Recientemente, los investigadores del Centro de Estudios Públicos Isabel Aninat y Rodrigo Vergara editaron un libro sobre diversos temas asociados a la migración. Como se advierte en sus diversas entrevistas ofrecidas en TV y en la prensa, así como también, en las páginas del libro, la conclusión a la que llegan es que, la oligarquía chilena puede estar tranquila porque el migrante no es un enemigo económico. El migrante "aporta", no necesariamente usa "servicios sociales", quiere ser "exitoso" son algunas de las aristas que el estudio resalta. Podrá ser enemigo el terrorista, el soldado que viola fronteras o el delincuente que viene a Chile para abusar de su gente. Pero la presencia del “migrante” –esa categoría tan abstracta, cliché de las ciencias sociales contemporáneas- en Chile parecería, en principio, algo enteramente bueno. El migrante tendría iniciativa, ofrece trabajo, mano de obra posibilita que la economía chilena crezca, ergo, es “bueno”.

Me interesa destacar dos puntos internamente imbricados: el primero, es que el CEP –al constituir una de las instituciones no gubernamentales más importantes de la transición política- se construyó a sí mismo como un lugar de enunciación “supremo” cuya investidura se instituyó gracias a la convergencia de la intelectualidad transitológica del progresismo con la del conservadurismo neoliberal, produciendo el efecto “reconciliatorio” que la ilusoria mirada “país” requería. En sus aulas podía llegar el presidente Lagos hablándoles a los empresarios, haciendo del CEP el lugar en el que se podía enmendar el rumbo de la transición.  El segundo es que los trabajos del CEP (en su mayoría rigurosos) suelen tener un efecto público decisivo: “decisivo” porque marcan la agenda, “decisivos” porque generan material mediático permanente; “decisivo” porque tiene el efecto performativo de levantar o hundir a algún candidato o política pública: el CEP se erige como el tribunal de la oligarquía neoliberal de corte transitológica. No será la otrora historiografía que juzgaba los hechos del pasado como un tribunal, sino la economía la que se erigirá en criterio por el que se medirá al país (“régimen de veridicción”, dirá Michel Foucault). El CEP se volverá el equivalente en el país, a lo que en la Iglesia es la actual Congregación para la Doctrina de la Fe: el dispositivo inquisitorial dedicado a resguardar los equilibrios doctrinarios necesarios para la salvaguardar la continuidad del poder.

Por esto, que el CEP haga un estudio sobre la “migración” significa que dicho tema dejó de ser un asunto de grupos de interés y pasó a constituir la agenda nacional. Sólo el CEP tiene esa capacidad. Pero, me interesa destacar no el que el estudio realizado por los diversas investigaciones que recorren dicho libro estén metodológicamente bien o mal hechas, sino cuestionar el supuesto “racista” que monta su discurso: que el “migrante” sea bueno porque “aporta” económicamente al país y que, por tanto, el CEP mismo no lo declare como una suerte de “enemigo económico” muestra que, a diferencia del discurso racista clásico, existe otro racismo de corte económico mucho menos evidente porque funciona de manera  más cotidiana: no se trata del “migrante” excluido por la raza, ni por su religión, cuando se las mira desde una perspectiva exclusivamente identitarista.

Esos elementos pueden ser contenidos por la economía neoliberal que, al integrarlos los neutraliza. El discurso económico tiene un límite: puede neutralizar la raza, la religión, la cultura, pero no puede neutralizar la relación costo-beneficio sobre la cual pende el destino de todo migrante. Es tal relación la que actualizará al dispositivo racista en medio de un discurso económico pronunciado por el CEP: el mapuche ¿aporta o no aporta al crecimiento de la economía nacional?

Como funciona desde el discurso integrativo y neutralizante proveído por la economía, el racismo funciona casi imperceptible. Pero opera como su pivote más decisivo: si un “migrante” no es emprendedor ¿no deviene entonces delincuente o un terrorista? Que “aporte” o no “aporte” ¿quién y desde dónde se decide qué significa “aportar”? ¿desde un criterio puramente economicista, antes que ético, desde una curva normal antes que desde una perspectiva de derechos? Si el migrante no aporta ¿se convierte en delincuente y entonces debe ser comprendido desde una perspectiva de seguridad? Cuando el “migrante” viene a “aportar” habría que facilitarle su entrada y cuando no, habría que impedírsela. Simple: el criterio no será  la normatividad que establecía una diferencia entre una raza superior y otra inferior y pasó a constituir un racismo polimórfico, estadístico, de corte económico cuyo criterio que impone a todas las cosas, se desenvuelve a partir de la relación costo-beneficio.

