Una de las habilidades del ministro de Salud Jaime Mañalich, y que pudo haber justificado su retorno al Gobierno en reemplazo del saliente doctor Emilio Santelices, es su inmutabilidad: esa que mostró cuando anunció el falso fin de las listas de espera a fines de 2011 (un arreglo técnico que después Contraloría refutó); y la misma que usó a principios de esta semana, cuando culpó al Gobierno anterior de la epidemia de VIH/Sida existente hoy en el país.

Para ser precisos, lo que dijo el titular de Salud fue: “Me parece que no hubo una sintonía con los tiempos. A pesar que toda la evidencia decía claramente que la estrategia fundamental, como lo había dicho ONU Sida, era lograr que la gente supiera que vivía con el virus, se siguió insistiendo en campañas añejas, anticuadas, que no apuntaban a lo fundamental, cosa que recién empezó a pasar hace un año y medio”.

El Desconcierto mostró parte de los resultados de la comisión investigadora especial que pesquisó el auge del virus en el periodo 2010-2018. Se afirmó la responsabilidad transversal. Es decir, la enfermedad se supeditó a la administración de turno, lo que incluía, por cierto, el anterior periodo del mismo Mañalich en Salud.

Son variados los argumentos que sostienen tales afirmaciones: los compromisos internacionales incumplidos o mal ejecutados, los roles preventivos fallidos, la ausencia de una educación sexual íntegra. Sobre los mismos, hay uno que apunta a la legalidad existente sobre la que se hizo vista gorda. Aquí revisamos punto por punto ese último aspecto.

Código Sanitario

La lista de la legislación olvidada parte en 1967. Se trata del Código Sanitario, y particularmente del decreto con fuerza de ley número 725, que abordó su modificación.

El Código mencionado aborda todas las materias vinculadas a la salud pública de Chile y sus habitantes. Lo que allí se menciona, ha de aplicarse en lo relacionado al fomento, la protección y la recuperación de la salud de todas las personas del país.

En el artículo 38, del párrafo que trata sobre las enfermedades venéreas, se lee: “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la lucha contra las enfermedades venéreas y procurará evitar su propagación por todos los medios educacionales, preventivos o de otro orden que estime necesarios”.

La lectura de esa ley que hizo la comisión, y en particular del mencionado artículo, es que se interpreta una obligatoriedad por parte del Ministerio de Salud en esta tarea, la de la prevención.

20 años después de lo del Código Sanitario, el dictador Augusto Pinochet Ugarte publicó el decreto 466, titulado “Imparte normas para la aplicación de un programa de vigilancia epidemiológica del Sida”.  Según señala, la génesis de dicho documento fueron las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo a los miembros adherentes. Tenía, además, una previsualización del problema (y era 1987): “Que si bien la incidencia y prevalencia de casos no constituye actualmente un problema grave de Salud Pública en Chile, la tendencia de expansión del SIDA a nivel mundial, hace necesario implementar –dentro del marco de las políticas generales de salud en el país- un programa para la prevención, vigilancia, notificación y control de esta enfermedad, que incluya la educación tanto al personal de Salud como a la comunidad en general (sic)”.

El artículo quinto del decreto responsabiliza al Minsal de la “ejecución (de) programas de educación para el personal de Salud y la comunidad nacional, en relación a la infección por virus de SIDA”. Una comisión mixta entre la gente de Salud y del Ministerio de Educación debía ser la encargada de llegar a dicho objetivo.

Las definiciones legales de la época eran específicas, pero sus alcances iban hacia modificaciones del mismo Código Sanitario. Una ley en particular no iba a llegar hasta 14 años después, con la democracia de regreso y luego de ese periodo de los años noventa que habrían sido tibios con el tema, si no hubiese sido por Pedro Lemebel en la literatura; y la organización Vivo Positivo, en la política.

[caption id="attachment_300418" align="alignnone" width="5323"] Foto: Agencia Uno.[/caption]

Ley SIDA

Era 1997 y las diputadas Fanny Pollarolo (PS) y María Antonieta Saa (PPD) sabían que el VIH/Sida era una realidad que debía salir del tabú. Antes, la misma Saa se había acercado al tema durante su mandato como alcaldesa por Conchalí, por medio de la activa ONG Redes de Orientación en Salud Social (REOS, que aún hoy sigue en actividad). Fue ese incentivo, más la motivación de otros actores sociales que buscaban visibilizar la enfermedad, los que la llevaron a ella y a Pollarolo a presentar la ley 19.779, conocida después como la Ley Sida, y que es otro de los fundamentos legales que el Estado se ha saltado.

