El debate sobre la posibilidad de retirar dinero de los fondos que administran las AFP está más encendido que nunca. Mientras el Tribunal Constitucional (TC) resuelve el recurso de protección de la profesora María Angélica Ojeda, afiliada en AFP Cuprum que reclama retirar más de $40 millones de sus ahorros previsionales para administrarlos ella, empresarios de las AFP y autoridades políticas discuten públicamente sobre las implicancias del retiro.

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, se mostró el lunes a favor del retiro anticipado de los ahorros previsionales: "Cuando una persona se ha jubilado nos parece de toda lógica que pueda retirar sus fondos de la AFP" para ciertos eventos, como enfermedades. Este martes, sin embargo, precisó sus palabras y apuntó que es partidario de ello sólo en situaciones excepcionales, como el caso de enfermos terminales.

También este martes, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, opinó sobre el tema y rechazó cualquier posibilidad de retirar los ahorros previsionales: “Los fondos son para pensiones y son para pensiones entendiendo que hay circunstancias excepcionales, pero esas circunstancias excepcionales, muchas de esas, están reconocidas en la ley”, dijo.

Al recurso interpuesto por la docente antofagastina se le sumará otro, que ya va en camino, de una enfermera de Punta Arenas que ha trabajado por más de 40 años en el servicio de Atención Primaria de Salud Municipal y que mantiene un ahorro de poco más de $51 millones. Además, hay otros dos casos –de un abogado y otra profesora– que también podrían llegar al TC. La polémica está servida y comparte agenda con la tramitación del proyecto de Reforma de Pensiones que por estos días tiene lugar en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El melón que abrió María Angélica Ojeda –y que costó el cargo al presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, por unos desafortunados dichos– ha puesto al centro del debate cuestiones como de quién es la propiedad de los fondos de las AFP o el mensaje que se ha transmitido a los afiliados al respecto. El Desconcierto ha conversado con los economistas Andras Uthoff y José Miguel Ahumada y la abogada Jeannette Jara, todos ellos expertos en pensiones, sobre las implicancias del retiro de fondos de las administradoras.

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Propiedad de los fondos

El doctor en Economía de la Universidad de California Berkeley y experto en pensiones, Andras Uthoff, dibuja el escenario que enfrenta una mayoría de la población de la tercera edad: "Una vez llegan a retiro, la pensión que reciben es muy baja y no tienen recursos para seguir pagando sus viviendas o necesidades de salud porque el ingreso que repone el sistema es muy bajo". Ante tal desprotección, los ciudadanos tratan de "colgar al sistema previsional un montón de necesidades que debieran tener otros componentes de la seguridad social como un buen seguro de salud o una buena política de vivienda", dice. Eso porque, según él, "la política de seguridad social en Chile ha dejado a la población muy desprotegida al basarse exclusivamente en el mercado, y lo que debiera de ser un ingreso para sobrevivir con jubilo la vejez, al final se requiere para terminar de pagar una vivienda o una operación". La posición de Uthoff es clara: "Estoy a favor de que puedan mantener su vivienda, pero no se debe hacer con el sistema previsional". En su opinión, "el decreto ley [que crea las AFP] no va a permitir el retiro de fondos porque la ley habla de una cuota que es para fines previsionales –aunque pertenezca al individuo– y se entiende por 'previsional' la reposición de un ingreso durante la vejez".

En una línea similar se pronunció la abogada y ex subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, quien también se mostró partidaria de destinar las cotizaciones a la seguridad social para que constituyan "la base para una pensión de jubilación". Sin embargo, la abogada contrapuso que en Chile no existe un sistema de seguridad social porque "técnicamente hay un seguro privado". Y detalló: "Hay un sistema administrado por empresas privadas con fines de lucro y la pensión final de los jubilados se determina en función de su propia capacidad de ahorro". Para ella el debate de hoy en el TC pasa por esclarecer la propiedad de esos fondos privados: "Según la Constitución, los atributos del dominio de la propiedad son el uso, el goce y la disposición y eso quiere decir que quien es dueño debe poseer uso, goce y disposición y el tribunal tendrá qué ver qué es lo que va a primar", dice.