Al devenir “polimorfo” subrayo que el racismo contemporáneo funciona por varios grados y modulaciones cuya eficacia estriba en su operación descentrada: no necesita de un Estado para funcionar, tampoco de una concepción nacional, le basta con si tal o cual cuerpo –siempre extraño y potente- resulta o no dócil al flujo del capital financiero. Porque en la posibilidad siempre cierta de que un cuerpo resista la docilización de la economía y entonces pueda ser catalogado como que “no aporta” al crecimiento económico, se pone en funcionamiento un antiguo poder que, sin embargo, ha encontrado en las nuevas tecnologías políticas nuevos bríos de operación: el poder de muerte. Si no “aporta” entonces será expuesto a dicho poder de modo absolutamente justificado. Sea como un delincuente o, en su extremo, un terrorista, quien no quepa en el circuito de la economía neoliberal simplemente puede ser encarcelado, expulsado, eliminado.

El racismo económico produce una concepción del “otro” exactamente igual a la de los otros racismos: el otro deviene algo dispensable porque, como bien atendió Michel Foucault en sus breves referencias al racismo (Clases de 1976), en un contexto en el que prima la racionalidad que promueve la vida (el biopoder) y que, por tanto fomenta el emprendimiento, el crecimiento y optimismos afines, el racismo se desenvuelve como el mecanismo que justifica la muerte: no la muerte sin más, sino la muerte de una comunidad que debe ser sacrificada para dar vida a “nuestra” comunidad: nosotros o ellos, amigos o enemigos; el paradigma sacrificial vuelve actualizarse al interior del discurso que se creía inmune a él.  El necropoder –el “poder de muerte” caracterizado por Achille Mbembe- se actualiza en el instante en que una comunidad ve que su seguridad depende de matar a otra comunidad. Como es sabido, Mbembe pone como ejemplo emblemático de dicho proceso la situación colonial en Palestina donde las políticas israelíes no han dejado de actualizar el necropoder en orden a concebir al “otro” exclusivamente bajo la rúbrica de la enemistad absoluta. “Absoluta” designa justamente a un enemigo que ya no obedece al universo simbólico y jurídico que hacía de él una persona con ciertos derechos que todo enemigo debería respetar.

La “enemistad absoluta” es aquella desprendida de toda pertenencia a un Estado y que, por tanto, está enteramente expuesto a recibir la muerte, presto a la excepcionalidad permanente que el poder deja caer sobre ella y frente a la cual puede perfectamente no responder jamás. Cuando el CEP nos “tranquiliza” con su estudio, en rigor, no hace más que actualizar al dispositivo necropolítico propio del racismo al interior del discurso de la economía neoliberal. Como alguna vez el cosmopolitismo estatal-nacional imaginado por Kant tuvo como límite al paria, a quien yace privado de derechos civiles, el cosmopolitismo neoliberal imaginado por la escuela austríaca y los Chicago Boys, tiene su límite en un paria que “no aporta” al crecimiento económico, parias que no necesariamente están geográficamente fuera de la órbita estatal, sino que pueden perfectamente residir en su interior como verdaderos perseguidos en sus propios países, marginales que son objeto de persecución policial permanente y que, al aparecer como sujetos “no económicos” pueden activar al reverso especular del economicismo: el culturalismo. Se tratará del término fetiche de una “guerra de civilizaciones” –según dicen- en que el migrante funcionará como “enemigo absoluto” precisamente porque el discurso económico lo ha calificado como alguien que “no aporta”. Tal guerra es la de gustos reaccionarios a los que la oligarquía apela, a veces, para defender su lugar. En ese momento, culturalismo y economicismo; el neofascismo “kastizo” y la oligarquía neoliberal clásica, se abrazan como una y la misma máquina necropolítica, dos caras del mismo dispositivo sacrificial que arroja vidas al umbral de la muerte