El debate urbano se ha tomado la agenda política en Valparaíso. El murmullo territorial, que antaño oscilaba entre la resignación y la resistencia simbólica, es ahora una voz coordinada en alianza con el planificador comunal.

La oposición vecinal en distintos  cerros a las construcciones en altura, demuestra que las luchas urbanas por el Buen Vivir ya son una realidad con resultados tangibles. La invalidación del proyecto Pumpin y el pronunciamiento de la Suprema sobre el mall Barón, indica hasta qué punto las condiciones de lo posible en materia de producción del espacio han sido desvirtuadas. En medio de estos avances, los actores se sumergen en el debate por una modificación parcial del Plan Regulador Comunal (PRC) que plasmará en el ordenamiento local la voluntad de la nueva gobernanza urbana. Las diferencias y los intereses, no tardan en desnudarse, mostrándose signos de polarización y contradicción. Pese a todo, la agenda por el Derecho a la Ciudad y el Buen Vivir ya está sobre la mesa, y la construcción de un programa para alcanzarlos es ahora más necesario que nunca. Pero veamos primero de dónde venimos para saber hacia dónde vamos.

Desde sus orígenes, Valparaíso ha padecido el caótico diseño que le imprime la circulación mercantil. Emergida como enclave comercial, se convertirá en un centro productivo que albergará las principales industrias de la segunda mitad del siglo XIX, el que -en combinación con otras fuerzas  productivas- plasmará un espacio social que se produce y reproduce al compás del capital industrial y comercial, comenzando a configurarse la forma originaria de la metrópolis porteña.

La apertura del canal de Panamá y la crisis del 29, desencadenarán su decadencia como puerto mundial, aunque sostendrá su liderazgo reenfocándose hacia la producción de medios de consumo interno. El desarrollo del puerto atraerá trabajadores agrícolas y ex obreros del salitre, contribuyendo al crecimiento demográfico y expandiéndose la construcción informal hacía los cerros.

La liberalización económica y el fin de las barreras arancelarias, conducirá a la quiebra de la mayoría de las industrias porteñas, o bien a su desplazamiento hacia otros núcleos de mercado. Esta época, será el auge de la producción urbana espontánea de las poblaciones obreras, plasmando la trama urbana característica de Valparaíso. A este fenómeno, le acompañará un enfoque neoliberal en materia de planificación urbana, entregándose a la competencia de capitales inmobiliarios y financieros. El carácter mercantil del suelo urbano, en el que predomina su consideración en cuanto valor de cambio, queda aquí signado con letras de fuego.

En este contexto, Valparaíso no ha escapado de lo que algunos autores llaman creación destructiva de estructuras, formas y funciones urbanas, en donde el mayor flujo de capital financiero para la producción y consumo de espacio construido, favorece la concentración y centralización del capital inmobiliario. Aquello, importa un desmesurado aumento de las perspectivas de acumulación y especulación en dicho rubro, mediante la conversión de la propiedad en activos financieros transables. El giro de una producción del espacio centrada en el comercio y el capital industrial, a otra dominada por el capital financiero e inmobiliario, constituye la piedra angular para la comprensión de la actual producción del espacio en Valparaíso.

A esta forma, le seguirá una planificación urbana en función de la competencia por el suelo, y una tajante separación entre los habitantes y sus organizaciones respecto de la autoridad planificadora. El diseño de una normativa obsesionada con la técnica, olvida el papel de la planificación en el uso del suelo, materializando un ordenamiento jurídico en función del negocio inmobiliario. Las esferas de participación ciudadana, siempre marginales y no vinculantes, siguen siendo incapaces de frenar la especulación. Estos elementos, han  generado el caldo de cultivo para que un nuevo tipo de movimientos sociales urbanos establezcan su centro de gravedad alrededor del Derecho a la Vivienda y a la Ciudad. A nivel nacional, surgirán las modernas luchas urbanas del Ukamau y el MPL. Junto a ellas, aunque aún en su prehistoria, un nuevo tipo de organizaciones surge como oposición a la gentrificación y fragmentación de la ciudad, tanto en Valparaíso como en otras regiones.

