Emergencias del estallido social en Chile
Las imágenes de una movilización enorme, el uso del espacio público poniendo en acto con fuerza el descontento ciudadano, la postergación y el menosprecio, la exclusión y el pisoteo de más del 80% de la clase trabajadora chilena que vive explotada, no tiene que ver con un desencuentro casual. La destrucción del transporte público, primero, y las posteriores portadas de un inmenso malestar, así como el decreto de “estado de emergencia” y la instalación de “guerra” por parte del Presidente Sebastián Piñera, tampoco. Hace más de dos décadas circulan una serie de investigaciones y discursos en torno a los daños colaterales del modelo neoliberal –instalado en conjunto al asesinato y el hostigamiento de la población en Chile durante la dictadura militar– y mantenido en todos los gobiernos de nuestra democracia restringida.
Los discursos sostenidos desde las autoridades públicas sobre lo imprevisible del movimiento y con ello, el imperativo de restauración del orden, son todas fórmulas negacionistas del conflicto social, el que ha sido profundamente incubado durante este reciente medio siglo en Chile. Podemos afirmar que nuestro diagnóstico de la situación está más o menos consensuado: la clase política, y en particular la derecha política-económica del actual gobierno, resguardan una y otra vez sus privilegios en sus llamados al orden, a la unidad y al control. Si solo consideramos el problema de la violencia de Estado y de la fragilidad de nuestra democracia en la última década, podemos dar testimonio de la presencia de torturas cada vez más instaladas en el encuadre cotidiano de la protesta social[1]. Día a día, la represión inscribió en nuestro imaginario una marca que hoy nos parece parte del paisaje normal de la protesta social: la violencia de Estado, los heridos y los muertos en democracia es algo posible (¿acaso esperable?) que ocurra en Chile por protestar.
Efectivamente, sabíamos que el orden público en Chile limitaba el derecho a la protesta social, tanto en términos legales como constitucionales, y que resultaba contrario al estándar del Derecho Internacional de los DDHH suscrito por Chile[2]. No obstante, creemos que es preciso no olvidar, pese a todo, qué es lo que perdemos cuando nos violentan. La protesta social tiene por objetivo hacer posible la demanda del resto de los derechos, es un derecho sostenido en el principio de la libertad de expresión y de reunión. Si cualquiera de dichos principios se ven restringido o anulado, el otro rápidamente queda inhabilitado, perdiendo oportunidades de visibilizar peticiones de ciertos grupos sociales.
En la capa profunda y densa de nuestra vida cotidiana, la secuencia “manifestación abierta del malestar causa conflicto, entonces, genera efectos catastróficos” es, sin duda, un lugar conocido y padecido por todxs. Así, y tristemente, nos damos cuenta una vez más que el derecho a la protesta social nunca estuvo garantizado. A la fecha, 25 de octubre de 2019, constatamos de manera radical la cancelación de los derechos a la protesta social: la aplicación de estados de emergencia, de la ley de seguridad interior del Estado y de toques de queda. Contamos ya con 6 noches de toque de queda en diversas zonas del país y las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos -ente oficial- son abrumadoras[3]: 2840 personas detenidas, 1756 personas de regiones y 1084 en Santiago; 582 personas heridas y 295 de ellas con armas de fuego; 12 querellas por violencia sexual y 5 querellas por homicidio.
“Sin brújula”, como han comentado algunos medios[4], es un modo de hacer gobierno que nos muestra la imposibilidad de admitir la realidad de los hechos y de las posiciones ciudadanas enunciadas. Lo que se demanda no es sólo un encuentro sino, y antes que nada, un reconocimiento en el cual el “norte” está signado en la palabra y el cuerpo de nuestra clase trabajadora: ¡reconocer los derechos y la dignidad existencial ahora!
- fin a las brechas inaceptables de la distribución del ingreso y de la cultura entre los más ricos y más pobres,
- fin a los sueldos y las pensiones de hambre,
- fin a la segregación de la ciudad y la educación.