El economista y director del magíster de Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto de Estudios Internacional de la Universidad de Chile, José Miguel Ahumada, aplaudió la forma cómo organizaciones como No+AFP o La Casa Común, liderada por el socialista Fernando Atria, "han puesto en jaque la posición de las AFP utilizando los mismos argumentos que tradicionalmente ha defendido la derecha: liberalismo económico y defensa de los derechos de la propiedad". Ahumada detalla que "en el momento que las AFP dijeron que no respetarían los derechos a la propiedad, estarían quebrando uno de los pilares ideológicos del modelo". Sin embargo, el experto pone en duda que esta sea una verdadera solución "porque la posibilidad de retirar los fondos mantiene la lógica de que las pensiones son un tema individual". Para él, "el problema no es tanto el retiro de los ahorros, sino cómo transformar el actual modelo en un derecho social en el que el Estado tenga un rol más importante".

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Un "problema de comunicación"

Los tres analistas coinciden en señalar que la discusión que se da en instancias judiciales tiene mucho que ver con la forma cómo "se vendió el sistema" a la ciudadanía. "Se les dijo que la cuota a la seguridad social es una cuota de ahorro, que la propiedad es de ellos, que deben cuidarlo; por eso ahora tiene todo el sentido que la gente vaya a pedir sus ahorros", opina Andras Uthoff. Sin embargo, el economista señala que "una vez  alcanzada la edad de jubilar y cuando el monto es significativo, no se le deja elegir más, ni decidir qué hacer con la plata porque otra persona decide por ellos". Según él, "ha habido un problema de comunicación enorme y es normal que la gente reclame la propiedad de sus fondos".

Jeannette Jara apunta hacia la misma dirección: "El discurso de la industria de las AFP ha señalado constantemente a los trabajadores que son dueños de los fondos y que no se los tienen que quitar". Según ella, eso fue una estrategia "para impedir que el sistema de pensiones se mejore a través de la solidaridad y de un reparto intergeneracional en todo el plan contributivo". Sin embargo, Jara cree que ahora este argumento estaría pasándoles factura: "Hoy se ven con este impulso jurídico que está poniendo en discusión cuáles son los verdaderos dueños de los fondos".

José Miguel Ahumada, por otro lado, insiste en que los ciudadanos que han solicitado el retiro de fondos han optado por ocupar el mismo discurso que el modelo neoliberal: "El movimiento social ha dicho 'Tomémonos en serio las premisas del sistema'", indica. En su opinión, lo que se demuestra es "una gran falla del modelo que oculta que las AFP son un sistema empresarial en el cual ciertos grupos financieros dan liquidez al mercado de capitales para aumentar las tasas de ganancias de grandes grupos económicos".

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¿Como en Perú?

Desde mayo de 2016 en Perú, que también tenía un sistema previsional de capitalización individual, rige una nueva ley que permite a los afiliados a las administradoras retirar sus fondos de pensiones. Según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del país, al 31 de mayo de este año, sólo un 3,4% del total de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) retiraron el monto máximo permitido de sus ahorros para su jubilación. Para Uthoff, aunque los vecinos puedan ser un modelo válido para Chile, el hecho de sacar parte de los fondos implica recibir más malas pensiones porque el retiro de recursos significa que la pensión base a partir de la cual se estimarán los subsidios del gobierno se disminuye y esa medida terminará desplazando a los más vulnerables. Además, según él, "la mayoría de los que retiraron sus ahorros ahora se quedaron sin plata porque se la gastaron en consumo".

Si bien para Jara hay algunas similitudes entre ambos países, la abogada apuesta por aprovechar "la oportunidad histórica" que representa la reforma del sistema previsional que se discute en el Parlamento. "El proyecto del Presidente Piñera no hace una modificación sustantiva al sistema de pensiones, sino que profundiza en la capitalizacion individual a través de una propuesta que ha entregado pensiones de hambre". Desde su experiencia como exautoridad a cargo de la Subsecretaría de Previsión Social, considera que hay que poner atención "al rumbo" que tome el debate previsional: "La industria de las AFP es la más poderosa del país y desbaratar ese negocio es una tarea que requiere mucha movilización social y mucha convicción política", concluye.