“Era una ley de derechos para las personas que viven con VIH -cuenta la exdiputada María Antonieta Saa-, o más bien, una protección de sus derechos y una obligación del Estado de Chile a garantizar tales derechos, que era el de estas personas a acceder el cuidado de su salud”.

El mayor impedimento, detalla la otrora parlamentaria, fue lo de la confidencialidad: “que debía ser estricta y absolutamente confidencial, y que nadie usara los resultados del examen”.

Según la comisión investigadora, esta ley, entre otras cosas, crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas, “además -se lee en el documento- establece garantías, derechos, deberes y obligaciones de instituciones públicas del Estado de Chile, particularmente al Ministerio de Salud, en materia de prevención”.

El mismo documento apunta a la responsabilidad estatal lo respectivo a la elaboración y ejecución de políticas públicas que impidan y controlen la expansión de la epidemia, junto con disminuir el impacto de esta en la población: “impedir y controlar la extensión de esta epidemia, así como disminuir su impacto psicológico, económico y social”, señala el artículo 1° de la ley.

Sobre los números que finalmente sitúan a Chile como el país con mayor aumento de casos del continente, y la incoherencia respecto al trabajo legislativo que hizo, María Antonieta Saa recuerda que “el Estado chileno no ha cumplido su papel, y se dejó estar en esto. Cuando hicimos la ley, e incluso antes de esta (presentada en 1997, puesto en vigencia en 2001), había mucha actividad de las organizaciones sociales. Había interés del Estado en la prevención, y dejó de hacerlo. Me acuerdo que el Ministerio de Educación nunca se metió mucho, porque la iglesia tenía poder entonces”.

¿Y los resultados?

Más allá de la legislación, hubo una modificación también del órgano encargado de velar por el control del VIH/Sida: se llamó, primero, Comisión Nacional del Sida, fue creada en 1990, y en 2010 desapareció para formar parte de la División de Prevención y Control de Enfermedades (DIPRECE), dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública. En esa fecha comenzó el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera y con él, también la jefatura de la cartera del ministro Jaime Mañalich.

Según el documento de la comisión investigadora, los objetivos respecto al tema en ese periodo de tiempo fueron disminuir la transmisión vertical (los hijos de padres con VIH) y detener la mortalidad de la enfermedad. Sobre esto último, los número que se pusieron como objetivos Mañalich y su equipo, fueron de una tasa de 2,0 cada 100 mil habitantes en 2010; 1,6, en 2015; y de 1,2, en 2020.

Dos de las tres cifras ya no se lograron.

En 2010 se registró una tasa de 2,5 por cada 100 mil habitantes; y 2,9 por cada 100 mil, en 2015. El próxima año termina la fecha que se propusieron Mañalich y Piñera en el plan del primer gobierno. El año pasado, en 2018, la cifra fue de 2,9 por cada 100 mil habitantes.

Una señal de interés preventivo fue la promulgación, en 2010, de la ley 20.418, que fija normas, información y orientación en lo respectivo a fertilidad. El artículo 1° de la ley sentencia que “toda persona tiene derecho a  recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad”. Más adelante, se explica que este derecho “comprende el recibir libremente, de acuerdo a sus creencias o formación, orientaciones para la vida afectiva y sexual”. Todo, a través de un reglamento que el entonces ministro Jaime Mañalich no firmó hasta 2013, en el decreto supremo del Ministerio de Salud número 49.

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Las campañas comunicacionales son también uno de los puntos que aborda el informe preliminar de la comisión.

Al periodo que le corresponde investigar (2010-2018), la comisión reconoció ocho campañas relacionadas al VIH/SIDA, cuya duración fue de uno a dos meses. De ese total, siete estuvieron enfocadas a la promoción e invitación a realizar los test de VIH. Solo una, la de 2015, se orientó al uso de condón.

Pese a las cifras y las leyes que nadie quiso atender, el diputado Jaime Bellolio (UDI), integrante de la comisión investigadora del VIH/SIDA, señaló que “es clave que no nos quedemos en una campaña que se hace anualmente en el uso del preservativo, sino que tiene que ser, a lo mucho, más largo en educación sexual”.

Cerró su análisis apoyando al ministro Mañalich: “Rescato de parte de ministro el interés de no solamente hacer una campaña una vez al año, de 30 días, que solamente se base en el uso del condón, sino que se base en algo más largo, con pesquisas, con tratamiento, para que hoy en día ninguna persona tenga que fallecer producto del VIH”.

Aquí puedes revisar las conclusiones a las que la comisión investigadora de la cámara baja llegó y que ya fueron aprobadas por los diputados

Conclusiones Comisión Especial Investigadora sobre aumento de casos de VIH_Sida