La agenda de seguridad anunciada ayer por el Presidente Sebastián Piñera prioriza el orden público y la imagen de autoridad, a costa de dinamitar los débiles brotes de contención política de la crisis social en curso. El propósito más probable es recuperar el apoyo del sector más duro de la derecha, a través de medidas autoritarias que endurecen su timón, pero azuzan el fuego callejero, encienden la pradera en el Congreso y desatan el uso indiscriminado de la fuerza policial, con su conocida estela de violaciones a los derechos humanos.

Pese a su irracionalidad, esta decisión responde a ciertas intuiciones de un sentido común bien básico. Primero, suponer que se detendrá la fuga de respaldo ciudadano por el flanco conservador. Segundo, apelar a la angustia de las Pymes saqueadas o cerradas y al temor al desempleo de los trabajadores de ese sector. Tercero, involucrar en su iniciativa a los tres poderes del Estado que integran el Cosena, recordando de paso que las FF.AA todavía ocupan pequeños espacios “consultivos”.

No obstante, si algún emprendedor pensaba dormir tranquilo anoche, esta mañana despertó en un clima de mayor crispación y miedo. Si algún acuerdo se había alcanzado en el Congreso, hoy se verá opacado -o a lo menos postergado- por las urgencias impuestas sobre los mismos disensos que ya existían en materia de seguridad. Y si aún sobreviven incentivos para la protesta pacífica, el desenfreno de la indignación tendrá la calle más desocupada para destruir infraestructura y recibir perdigones.

Es cierto que ningún gobierno puede abdicar de su deber de garantizar el orden público; menos uno de derecha, que se encuentra sometido a la presión de un segmento de su sector declaradamente nostálgico de la seguridad nacional. No olvidemos que detrás de José Antonio Kast hay electores genuinamente convencidos de que la represión es la única salida al conflicto. Hasta ahí podría resultar casi sensata la idea de coquetear con la narrativa del enemigo interno.

Pero lo de anoche en la Moneda fue una ridícula advertencia sobre el peligro que correría la seguridad nacional, un concepto trasnochado de la guerra fría, muy diferente al de seguridad pública. De ahí que el Cosena no está llamado a combatir la delincuencia, sino a respaldar la atención a problemas de integridad territorial, defensa o terrorismo. Sin embargo, y en medio del prime time, se nos informó anoche que la cita de los tres poderes del Estado y las FF.AA buscaba apurar el tranco de los procesos judiciales, los trámites legislativos y la inteligencia policial. O sea, una vulgar puesta en escena que sumó desaciertos a la cuenta de Piñera.

Después de 20 días de conflicto, la respuesta represiva solo ha logrado enardecer los ánimos y replegar la manifestación pacífica, dejando espacio abierto a la violencia. Sin cerrar ese derrotero, el Gobierno ha intentado  abrir un camino lateral, alimentando el miedo a la turba y el pánico al saqueo. Pero la secuela de violaciones a los derechos humanos ha resultado mucho más violenta que el pillaje, lo que ha obligado a explorar un tercer sendero: el empate moral entre las víctimas uniformadas y las civiles.

Y mientras el barril de Piñera más se llena de halcones, temores y nostalgias autoritarias, más se desfonda de aprobación ciudadana y paz social.