Poco más de un mes ha pasado desde que la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para fiscalizar la entrega de pensiones de Invalidez y Sobrevivencia, a raíz de una grave denuncia realizada por una ex trabajadora de AFP Provida que aseguró que las AFP y las compañías de seguros boicotean la entrega de pensiones de invalidez a través del control de siniestralidad de sus afiliados para proteger los intereses de las compañías de seguros.

Este lunes, la instancia se ha reunido por primera vez para escuchar los testimonios del ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y el intendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados, Jorge Mastrangelo. Las autoridades presentaron un informe sobre las medidas adoptadas por la Superintendencia frente a "eventuales irregularidades" en el procedimiento adoptado por las AFP para efectos de invalidez. En él, trataron de responder a las consultas que les fueron presentadas y plantearon las medidas que como organismo adoptaron a raíz de los antecedentes que se dieron a conocer. 

Mastrangelo fue el encargado de detallar el contenido del informe, en el que se reconocieron denuncias a las AFP por este motivo anteriores a 2008 al menos en tres administradoras: Cuprum, Provida y Capital.  Las "anomalías detectadas en la operación del seguro" llevaron a proponer un cambio legal en la Reforma Previsional de 2008 para redefinir la forma de contratar el seguro. Así, la nueva ley contempló dos cambios fundamentales: en primer lugar, se impulsó un sistema de licitación pública en el que compiten las compañías de seguros; y, en segundo lugar, el seguro que antes era contratado de forma individual por cada AFP para sus afiliados, pasó a ser contratado por el empleador.

El primer contrato amparado a la reforma de 2008 entró en vigor el 1 de julio de 2009. "Desde entonces la Superintendencia no ha recibido nuevas denuncias respecto a la materia de objeto en este oficio", sostiene el documento. 

El ministro Monckeberg, por su parte, se refirió a las "lagunas previsionales" que dificultan la cobertura de algunas solicitudes, y explicó que la nueva Reforma Previsional que se empezará a tramitar esta tarde contempla que "el seguro de cesantía pague esta cotización al trabajador para que este seguro no deje de cotizarse y además subir el monto de pensión", dijo el titular de Trabajo. De hecho, la reforma prevé un aumento del 0,2% de cotización del empleador para crear un bono para personas dependientes.

Sobre las denuncias recibidas, Monckeberg salió del paso argumentando que "a partir de 2008, formalmente, la Superintendencia no ha recibido ninguna denuncia". E insistió: "Se han hecho en los medios o por otras vías, pero no formalmente". Y cerró: "Eso no significa que no haya denuncias que observar".

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"Falta autocrítica de la Superintendencia"

La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans (IL), quien ejerce como presidenta de la comisión, conversó con El Desconcierto para valorar los aportes de Monckeberg, Macías y Mastrangelo y plantear las líneas que pretende abordar la instancia fiscalizadora que lidera.

"No nos quedamos satisfechos", aseguró Yeomans al finalizar la sesión. "Hay irregularidades que cometió incluso la misma Superintendencia", agregó en referencia a una autocrítica que expresó el superintendente en referencia a que no deberían haber emitido una resolución para abrir la posibilidad de solicitar más requisitos de los exigidos por ley para poder acceder a la pensión de invalidez por parte de las AFP. En este sentido, Osvaldo Macías explicó que después de 2008 se recibieron muchas solicitudes para pensionarse por invalidez y que “de buena fe” se emitió esa resolución para poder hacerse cargo de la gran cantidad de solicitudes. Eso, pese a que la ley establece solo un requisito: el carné de identidad. 

"La investigación que se está realizando desde que se aprobó esta comisión revela que se está requiriendo a las solicitantes de pensión de invalidez un certificado médico que es de muy difícil acceso para las personas dado al sistema de salud que tenemos, tanto público –que se tarda mucho para conseguir una hora– como en el privado, que es muy caro", indicó la diputada frenteamplista.

En referencia a la respuesta del ministro Monckeberg, la parlamentaria contó que la Fundación Valídame le entregó 14 denuncias de personas que no han presentado su reclamo a la Superintendencia y que "la respuesta del Ministerio no nos deja tranquilos". Según ella, "estamos hablando de personas que viven en situación de invalidez, que no tienen recursos para sobrevivir día a día, que hicieron el procedimiento para optar a sus pensiones, pero les fueron denegadas y que además quedan con la carga de tener que ir a hacer la denuncia a la Superintendencia. Esto es no hacerse cargo desde el Estado".

Yeomans puso énfasis en que los próximos pasos de la comisión investigadora serán solicitar los oficios de la relación entre las compañías aseguradoras y las AFP desde 2008 hasta la fecha, invitar a los denunciantes para que expongan sus casos particulares y presentar una propuesta normativa para regular estas situaciones y para que derecho a pensionarse por invalidez sea otorgado sólo con los requisitos establecidos en la ley. La diputada libertaria planteó que ha observado una "falta de autocrítica" por parte de la Superintendencia y mostró su preocupación por la "falta de capacidad de fiscalización" del organismo. Según los datos entregados, de más de 15.000 solicitudes de pensiones de invalidez recibidas al año, sólo se han podido fiscalizar menos de 400 expedientes. "No dan el ancho para hacerse cargo de esta tarea", concluyó. 

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