Hoy se conmemora el séptimo aniversario del día que el movimiento feminista chileno escogió para exigir el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Hace siete años, un día como hoy, salíamos a las calles tras enterarnos del caso de Belén, una niña de tan sólo 11 años violada por su padrastro que, en opinión del Presidente de la República, estaba lista para ser madre. El entonces ministro de Salud secundó las palabras del Presidente y agregó que en el Gobierno nadie apoyaba el aborto, en ninguna de sus formas.Resulta preocupante que, con esa visión de un problema de salud pública y de los derechos de las mujeres, ambas autoridades se repitan el plato. En efecto, tanto Sebastián Piñera como Jaime Mañalich, han mostrado una enorme distancia con las demandas del movimiento feminista. Por lo mismo resulta imperante ver lo que muestra la Mesa Acción por el Aborto Chile con el “Informe de Monitoreo Social. implementación de la de interrupción del embarazo en tres causales”, donde se acusa que la ley no ha sido debidamente difundida, ni el personal médico capacitado. Y más alarmante aún que, ante esos hechos, el ministro aún no se haya pronunciado.

Algo similar ocurre con la negativa a ratificar el protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que compromete al país a dar cuenta ante organismos internacionales de derechos humanos sobre los avances o deudas relativas a los derechos de las mujeres. Situaciones como las descritas, en las que las autoridades no asumen sus roles de garantes de los derechos de las mujeres, son algunas de las razones por la que nos movilizamos.

Los motivos para comprender que no estamos en un buen escenario suman y siguen: un informe de la Organización Panamericana de la Salud y las Naciones Unidas publicado en 2018, evidencia que América Latina es la única región del mundo donde los embarazos en menores de 15 años, en vez de disminuir, crecen. Esto demuestra la necesidad urgente de impulsar una política de Estado que contemple: educación no sexista con planes de educación sexual integral en todos los niveles; medidas concretas para facilitar y propiciar el acceso a métodos anticonceptivos; y garantizar en la salud pública prestaciones que permitan a las mujeres decidir sobre sus cuerpos en condiciones seguras, pues la clandestinidad afecta más gravemente a las mujeres de sectores marginados. Por eso, hablar de aborto es hablar de justicia social.

El 21 de agosto de 2018, tras un trabajo conjunto entre organizaciones feministas y diputadas de oposición, se presentó un proyecto de ley de despenalización del aborto dentro de las primeras catorce semanas de gestación, que busca ampliar la posibilidad de decidir de todas las mujeres más allá de las tres causales. El principal impulso de esta iniciativa es evitar que la legislación siga criminalizando la legítima soberanía que tienen las mujeres a decidir autónomamente sobre sus propios cuerpos. Terminar con la criminalización es un avance que busca que dejemos de ser castigadas social y penalmente, y despeja un poco el camino a la protección de una decisión verdaderamente libre de convertirnos -o no- en madres.

Por todas estas razones, el año pasado, para el sexto aniversario, fuimos miles las que nos desplegamos a largo de todas las ciudades del país en una marcha histórica. Ese día nos juntamos para decirle al Estado que estamos conscientes de la deuda que mantiene con nuestros derechos sexuales y reproductivos, y que no es tolerable que en una sociedad democrática y en pleno siglo XXI, las mujeres todavía pongan en riesgo su integridad y libertad para asegurar la autonomía sobre su propio cuerpo.

Legislar en torno al aborto legal nos permitiría avanzar hacia una sociedad que no es punitiva con las mujeres más pobres. Esa posibilidad aún se ve lejana por los sectores conservadores que se oponen a la idea, tildando de asesina o asesino a quien quiera discutirla. Sin embargo, tenemos certeza de que el debate de fondo no es aborto sí o aborto no. La discusión central es que hoy el aborto es privilegio de unas pocas que pueden viajar al extranjero y/o acceder a él mediante prestaciones disfrazadas en clínicas privadas, mientras las mujeres de los sectores marginados se ven obligadas a realizar esta acción en condiciones precarias y riesgosas. Ante eso, no nos perdemos: no hay igualdad donde sólo algunas pueden decidir. Por esta razón, este 25 de julio inundaremos una vez más las calles con pañoletas verdes, para que ni el Estado ni la iglesia decida por nosotras. ¡Todas las mujeres, todos los derechos, por la soberanía de nuestros cuerpos!