El Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Justicia y Derechos Humanos de Antofagasta, Juan Enrique Jara, quien actualmente ejerce como titular de Gobierno Subrogante en la zona, amenazó el martes pasado a las organizaciones sociales que están convocando a marchar y manifestarse por el estallido social que se vive desde el 18 de octubre. En una conferencia de prensa, aseguró que "nosotros como gobierno vamos a hacer exigibles todas las responsabilidades penales que establece la ley, a través de querellas de ley de seguridad interior del Estado, y todo aquello que permita que la ciudadanía pueda recuperar el orden público y la paz necesaria".

Sin embargo, hace muy poco y también desde el mundo social, se enteraron que la autoridad es hijo del teniente coronel en retiro del Ejército, Juan Renán Jara Quintana. Este último fue condenado en 2018 -junto a otros ocho oficiales- a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autores de los delitos de homicidio calificado de las personas Littre Abraham Quiroga Carvajal y Víctor Lidio Jara Martínez, hechos ocurridos en la ciudad de Santiago el 15 de septiembre de 1973.

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En conversación con El Desconcierto, el vocero de la Agrupación Providencia, sitio de memoria en un ex centro de detención y tortura, Héctor Maturana, explicó que "nos dimos cuenta que no hubo transparencia en la designación de Juan Enrique Jara como Seremi de Justicia. Es un cargo que está ligado a justicia y derechos humanos. Al momento de asumir, él debió haber dicho que no correspondía por las implicancias de su padre. Para nosotros es un hecho gravísimo la poca transparencia en su designación".

Además, Maturana agregó que "en este mes (noviembre) no hemos tenido ningún contacto. Ellos como gobierno han hecho una pésima labor. La seremía de justicia y derechos humanos en ningún caso se ha referido a las muertes y violaciones que han sufrido los manifestantes en este estallido social, en ningún caso se han referido a las personas que han perdido sus ojos producto de los perdigones que dispara Carabineros. No hay información ni postura respecto a estos temas".

El Desconcierto, a través de los certificados de matrimonio y nacimiento del Registro Civil, corroboró que Juan Enrique Jara es, efectivamente, hijo de Juan Renán Jara.

UDI, pro Kast, pro vida y pro lucro en la educación

Enrique Jara es abogado de la Universidad de Los Andes y militante de la UDI. En 2009 fue candidato a diputado por la Región de Coquimbo. Durante la campaña, brindó entrevistas donde dijo que la educación la concebía como un bien de consumo y aseguró que presentaría un proyecto "para que las familias más pobres puedan elegir colegios más caros para sus hijos, apoyados por un subsidio del gobierno y entregar un bono para que ellos consuman mejor educación".

Además, se define como religioso y "pro vida", por eso se ha manifestado abiertamente en contra de los derechos de las mujeres, se opuso a la píldora del día después y al aborto en tres causales. También siente cercanía con el ultraderechista José Antonio Kast, a quién le ha escrito mensajes de apoyo en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/juanenriquejara/status/938549635970461697

Contactado por este medio, la autoridad regional dijo que por ahora no realizará ninguna declaración ya que está estudiando la situación.

El sitio de memoria que hoy es una escuela de suboficiales

Cabe agregar que el sitio de memoria Providencia fue declarado monumento nacional en mayo 2016. Pero desde este año, está siendo ocupado como escuela de suboficiales por parte de Carabineros.

Héctor Maturana explicó que su presencia "obstaculiza y dificulta el proceso iniciado por nuestra agrupación de convertir el espacio en un sitio memoria efectivo, que tenga incidencia en la formación de nuevas generaciones que sean protagonistas de su destino y con una férrea cultura de respeto y promoción de los derechos humanos, que derrote tarde o temprano las prácticas recurrentes de Carabineros, Ejército y otras ramas de las fuerzas armadas".

Por esto, Maturana había tenido algunos diálogos con el Seremi de Justicia, pidiendo reuniones también con la Intendencia Regional, para encausar su demanda de recuperar el espacio y convertirlo realmente en un sitio de memoria, "donde tengamos acceso directo y plena participación". Pero explicó que "solo se han quedado en palabras de buena voluntad, nada en concreto, no ha tenido gravitación. Ahora que conocemos su enlace familiar, tampoco nos parece un interlocutor válido".