La "guerra de la jibia" sigue abierta, aunque ahora parece que se libra entre muros y encubierta. El pasado 23 de enero, representantes de los trabajadores de la pesca industrial se bajaron de una mesa de diálogo conformada por el gobierno y liderada por el ministro de Economía y el subsecretario de Pesca, José Ramón Valente y Eduardo Riquelme. Los industriales abandonaron la instancia tras considerar que su sector no era parte del acuerdo que pretendía llegar a un consenso respecto a la Ley de la Jibia, aprobada el mes pasado por el Congreso.

La nueva normativa establece que el calamar rojo sólo puede ser extraído a través del método de potera o mediante la línea de mano, y excluye como a la pesca artesanal por cerco y la de arrastre a media agua. La medida fue rechazada por los industriales, quienes alegan que la ley generará desempleo.

El gobierno se opuso desde el comienzo a esta iniciativa y hace unos meses comentó la posibilidad de llevarla al Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, pese a que inicialmente anunció un veto presidencial para modificar la ley añadiendo el uso del cerco, finalmente, lo retiró.

Ahora los pescadores industriales critican que no se reponga la pesca de arrastre y que en lugar de ello se incorpore el cerco, mecanismo que consiste en una larga pared de red que rodea a los peces. Según ellos, la nueva ley dejará a "miles" de trabajadores sin sus puestos de trabajo.

[caption id="attachment_271721" align="alignnone" width="900"] Mesa de la Jibia / Agencia Uno[/caption]

El malestar de los grandes empresario de la pesca no ha dejado indiferente al gobierno y, cuando parecía que el clima se enfriaba por la llegada de las vacaciones, los pescadores artesanales de la región del Bío Bío denunciaron que el ejecutivo está "trabajando a puerta cerrada" con los pescadores industriales. Según explicó a El Desconcierto el presidente del Consejo Comunal de la Pesca Artesanal de Lota, Ramón Chaparro Carrillo, "los dirigentes industriales han estado en reuniones a escondidas con los ministerios en Santiago".

Chaparro Carrillo explicó que se reunieron "supuestamente, para armar una plataforma social", aunque –según él– esto no sea necesario porque no van a cerrar plantas: "No van a quedar cesantes, van a seguir trabajando", afirmó. Además, criticó que el ejecutivo "a espaldas de Chile negocie con los representantes de las siete familias para dejarlos tranquilos".

El dirigente lotino calificó de "ridículo" el veto presidencial y opinó que el gobierno "se metió en eso por interés económico de los industriales, que luego les apoyan las campañas políticas". A su parecer, la aprobación de la normativa, tanto en la Cámara como en el Senado, fue suficiente para avanzar en la Ley de la Jibia. "Si el Congreso soberanamente decidió prohibir la pesca de arrastre en la jibia, no veo porqué el gobierno tiene que meterse a indemnizar a los industriales", dijo. Y se preguntó: ¿"Al final vamos a ser todos los chilenos los que una vez más les vamos a regalar plata a las siete familias?" Según él, “esa Mesa de la Jibia huele a una nueva Ley Longueira" porque se está haciendo "entre cuatro paredes, entre gallo y media noche, favoreciendo siempre al industrial y con los mismos actores de entonces", lamentó.

Cuatro años de tramitación

[caption id="attachment_271720" align="alignnone" width="900"] / Agencia Uno[/caption]

La Ley de la Jibia fue ingresada al Parlamento en 2014 por los diputados Víctor Torres (DC) y Daniel Nuñez (PC). Después de cuatro años de tramitación, el 8 de enero la Cámara de Diputados ratificó por 115 votos a favor, dos en contra y 11 abstenciones los cambios propuestos por el Senado y dejó a la Ley de la Jibia lista para ser promulgada.

La exportación de este marisco –que llega a países como Corea del Sur, España, China, EE.UU., Costa Rica o Tailandia– genera ganancias millonarias para la industria. Sólo durante el primer semestre de 2018, en la Región del Bío Bío, se facturaron 40 mil millones de pesos.