La dictadura cívico-militar chilena dejó una marca profunda en nuestra sociedad, sobre todo en relación a las graves violaciones a los Derechos Humanos; casos de tortura, desaparición y muerte de civiles, además de la implantación del modelo neoliberal que dejó en manos del mercado los derechos sociales básicos como la educación, vivienda y salud. Por ello, tras la caída del régimen, distintas organizaciones civiles demandaron por verdad, justicia, memoria y reparación, porque era imposible cimentar las bases de una democracia real sobre la impunidad, cuestión que fue asumida por los gobiernos de la transición de forma fiel a su icónica consigna de “en la medida de lo posible”, abandono que se proyecta en la actualidad y del cual son cómplices todos los gobiernos que han pasado por La Moneda, cuestión que ha dado forma a la frágil y restringida democracia que hay en Chile, por lo cual, la crisis del sistema político y de representación, además del ascenso de los discursos de odio, están íntimamente relacionados con la impunidad y el pacto social elitista que tranzó la vuelta a la democracia, es decir, como el modelo de sociedad en que vivimos fue implantado a la fuerza, por vía del terrorismo de Estado y profundizado en democracia, difícilmente la violencia y el odio serán transversalmente rechazados en el ejercicio de la política.

En ese sentido, si las luchas del pasado, la defensa de la democracia que implica levantarse contra la impunidad, son también luchas del presente creemos que hay una relación clara entre el auge de discursos de odio, violencia y crímenes contra disidencias sexuales y mujeres en la actualidad y la deuda de justicia e invisibilización que hay respecto a las violaciones contra DDHH cometidas en Dictadura contra mujeres y disidencias sexuales, hechos que solo han salido a la luz gracias al esfuerzo de historiadoras, activistas y organizaciones sociales que no han permitido que nos borren de la historia, sin embargo, en este ejercicio de reparación aún nos falta mucho. Respecto a la situación de las disidencias sexuales existe un mito de que la Dictadura fue tolerante con la población homosexual, cuestión sustentada en la creación de la discoteque Fausto y la presencia de ciertos personajes homosexuales en la vida pública, sin embargo, dicha afirmación no podría estar más alejada de la realidad, pues basta escuchar los testimonios de activistas de la época y analizar como en el régimen de Pinochet, si bien nunca hubo una declaración explícita de odio, se reforzaron cuestiones esenciales para el orden patriarcal y la heteronorma, a saber, el rol social de la mujer como ama de casa, ligada al mundo privado y al trabajo doméstico y el rol masculino de fortaleza, virilidad y liderazgo, cuestiones que encarnaban muy bien Augusto Pinochet y Lucía Hiriart como matrimonio insigne del modelo cultural de familia chilena que impuso el régimen, en el cual no hay espacio para las disidencias sexuales, y la realidad justamente fue esa; la persecución, la humillación, la violencia y la relegación a habitar ocultes en los márgenes de la sociedad.

Los testimonios que activistas de la diversidad y disidencia sexual han aportado apuntan a lo mismo; los militares cometieron actos de humillación, violencia e incluso asesinatos contra quienes expresaban una orientación sexual o identidad de género diversa, viéndose afectadas de forma más brutal la población trans/travesti y todes quienes desafiaran de forma más visible el modelo de la heteronorma y los roles de género. Además, al igual que la militancia política, la orientación sexual y la identidad de género eran motivos para agravar los castigos y abusos que se daban en las cárceles. Otro ejemplo claro de la violación a los Derechos Humanos de la población LGBTIQ+ en la Dictadura es lo ocurrido con la crisis del VIH/SIDA dentro del país; en 1984 falleció la primera persona notificada con el virus en Chile, hecho que fue titulado por La Tercera como: “Murió paciente del Cáncer Gay chileno”. Esta situación fue tratada con la misma irresponsabilidad del titular por el Estado y la junta militar, haciendo omisión de una problemática que treinta años después nos sitúa como uno de los diez países en el mundo en donde más aumenta el virus.

Por todo lo anterior, es necesario visibilizar en esta conmemoración cómo resistieron y sobrevivieron las disidencias sexuales y las organizaciones feministas durante ese oscuro periodo, partiendo por recabar información de forma sistemática respecto a los crímenes cometidos, cuestión que debe ser asumida como una deuda por parte del Estado y las organizaciones de DDHH, puesto que a la fecha solo se cuenta con un caso del cual se tienen registros que constituye una ejecución por motivos de orientación sexual y se sigue invisibilizando la violencia política y sexual que vivieron muchas mujeres, cuestión que queda en evidencia con la reciente venta del ex centro de tortura Venda Sexy.

Luchar contra el olvido de las mujeres y disidencias sexuales desaparecidas, ejecutadas y torturadas durante el régimen dictatorial es también hacer justicia por las violencias que vivimos en la actualidad. Es urgente tomar medidas de reparación histórica que estén por brindar plenos derechos hacia estas comunidades, por ejemplo, a través de una Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva en las diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, además de una Ley Integral Trans que incluya medidas de reparación hacia las personas que han vivido violaciones a sus derechos humanos en Dictadura y en democracia, como también garantías de acceso a la salud, trabajo y educación. Solo así podemos ir saldando las profundas deudas que tenemos como sociedad y así construiremos un país más inclusivo y una verdadera democracia sin distinciones.