"Información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de big data", que además conllevaría evidencia de la intervención extranjera en las protestas iniciadas el 18 de octubre. Así presentó el ministro del Interior Gonzalo Blumel el informe de big data que entregó el pasado 19 de diciembre al fiscal nacional Jorge Abbott.

Un informe cuyo contenido hizo pasar más de un dolor de cabeza al Ejecutivo, que tras entregarlo negó tajantemente estar involucrado en su autoría.

Pero el día llegó, y finalmente se conoció que la autoría de dicho informe corresponde a la empresa española Alto Data Analytics, la que lo hizo llegar a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

La información fue publicada por el diario La Tercera, y en ella afirman que fueron "fuentes de inteligencia" las que revelaron quién era el autor del texto, "lo que posteriormente fue contrastado con altas fuentes de La Moneda que confirmaron la información".

Alto Data Analytics

De acuerdo a lo publicado por el medio, la firma fue creada en 2012 por el español Alejandro Romero y tiene oficinas en Madrid, Washington D.C. y Sao Paulo.

Entre sus experiencias se encuentran colaboraciones con investigaciones sobre el rol de las redes sociales en diferentes eventos como el referéndum en Cataluña, las elecciones en Italia, o los "chalecos amarillos" en Francia. 

Según la descripción que tiene la empresa en su página web, “el software y los algoritmos de inteligencia artificial de Alto convierten miles de millones de puntos de datos públicos en ciberinteligencia accionable para una mejor y más rápida toma de decisiones”.

¿Se encargó solo? ¿llegó gratis?

Independiente de que finalmente se conozca quiénes realizaron el polémico informe, aún permanecen dudas importantes en este episodio, como quién lo encargó, con qué objetivos, y cuánto costó. Respecto de esto último, el gobierno ha afirmado que no costó ni un peso de las arcas fiscales, pero si el informe fue hecho llegar a la ANI, lo más lógico sería pensar que el monto para pagar a la empresa, fue sacado de los gastos reservados.

Algo que por el momento es especulación, pero que parlamentarios como el diputado Diego Ibáñez (CS), pretenden revelar a través de un oficio al Ministerio del Interior.

Por ahora, si bien se conoció uno de los antecedentes claves de esta trama, aún permanecen en la oscuridad partes relevantes de la misma, a la espera de que el propio gobierno, los servicios de inteligencia, o el accionar de parlamentarios, develen a la ciudadanía los antecedentes del informe que acusó al K-pop, a Claudio Bravo, a Mon Laferte, y a otros actores del mundo de la cultura y el deporte, de ser los grandes artífices de los comentarios contrarios al gobierno en redes sociales, y de contribuir a la organización de las manifestaciones iniciadas el 18 de octubre.