Consideramos que ya es el colmo de la frescura lo que desea hacer la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) que ha anunciado acciones en contra de la Municipalidad de Valparaíso porque no se pudo llevar a cabo, por una sociedad del retail filial de Falabella, el mega proyecto inmobiliario mall Barón en terrenos de esa empresa pública. Con obscena soltura sus voceros han expresado que ya le solicitaron al municipio la devolución de las platas gastadas por ella,  $426 millones, luego del fallo del 27/12/17 de la Tercera Sala de la Corte Suprema que declaró ilegal la imprudente autorización del permiso de edificación cursado por la Dirección de Obras Municipales de la administración del ex alcalde Jorge Castro.

Como en pedir no hay engaño, el despabilado gerente general de la EPV, se dirigió por escrito al alcalde Sharp, diciéndole que esa suma de dinero el municipio porteño se los debe reintegrar en breve plazo a esa empresa del Estado y que, si ello no se produce, amenazan con el inicio de acciones judiciales, reservándose para más adelante el cobro, $800 millones, por los gastos incurridos por la misma EPV, respecto del plan de gestión arqueológica en el subsuelo de su amplio terreno, dinero que en todo caso debió haber sido asumido por la empresa privada que iba a lucrar con la explotación comercial del fallido mall.

Debemos consignar, una vez más, que todos los funcionarios de la EPV relacionados con el contrato de concesión suscrito con el privado para la ejecución de este proyecto, como también los gerentes y arquitectos del concesionario y los profesionales municipales de la administración de Castro, sabían que el invasivo negocio era inviable, pues ese equipamiento mayor no enfrentaba la vía idónea, conforme a lo fijado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Todos los incumbentes creyeron que esa violación a ley iba a pasar desapercibida, pero lamentablemente para ellos se equivocaron.

El alcalde Sharp ha informado públicamente, desde antes que fuera elegido alcalde, que estaba en contra de esa inversión, pero ni él ni nadie de su entorno directo, han ejercido acciones judiciales buscando el imperio del Estado de Derecho. En este luctuoso episodio la EPV fue muy negligente y demasiado bondadosa con su socia primogénita de Falabella, tal como ha quedado demostrado en múltiples publicaciones en medios de prensa digitales que cultivan la libertad de expresión.

Por lo anterior, le informamos al descuidado directorio de EPV que fue la fundación Defendamos la Ciudad la que ganó el litigio en la Corte Suprema, ello a través del competente abogado Rodrigo Avendaño, motivo por el cual si EPV quiere obtener indemnizaciones económicas por no saber tramitar el permiso de edificación para el mall Barón, debe proceder únicamente en contra de nuestra fundación y si lo hace, como esperamos, tendremos mucho gusto en vernos las caras en estrados, ocasión que será propicia para entregarle a los magistrados los documentos que oportunamente le hicimos llegar al Servicio de Empresas Públicas (SEP), órgano del Estado que tiene el control superior de la díscola EPV.  

En resumen, estamos ante una operación distractiva para que el gobierno de Piñera crea que los directivos de la EPV hicieron bien la pega y que, por lo tanto, debieran ser confirmados en sus cargos públicos con millonarios estipendios pagados por los contribuyentes.