Cuando Diego Cifuentes Venegas (20) despertó, tenía fracturado el cráneo. Sus últimos recuerdos del sábado 19 de octubre son esas sombras de las fuerzas de orden golpeándolo en el suelo. Del que le fracturó la cabeza, sin embargo, tiene más detalle: fue la culata de un arma que usó un carabinero. 

Lo subieron al furgón policial y entonces recobró un poco la conciencia. En el Hospital Carlos Van Buren constató lesiones. Estaba aturdido, pero tenía algo claro: molido a golpes, consignó que fueron los agentes estatales los que lo dejaron así. Esa convicción, dice él, lo llevó a la cárcel.  

“Me contó el pasado miércoles, en la Penitenciaría, que el carabinero encargado de él en la posta, empezó a comunicarse con otros carabineros. Personal médico resolvió que Diego debía mantener reposo y ser derivado a una interconsulta a un traumatólogo. Carabineros hizo caso omiso y lo llevaron de vuelta a la comisaría”, cuenta María Pía Bequer, una de las abogadas que está siguiendo la defensa del caso.

Esa noche la pasó en la Segunda Comisaría de Valparaíso. En la madrugada lo despertaron para declarar sus responsabilidades. En la duermevela vio algunos militares entrando con un bolso negro, entregándoselo a Carabineros, sacando bombas molotov y materiales para armar otras. Junto a Diego habían otros cuatro detenidos, todos quienes firmaron sus actas de detención juntos. A Diego, sin embargo, lo obligaron a firmar lejos de los demás. 

En dicha acta le endosaban el hurto de especies en lugar no habitado, cosa que, a pesar de su agotamiento, Diego notó. Se negó a firmar. En el parte, sin embargo, se lee que lo encontraron con distintas especies robadas –desde polerones, pasando por teléfonos, hasta perfumes– obtenidas en el saqueo a la multitienda Ripley, ubicada al frente de plaza Victoria, lugar donde fue detenido. Agregaron además que portaba elementos incendiarios, los mismos que vendrían en el bolso de los militares que vio. 

Finalmente Diego fue formalizado por robo en lugar no habitado y porte de armas.

Él está dentro de las 3.193 personas detenidas desde el sábado 19 de octubre, cuando se decretó el primer toque de queda en el país. Dicha cifra es la que recoge el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al día 27 de octubre, su última actualización hasta el cierre de esta edición. El director regional de Valparaíso, Fernando Martínez, remarca que dicha cifra “va modificándose todos los días” y que a nivel regional no cuentan aún con un consolidado en detalle. Sin embargo, estima que la región de Valparaíso cuenta con “no menos de 10% de los detenidos a nivel nacional que ha constatado el Instituto”.

“Los carabineros aprovecharon de hacer fotos y, con el fin de asociar eso a Diego, recurren al pañuelo que llevaba ese día. Dicho pañuelo era de un centro cultural y los carabineros lo colocaron junto a las bombas y a las especies robadas”, afirma la abogada María Pía Bequer.

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A la una de la tarde del domingo 20, en la sala 1 del Juzgado de Garantía de Valparaíso, la jueza Sylvia Quintana Ojeda manifestó “lo poco creíble” que fue la versión de Carabineros, lo que agregado a la intachable conducta anterior de Diego –“papeles limpios”, como se dice–, la llevó a resolver el rechazo a la prisión preventiva. Sin embargo, casi a las 10 de la mañana del pasado lunes 21 de octubre, en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de la ciudad, revocaron dicha decisión. Los ministros Raúl Mera Muñoz, Pablo Droppelmann Muñoz y María del Rosario Lavín Valdés, decretaron la prisión preventiva de Diego, dejándolo desde entonces dentro de la Penitenciaría de Playa Ancha durante 90 días, fecha en la que debe recibir su próxima audiencia.