“No son 30 pesos, son 30 años”: La voz que se ha hecho una haciendo frente a la violencia rescata de la memoria el despojo hacia los y las trabajadoras de este país. Dicha voz, instalada desde el cansancio frente a la injusticia, nos habla de la transmisión de una historia que hace retornar las demandas de antaño que reivindican experiencias antes marginalizadas, hoy comunes, que exigen ser escuchadas. Quien lucha está instalando un testimonio históricamente acallado y enuncia su derecho a ser escuchada: se ha reabierto un espacio discursivo que es una lucha por la dignidad.
En último término, son demandas que apuntan a la desmercantilización de aquellas dimensiones en las cuales ha primado el mercado -y las ganancias de grupos económicos chilenos y extranjeros-, dejando en un lugar desvalorizado el encuentro entre seres humanos. Junto con lo anterior, los retoños de un pasado de represión nos impele a recordar que los discursos que avalan el odio, el miedo y el terror sólo llevan a la defensa de la propiedad privada sostenida en una dolorosa herida de clase; los que además de restar espacio en el debate público respecto de la convivencia y cohesión social, colaboran en la legitimación del rol represivo y abusivo de las fuerzas armadas y de orden en la protesta social, así como también justifican la supresión del derecho a la libre expresión y asociatividad ciudadana. Estos discursos no deben tener un lugar si hablamos de regímenes democráticos.
Frente a este escenario, y en consonancia con nuestro deber de defender el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, rechazamos rotundamente la forma en que el gobierno de Chile ha enfrentado las manifestaciones que se están llevando a cabo desde el lunes 14 de octubre. No solo hemos registrado violencia política de tipo física y sexual hacia la ciudadanía, también se ha privilegiado el uso de métodos psicológicos –tal como el manejo de la información por parte de los medios de comunicación, seleccionando, censurando o tergiversado el reportaje de los acontecimientos– lo cual infunde un miedo generalizado en la sociedad que promueve la desarticulación de los lazos de confianza entre las personas, tan necesarios en estos momentos.
A pesar del pavor y la incertidumbre, se hace urgente mantener la esperanza de que podamos colaborar en sostener el conflicto social con palabras, entretejiendo los distintos registros de nuestra experiencia con nuestros pensamientos, acciones y gestos humanizantes, humanidad que la violencia en todas sus formas queda puesta en entredicho.
-Valeska Orellana M. Psicóloga Clínica, Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.
-María Paz Moraga S. Licenciada en Psicología. Unidad de Investigación “Trauma, memoria y procesos de simbolización”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
-Macarena Goñi R. Psicóloga, Dirección de Asuntos Estudiantiles, Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile.
-Pablo Cabrera P. Académico del Departamento de Psicología, Universidad de Chile.
[1] Véase: Centro de DDHH/UDP. (2012). Informe anual sobre DDHH en Chile 2012. Capítulo 8. Protesta social y DDHH. Facultad de Derecho. Universidad Diego Portales. Ediciones Universidad Diego Portales; Centro de DDHH/UDP. (2015). Informe anual sobre DDHH en Chile 2015. Capítulo 3. La tortura en Chile: Estado actual desde la reforma procesal penal. Facultad de Derecho. Universidad Diego Portales. Ediciones Universidad Diego Portales; Instituto Nacional de DDHH. (INDH). (2011). Informe DDHH y función policial en el desarrollo de manifestaciones estudiantiles; Instituto de DDHH. (INDH). (2014). Informe anual. Capítulo 3. Función policial y manifestaciones públicas; Instituto de DDHH. (INDH). (2015). Informe anual.
[2] Tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) adoptada en 1948, https://www.derechoshumanos.gob.cl/ddhh/declaracion-universal; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Ratificado por el Estado de Chile el 10 de febrero de 1972, https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf; y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984. Ratificada por el Estado de Chile el 30 de septiembre de 1988, https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat_SP.pdf
[3] Reporte INDH del 24 de octubre de 2019 a las 22:00 hrs. https://www.instagram.com/p/B4BewO7J3_Q/
[4] El Mostrador (21/10/2019):
