para llevar a las más altas autoridades del país para que respondan a las violaciones de derechos humanos ocurridas desde octubre".