María Pía Bequer, en entrevista con El Desconcierto, planteó la serie de inconsistencias que conformaron su caso: “Primero que todo, Diego no andaba con mochila, solo con su vestimenta. Diego es un cabro chico súper flaco. Entonces, ¿cómo iba a meterse bombas molotov y especies dentro de su cuerpo? Esto es una venganza porque quiso denunciar que los carabineros le rompieron la cabeza, endosándole unas bombas molotov y los hurtos”. La abogada asegura que Diego nuevamente fue agredido, esta vez dentro de la Penitenciaría, de parte de un gendarme.

Recién el lunes, su madre, Claudia Venegas, confirmó lo que su presentimiento dictaba en la medida que los mensajes y llamadas del sábado y domingo pasados no eran respondidos por su hijo mayor. Claudia llegó el martes a Valparaíso desde Los Ángeles y solamente el viernes 25 de octubre pudo verlo, lapso en el que a Diego le negaron las visitas y las llamadas familiares, sumado a un período de aislamiento indeterminado. “Me contó que estuvo algo así como dos días en la sala de aislamiento, aunque no está seguro dado que perdió la noción del tiempo: quizás no fueron dos, sino que uno. Aún no se explica por qué la jueza de garantía señala que no ha lugar su prisión, mientras que en la Corte de Apelaciones sí”.

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Diego es oriundo de Los Ángeles y desde 2011 es scout. Desde su grupo, llamado San Rafael, enviaron una carta de apoyo señalando sus virtudes y participación constante en los “numerosos voluntariados (…) como celebraciones navideñas a hogares de menores y restauración de escuelas rurales”. Quizás esa experiencia determinó su llegada a Valparaíso, ya que hoy se encuentra estudiando restauración patrimonial en el Duoc UC. Su director, Diego Rodríguez Spoerer, también hizo presente su apoyo: remarcó que sus atributos no son tanto sus calificaciones como sí “su calidad humana, el respeto a sus profesores y compañeros, su tranquilidad y buen humor, siendo un gran aporte en la sala de clases”. En cuanto a sus convicciones políticas, su madre lo narra como “un convencido en la lucha por la igualdad, en contra de las injusticias, está siempre peleando por sus ideales”.

 “Desde que supe esto, me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Yo no conozco a nadie aquí, todo lo estoy haciendo sola. Se me hace difícil. He hecho bastante difusión por redes sociales; de hecho, convoqué a una marcha en Los Ángeles desde las 18:00 de hoy (viernes 25). Es que toda la ciudad está enterada, así como medios de comunicación locales”, agrega Claudia, la mamá de Diego.

Esta semana se sabrá si acogen un recurso de amparo a favor de Diego.

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Hasta el cierre de esta crónica, Fernando Martínez señaló que Diego estaba “de buen ánimo”, que lo ayudaron a conversar con su pareja y familia. El caso ha sido uno de los más compartidos en las redes sociales y eso lo sabe Martínez, por lo que aprovecha de señalar sobre Diego que su “situación no es la que se ha denunciado en redes sociales (…) y no se encuentra en riesgo”. Sin embargo, las noticias no son tan auspiciosas para el joven, dado que los cargos que se le imputan hacen que Martínez considere que está en una “situación jurídica compleja”. 

“Independientemente de cuáles sean sus eventuales responsabilidades, eso no autoriza a que se le haya golpeado de la forma en que se le golpeó al momento de detenerlo”, dice el director. Y agrega: “Diego Cifuentes sí ha sufrido una violación de derechos humanos por uso excesivo de la fuerza y eso es lo que nosotros vamos a perseguir penalmente”.

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“Caí al piso al tiro. Tengo pocos recuerdos de ese instante dado que entré en una crisis de pánico, mi cuerpo empezó a sudar por completo, mis manos tiritaban”.

Martes 22 de octubre, 17:00 horas. Minutos antes, Ezequiel Barahona Bugueño(19) decidió acercarse a la esquina de Sucre con calle Valparaíso, afuera de Farmacias Ahumada, en el sector de la plaza de Viña. El ánimo festivo de la protesta se tornaba más tenso, con la presencia de algunos encapuchados y con la abrupta llegada de carabineros. De hecho, se podía apreciar una micro policial (“la cuca”) avanzando en contra del sentido del tránsito por la calle Viana.  Entre Villanelo y Quinta, el bólido casi choca de frente con un automóvil, dejando a su chofer y a su copiloto visiblemente asustados.

