Ante el avance de la devastación en la Floresta Amazónica, un grupo de abogados brasileños preparan una denuncia contra del presidente Jair Bolsonaro por un presunto crimen ambiental contra la humanidad, la que pretenden presentar en los próximos días en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.

El grupo tratará de responsabilizar criminalmente al mandatario brasileño por el récord en el aumento de los daños causados a la Amazonia en este 2019. Los principales argumentos para la denuncia son el discurso del mandatario en favor de priorizar los intereses de los grupos de terratenientes -lo que habría estimulado iniciativas como la del Día del Fuego-, las políticas ambientales del gobierno basadas en disminuir el poder contralor del Estado y la débil respuesta que tuvo la autoridad ante los primeros indicios de crisis ambiental, dado que Bolsonaro pasó las primeras semanas negándose a aceptar los datos sobre la destrucción, hasta que la presión internacional tras un informe de la NASA lo hizo cambiar su postura.

Los autores de la iniciativa son especialistas en Derechos Humanos, derecho ambiental e internacional. La vocera y organizadora del grupo es Eloísa Machado, especialista en derecho constitucional brasileño por la Fundación Getúlio Vargas (FGV, uno de los institutos más prestigiados de Brasil), quien asegura que “los daños ocurridos este año en la Amazonía pueden ser vistos como consecuencia de las declaraciones irresponsables de Bolsonaro, y de sus medidas para debilitar los órganos ambientales que fiscalizan la zona, además de sus políticas de Estado de basadas en mirar en menos a la protección de los derechos socioambientales”.

El grupo usará el término “ecocidio” para definir lo que consideran ser el resultado de las políticas de Bolsonaro, y aunque reconocen que la destrucción en la Amazonía no empezó este año, aseguran que el alcance de ésta, como se ha visto en las últimas semanas, tiene que ver con las políticas de un presidente que está declaradamente en contra de las leyes ambientales.

“Hay toda una estrategia que pasa por los ataques de Bolsonaro a los órganos científicos y a las organizaciones ambientalistas, y sus medidas que buscan mermar el poder de los órganos de fiscalización ambiental, que son cómo un salvoconducto para acciones en contra del medio ambiente”, explica Machado.

Entre los muchos datos reunidos para la denuncia, entregados por centros científicos brasileños e internacionales, los más importantes son los del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil (INPE), que habla de un aumento del 88% en la desforestación de la Amazonía durante el mes de junio, en comparación al mismo período en 2018, dato que en julio saltó a 278%.

La difusión de esos datos a la prensa, llevó a que Bolsonaro exigiera la dimisión del director del INPE, el científico Ricardo Galvão. Esta imposición también será incluida en la denuncia de los abogados.

Los abogados asumen que el uso del término “ecocidio” fue basado en una declaración del presidente francés Emmanuel Macron, cuando comentó por primera vez los sucesos en la Amazonía, diciendo que “tenemos un verdadero ecocidio desarrollándose en la región, y no solamente en territorio brasileño”.

Según Machado, desde los '70 los crímenes ambientales que ponen en riesgo la seguridad humana han sido entendidos como ecocidio en diversos países del mundo, aunque la CIJ solo ha reconocido éste como un crimen contra la humanidad a partir del 2016. La especialista también reconoce que no hay precedentes de ese tipo de acción en La Haya.

“Será una movida histórica, un avance en la protección de los derechos humanos y una oportunidad para establecer más claramente los criterios por los cuales esos graves crímenes ambientales pueden ser caracterizados como crímenes contra la humanidad”, concluye la abogada.