A mediados de este año el gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley que denominó con el eufemismo “Ley de Conductas Antisociales”. La comodidad de la administración de derecha con el relato de “control y orden” es una de las improntas que ha querido marcar desde siempre, y por lo mismo ha operado como un hábil articulador comunicacional, incluso manipulando a su arbitrio imágenes y mensajes que de todos modos pudiera impactar la sensibilidad de cualquier observador inocente.

La secuencia de la agresión a un funcionario de carabineros golpeado en el suelo que hizo circular una autoridad edilicia hace algunos días en redes sociales, fue la guinda de la torta del esfuerzo por presionar al Congreso, y crear opinión pública favorable, por la aprobación de la iniciativa represora.

Respecto de esas imágenes solo decir que lo que se mostró fue la conclusión de una seguidilla de hechos, donde hay denuncias de violencia indiscriminada de esos mismos funcionarios agredidos, carabineros que debieran estar preparados para desempeñar funciones de orden y seguridad en contextos de desórdenes públicos, respetando altos estándares y protocolos para no exceder en el uso de la fuerza que les faculta la ley.

Pero el debate que se ha instalado dentro y fuera del Parlamento tiene una correspondencia que no debemos pasar por alto. Por ejemplo, previamente a las presidenciales de 2017 (lo mismo ocurrió en la campaña de 2009) la derecha sostuvo respecto a la gestión del gobierno de turno el relato del descontrol de la violencia asociada a la delincuencia. Fue una de las puntas de lanza que coordinó con los medios de comunicación oficial, generando una opinión pública favorable a las posiciones reaccionaria, construcción discursiva que tuvo más de manipulación que se objetividad.

Ahora, en un nuevo esfuerzo por hacer avanzar la agenda de “control y orden”, se han fijado en ciertas formas de disidencias radicalizadas, y con ese objetivo busca legalizar un procedimiento sumario para estudiantes y menores de edad, que en el marco de la protesta social protagonizan actos que pudieran ser calificados de delito, facultando a la dirección del establecimiento con un mecanismos que permitiría la expulsión del estudiante.

Nuestra experiencia de asistencia y defensa de estudiantes movilizados puede dar pistas necesarias para comprender de qué se habla cuando se discute sobre el proyecto de ley “Aula Segura”. Y por lo mismo queremos compartir el siguiente caso.

El año 2015 nos tocó atender al estudiante FDE de 15 años, quien cursaba segundo medio de un liceo emblemático de la comuna de Santiago. Cuando se encontraba apoyando una  movilización en torno al establecimiento, FF.EE. de carabineros embistió violentamente al numeroso grupo de estudiantes. FDE junto a algunos de sus compañeros se replegaron al interior del recinto siendo perseguidos por funcionarios policiales. Luego de golpear y detener a varios jóvenes que encontraron a su paso, allanaron salas y en una de ellas hallaron mochilas y bolsos. El parte de los carabineros consignó que al interior de uno de estos contenía una botella de vidrio con combustible del tipo bomba molotov. Coincidentemente con ese artefacto estaba la identificación del menor de edad, por lo tanto fue detenido, pasado a control de detención y acusado de porte de artefacto explosivo, delito que contempla penas en torno a los 3 años de cárcel.

El tribunal de garantía estableció una serie de medidas cautelares: arraigo, sujeción al Sename, y estableció adicionalmente otras obligaciones para los padres del menor, todo en el marco de Ley de Responsabilidad Panal Juvenil. Por otro lado, el establecimiento le notificó la condicionalidad extrema y abrió una investigación contemplada en el reglamento interno, y el manual de convivencia, en vista de establecer posibles sanciones que pudiera corresponderle al señalado.

El estudiante terminó el año académico mientras avanzaba la investigación judicial. Finalmente no se pudo establecer que la botella fuera del imputado, alegamos que había existido una manipulación de evidencia –los montajes policiales son mucho más habituales de los que muchos pudieran suponer-, y consecuentemente interpusimos una querella que buscó esclarecer los hechos, acción que a los meses fue sobreseída.

Esta experiencia viene al caso por cuanto en la lógica del “populismo punitivo”, especialmente del gobierno de derecha, pero no exclusivamente, ha buscado criminalizar formas de disidencias sociales y políticas, precisando conductas que estando bajo tipificación penal, para ellos requieren mayores grados de castigo, al modo de ejemplificar que aquellas acciones serán perseguidas incluso a costa de depreciar otros derechos como es el de la educación.

Puede ser especialmente esclarecedora para entender la magnitud de esta cruzada por el “control y orden” de parte del gobierno, la entrevista del sábado 13 de octubre a la ministra de educación Marcela Cubillos que en diario La Tercera, donde despacha una cuña que refleja perfectamente la ideología del estado chileno: “Nos parece lógico que el estudiante que decida automarginarse sea el expulsado”.

El que a un estudiante se le involucre en un hecho calificado como delito no quiere decir (1) que el acusado sea responsable de aquellos hechos; (2) que si tuviera alguna responsabilidad  quedará impune, por lo que hemos señalado someramente acá el orden jurídico contempla variadas herramientas que persiguen sancionar este tipo de hechos; ni (3) que de acuerdo a los usos de protocolos y manuales de convivencia escolar, internamente en cada establecimiento, hayan mecanismos para sancionar a los estudiantes involucrados en hechos como los que se persigue penalizar.

Entendemos esta iniciativa como parte del esfuerzo de criminalización de la protesta social, aportando mayores herramientas punitivas a la autoridad escolar, y que además para el caso funciona como una sanción sumaria que excede por lejos las facultades que una investigación penal pudiera establecer, aplicando un doble castigo, siendo el del establecimiento un acto de absoluta injusticia por no considerar la presunción de inocencia y el debido proceso que el procedimiento judicial, al menos nominalmente, debe asegurar, y otros principios que opera en todo sistema procesal.