El presidente Piñera y antes, la Presidenta Bachelet, quieren convencernos que Chile estará mejor con nuevos Tratados de Libre Comercio (TLC). Pero cada vez más chilenos y chilenas pensamos que esa afirmación no tiene sustento alguno. Jamás presentó el gobierno una evaluación integral de impactos sociales y ambientales generados por estos tratados. Al estudiar los TLC de segunda generación, vemos que tienen prácticamente los mismos capítulos y énfasis, con párrafos que parecen claramente calcados, y poco tienen que ver con comercio. Pero siempre está presente la inversión (para dar garantías), la solución de controversias (para que perdamos soberanía), la propiedad intelectual (para que paguemos más por las patentes en salud, derechos de autor y semillas).

Actualmente se renegocia el Tratado de Asociación con la Unión Europea, vigente  desde 2003. En 2017 la Comisión de Comercio de la UE recibió 23 veces –según se explica en su web  a organizaciones de la sociedad civil, para informar sobre las negociaciones en curso con distintos países. Este 4 de julio se desarrolla en Bruselas un Diálogo oficial con la Sociedad Civil sobre la sustentabilidad del TLC con Chile. En Chile en cambio el congreso y los ciudadanos no son informados sobre estos temas. La DIRECON (del Ministerio de Relaciones Exteriores) negocia solita. Y presentará el nuevo tratado listo para su votación, como hizo este año con los TLCs de Uruguay, Argentina, Indonesia, Hong Kong y con las renegociaciones del TLC con Canadá y China, celeridad que desmiente la llamada “sequía legislativa”.  Los sucesivos gobiernos se han acostumbrado a actuar de manera fáctica con el congreso. Sin embargo este año por primera vez un tratado (el TLC con Hong Kong) tuvo  19 votos en contra y 12 abstenciones en lugar de aprobarse a fardo cerrado en la Cámara de  Diputados.

Todos los tratados intentan compatibilizar legislaciones y generar nuevas normas que impidan los “obstáculos al comercio”, pero en la práctica nivelan hacia abajo. Es decir en vez de buscar elevar los estándares de la legislación de los países en desarrollo, se establecen comités de vigilancia para bloquear toda regulación sospechosa. Volviendo al caso europeo, como Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile hemos saludado dos leyes pro biodiversidad adoptadas por la Unión Europea. El 27 de abril de 2018 la UE prohibió definitivamente el uso al aire libre de tres insecticidas neonicotinoides que matan las abejas: Imidacloprid (Gaucho),  Clotianidina (Poncho), ambos de  Bayer-Monsanto,  y Tiametoxam (Cruizer) de Syngenta. Casi un mes después, el europarlamento autorizó la venta de semillas orgánicas prohibida por decreto por más de 30 años. En la UE se podían comercializar sólo las variedades registradas en los catálogos oficiales por Monsanto y otras semilleras. La medida, inserta en un paquete de normas de apoyo a la producción y comercialización orgánicas,  se basa en la necesidad de recuperar las miles de variedades tradicionales de frutas y verduras,  y ofrecer a los consumidores una dieta sana y diversa. Los millones de  ciudadanos europeos que llevaron adelante la campaña para salvar a las abejas de la desaparición, han recibido con entusiasmo la prohibición de los neonicotinoides. Los consumidores que demandan  comida sana y las organizaciones campesinas aplauden el  fin de la criminalización de la semilla campesina. La norma incluye procedimientos administrativos diferentes a los que rigen para las semillas de la industria y regirá a partir de 2021.

Sin embargo este espíritu no se refleja en los planteamientos de la Unión Europea en el capítulo de Medidas Fitosanitarias y Protección de Plantas o en su enfoque de la Propiedad Intelectual.  El capítulo sobre Plantas y Medidas Fitosanitarias no contiene alusión alguna relativa a los plaguicidas altamente peligrosos, como los señalados, o al Paraquat, un herbicida prohibido en Europa hace más de diez años y que en Chile se está  usando en cultivos como el avellano europeo, materia prima de la apetecida Nutella, un producto que se exporta a Europa donde es de consumo cada vez más masivo. El capítulo de género, altamente declamativo, dedica una sola línea a la necesidad de estudiar las condiciones de salud de las trabajadoras, sin exigencias concretas. No será objeto de vigilancia, ni se considera un “obstáculo al comercio” la salud de las temporeras de la agroindustria de exportación, que sufren impactos en su salud reproductiva por el uso de plaguicidas altamente peligrosos, como el paraquat.

Asimismo, el capítulo de Propiedad Intelectual del TLC con la UE vuelve a exigir a Chile ratificar el  Convenio UPOV 91. Su implementación –pendiente- exigiría aprobar una nueva  Ley de Obtentores que amplíe los registros de semillas y contemple medidas de severo castigo para la venta libre de semillas industriales y de semillas campesinas pues podrán apelar a no diferenciar una de otra, dada la ampliación del registro de variedades. La presión social impidió al gobierno pasado legislar para implementar el UPOV 91. El  movimiento de defensa de la semilla campesina e indígena –en que las mujeres “la llevan”-  logró el retiro por Bachelet de la llamada “Ley Monsanto”. Pero aunque no se ha dictado ni aprobado esa ley, sabemos que el SAG actúa frecuentemente impidiendo la venta por campesinos agroecológicos u orgánicos de toda semilla no certificada oficialmente. La UE es inconsistente en esta renegociación, ya que los europeos podrían, por ejemplo, conseguir nuestras semillas tradicionales, poniendo atención a los procesos de recuperación de semillas antiguas (locales) que están en marcha en distintos niveles y regiones de nuestro país y así abastecerse de variedades antiguas y diversas que podrán comercializar.  Y Chile, en cambio, según el TLC con la UE, debería regirse por los principios del UPOV 91, orientados a proteger ahora a Bayer-Monsanto, ChemSyngenta, Limagrain, y otros obtentores vegetales dueños de las semillas industriales comercializadas en todo el mundo. Por estos pequeños ejemplos y mucho más, participamos en Chile Mejor sin TLC.