Ezequiel es de Copiapó y se vino a estudiar Ingeniería en Comercio Exterior en el Duoc UC. Vive en el centro de Viña del Mar, por lo que le fue sencillo reunirse con cinco amigos, entre ellos, tres compañeros de carrera, para sumarse a las masivas manifestaciones en la ciudad. Es que para todos era una sorpresa: desde la álgida coyuntura a lo inusual de ver protestas en una ciudad poco habituadas a ellas.

Pasadas las 17:00 horas, los carabineros concentraron a la altura de la estación Viña del Mar y la Plaza Sucre, e iniciaron el lanzamiento de bombas y chorros de agua con químicos lacrimógenos. Prontamente actuaron algunos encapuchados, lo que, según Ezequiel, tuvo como respuesta inmediata el disparo de parte de carabineros: “No estaba tirando piedras. Estaba cerca porque me sorprendió la cantidad de disparos y pensé que lo hacían contra otra cosa. Era mucha la gente, estaban disparando a quemarropa y fueron al menos unos 20 disparos”, relata.

Ezequiel recibió un proyectil en el muslo derecho, cerca de la rodilla. En el suelo y preso del pánico, vio a su alrededor y recuerda que “los pacos se iban encima de la gente con lumazos y con las armas de servicio”. Quedaban tres de los cinco amigos –los otros dos habían partido una hora antes–, entonce un par de ellos cargaron a Ezequiel hasta el pasaje Cousiño y otro se encargó de registrar la situación a fin de que a futuro sirviera como prueba.

[caption id="attachment_320745" align="alignnone" width="1280"] Ezequiel Barahona, tras recibir el impacto de bala.[/caption]

Para fortuna de muchos de los heridos, la proliferación de cámaras hizo que Ezequiel pudiese acceder, al menos, a 4 registros en los que se ve a carabineros apuntando con sus armas de servicio hacia los manifestantes. Así también resultó fundamental la presencia de, hasta ese momento, desconocidos ciudadanos que ofrecieron sus vehículos para trasladar heridos. Fue en la parte trasera de una camioneta blanca donde subieron a Ezequiel, en la que compartió con otro herido.

“Él tenía una de sus piernas para la embarrada, tal vez por un balazo, y gritaba muchísimo por el dolor. La camioneta quedó empapada de sangre, lo que me dejó más impactado aún. En el transcurso, yo buscaba calmarlo, pero se desmayó dos veces antes de que llegáramos al hospital Gustavo Fricke. Allí parecía todo como una guerra”, recuerda.

En el lugar, eran varios los heridos: uno con el perdigón dentro de un ojo y otro con la mano perforada. La tensión aumentó cuando una señora increpó a los heridos de la protesta: “La vieja nos gritó ‘¡pendejos culiaos, andan puro hueviando y por eso les pasó ! Yo ando aquí hace dos días con mi hijo. Esto que les pasó lo tienen merecido y no deberían atenderlos’”.

A la espera de la radiografía, Ezequiel, agotado, pero con más calma, se durmió hasta que una señora sentada al lado suyo, alarmada, lo despertó.

“Lo hizo porque estaba sangrando mucho. Al ver la sangre en el piso, me estresé más y pensé que iba a morir”, detalla Ezequiel.

Fue ahí cuando llamó a sus padres, algo que había tratado de evitar: “Mi viejo estalló en llanto y me retó, por impotencia. Quería que me quedara en casa, o que marchara por mis derechos, pero que apenas viera que llegaran los pacos, me fuera. Claramente, lo dijo por los malos recuerdos de la dictadura. Llamó a mi mamá de inmediato, quien a su vez me llamó llorando desesperada”, cuenta. 

