La jueza Carolina Lebbos, de la 12ª Sala Judicial de Curitiba, Brasil, determinó que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea trasladado a una cárcel en la ciudad de São Paulo. La decisión partió de un pedido de la Superintendencia de la Policía Federal, dueña del edificio donde está detenido actualmente el político, que alega no tener más condiciones para mantenerlo.

El texto de la decisión no especifica en qué condiciones se dará la prisión de Lula da Silva de ahora en adelante. Actualmente, el exmandatario se encuentra en una celda exclusiva, en una sala especial del Estado Mayor. Según lo determinado por la jueza, cabe a la Justicia de São Paulo definir el nuevo local dónde será cumplida la pena.

El equipo jurídico de Lula reaccionó prontamente con un pedido para cancelar la decisión de transferirlo antes de que sea determinado específicamente el local dónde será trasladado, pero este fue rechazado de forma igualmente instantánea.

Horas después, el juez Paulo Eduardo de Almeida Sorci, del Tribunal de Justicia de São Paulo, determinó que la transferencia de Lula sería a la Penitenciaria de Tremembé, en las afueras de la ciudad. Según lo descrito por este segundo fallo, “la celda especial podrá consistir en un alojamiento colectivo, atendidos los requisitos de salubridad del ambiente, por la concurrencia de los factores de aeración, insolación y condicionamiento térmico adecuados a la existencia humana”.

Por la tradicional polarización alrededor de su nombre, la noticia empezó a generar diferentes rumores, que van desde que podría irse a prisión domiciliar (deseo de sus apoyadores) o incluso a una cárcel común, compartida con condenados por tráfico, robo y violación (deseo de sus detractores).

El abogado Cristiano Zanin afirmó que la decisión de la jueza es “un ejemplo más de que Lula está siendo víctima de intensa persecución ilegal impuesta por parte del sistema de justicia. La defensa tratará de tomar todas las medidas necesarias con el objetivo de restablecer la libertad plena del expresidente Lula y para asegurar los derechos que posee según la Constitución Federal”.