La madre no bien colgó, tomó algo de ropa y se subió de inmediato a su camioneta que la llevaría de Copiapó a Viña del Mar: 823 kilómetros, 10 horas de viaje durante toque de queda que la tendrían a las 05:30 de la madrugada del miércoles 23.

Ezequiel fue pasado por rayos X. A la espera del diagnóstico, preguntó a su radiólogo: “Flaco, lo único que me preocupa es saber si me voy a quedar cojo o no”.

Al oír esto, la respuesta fue clara: “Mira, no te tengo por qué decir esto, pero lo que te llegó fue una bala”.

Una bala 9 milímetros. “Aún la tengo y me tienen que operar para sacarla. Me llegó a milímetros de la rodilla; atravesó justo al medio del fémur de la pierna derecha. El doctor me dijo que si pasaba unos pocos milímetros más al lado, rompía la arteria femoral y habría muerto desangrado en menos de 10 minutos”, explica Ezequiel.

Según las últimas cifras del INDH, Ezequiel se sumó a la lista de 245 personas heridas por armas de fuego en todo el país desde que estallaron las protestas. Sin embargo, el director regional de Valparaíso afirmó a El Desconcierto que las víctimas por armas de fuego ascienden a más de 500 personas.

Ya afuera del hospital, Ezequiel, en silla de ruedas y en medio del toque de queda, estaba viendo cómo llegar a su casa. Se le ocurrió pedir ayuda a un carabinero que le preguntó qué le había ocurrido, quién le había disparado. El estudiante no dudó en decirle la verdad, a lo que el carabinero le respondió: “Entonces, tonto hueón, arréglatelas solo. ¿No te gusta andar en marchas?”

Para el director regional del INDH, lo sufrido por Ezequiel responde a “una práctica sistemática” de Carabineros durante esta semana y no duda en señalar que en la región de Valparaíso “ha habido un uso de armas de fuego absolutamente desproporcionado en relación a la gravedad de los hechos que pudieran haber ocurrido en el contexto de las manifestaciones”.

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Desde que iniciaron las movilizaciones nacionales, han sido diversos los grupos de abogados y estudiantes de derecho que se han organizado en colectivos, o “piquetes jurídicos”, con el objetivo de velar por el respeto a los derechos humanos de los manifestantes, sobre todo de los detenidos por carabineros o los militares.

Afuera de la Fiscalía de Valparaíso está Tamara Espinoza (25), quien es parte del Piquete Jurídico Quinta Región. Solamente en esta semana, asegura, han reunido más de 50 denuncias. Dice que una de las mayores complicaciones que reviste su trabajo, tanto para ella como para las víctimas, es que carabineros y militares no anden con su identificación.

“Tenemos múltiples víctimas y no sabemos quiénes fueron sus agresores; solo podemos identificarlos como funcionario de Carabineros o funcionario de las Fuerzas Armadas. A pesar de que nosotros podemos entablar denuncias, interponer querellas, esto puede que no llegue a ninguna parte, porque nunca vamos a saber quién efectivamente disparó o agredió a la persona. Eso implica que las víctimas se sientan desamparadas y que no haya justicia para ellas”, dice Espinoza.

Otro grupo es la Red de Abogados y Observadores de Derecho Humanos, que reúne a jurisconsultos del Partido Humanista e independientes. Uno de sus miembros es John Parada, quien, al igual que Tamara Espinoza, critica el actuar de carabineros.

“La disposición de ellos es muy mala –cuenta Parada–, nos esconden la información. Yo, y los más de los 70 abogados que tenemos desplegados en terreno, hemos tenido diversos problemas para poder entrevistar a los detenidos”.

Finalmente, el director regional del INDH afirma que los límites del Estado de Emergencia decretados por el gobierno han sido sobrepasados: “Solo se permite limitar la libertad de locomoción y el derecho de reunión; sin embargo, parece que hay bastantes otros derechos que han sido conculcado de distintas formas y eso sin duda que puede constituir una violación de Derechos Humanos. Además, ocurren cosas mucho más específicas, por ejemplo, en muchas detenciones se han practicado desnudamientos, han obligado a detenidos a hacer sentadillas”.