El puerto, que otrora presumía de un cosmopolitismo industrial y comercial, estructura su fuerza tras un capital inmobiliario que se desarrolla bajo la estela de un sistema financiero global. Bajo su hegemonía, una pequeña revolución urbana comenzó a gestarse. A la flexibilización del sistema normativo, le acompañó la cooptación del planificador local (municipio, GORE, SERVIU y MINVU) por el actor inmobiliario, que inmovilizó el PRC desde 1984 y que  no tuvo cuestionamientos serios desde 1990 en adelante, desencadenando el retroceso de los actores barriales y pequeños capitales turísticos, cuya única posibilidad de valorización depende de la inmutabilidad del patrimonio urbano, que el capital inmobiliario residencial corrompe mediante la construcción en altura. El barrio en particular, experimentará estos cambios mediante el crecimiento exponencial del precio de la vivienda, que expone la brutal contradicción con el ingreso per cápita promedio del porteño, comenzando su marcha migrante hacia el interior del Área Metropolitana.

Pero la sumatoria de estas condiciones, son el caldo de cultivo de las contradicciones del espacio. Desde 1984 hasta nuestros días, no son pocas las experiencias de oposición barrial que pugnan por una protección normativa frente al asedio inmobiliario. Desde las luchas por las Zonas de Conservación Histórica de los vecinos de Cerro Monjas y Esperanza, llegarán a nuestros días las experiencias O´Higgins, Barón, Florida y Placeres, de oposición específica a proyectos inmobiliarios, que se enmarcarán en un proceso general de transformaciones políticas en la ciudad puerto, que -uniendo distintos sectores- desembocarán en el proyecto de la Alcaldía Ciudadana. La recuperación del actor institucional, marca el fin de la hegemonía del actor inmobiliario, cuyo retroceso se expresa en el actual debate sobre modificación del PRC. La nueva alianza entre la institucionalidad planificadora, los sectores barriales y el pequeño capital inmobiliario turístico, inaugura una época en la producción del espacio en Valparaíso, que se expresa normativamente en el límite de los 12 metros para construcciones en altura, en aquellas zonas donde otrora campeaba la apropiación ilimitada de renta. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de contradicciones y tensiones.

Por un lado, mediante un proceso de participación inédito, se ha incorporado la voluntad de un buen número de organizaciones territoriales que han planteado la necesidad de una restricción (7 metros máximos) severa a las construcciones en altura. Por otro, el necesario momento normativo devela contradicciones -que anteriormente yacían larvados en la oposición general al gran negocio inmobiliario- de aquellos que impugnan esta pretensión (de 7 metros), y que -como argumentario- se asilan en la técnica arquitectónica, para no expresar su afinidad con el proyecto de ciudad del capital inmobiliario turístico, cuya única posibilidad de valorización se encuentra precisamente en el intervalo entre los 7 y los 12 metros; es decir, entre la exclusión de las grandes torres y el sueño de su propio monopolio.

Al mismo tiempo, se ha argumentado que una limitación inferior a 12 metros impediría la hipotética construcción de viviendas sociales. Ya tendremos oportunidad de contestar desarrolladamente. Por ahora, llama poderosamente la atención la férrea convicción de que -bajo este argumento- aparentemente la única posibilidad de existencia material de la vivienda social es bajo la forma de agrupamiento en altura, naturalizando el hecho de que los más postergados sólo pueden acceder a una vivienda reduciendo la utilización de espacio (el block periférico de 4 o 6 pisos, ícono de la vivienda social posdictadura), olvidando por completo la historia porteña de la vivienda social cooperativa, céntricamente emplazadas con amplias casas de un piso y antejardín. Del mismo modo, el alto valor de la renta del suelo urbano en las zonas objeto de la limitación, hace dudar de la veracidad del argumento por la vivienda social, ya que el Estado tendría que adquirir predios a un precio que excede por mucho el valor regular por metro cuadrado que se paga para la construcción de vivienda social, salvo por cierto que la propuesta considere proponer al gobierno mecanismos de expropiación, hecho que se avizora difícil teniendo en cuenta la orientación del próximo gobierno central. En todo caso, conviene dejar planteada la siguiente interrogante: Supongamos que existe consenso en la limitación máxima en 12 metros, en tal caso ¿estarían los “defensores de la vivienda social” dispuestos a regular el uso del suelo en dichas zonas, de tal forma que las únicas construcciones permitidas de 12 metros sean viviendas sociales? De ser así, claramente estaríamos de acuerdo.

Más allá de las contradicciones, el sujeto sobre el cual debemos poner atención es el habitante de Valparaíso, aquel que durante años fue un simple espectador de la vorágine inmobiliaria, pero que con el nuevo ciclo comienza a influir en la ciudad en su conjunto. El germen de una democracia participativa, que borra de un plumazo los antiguos cimientos de la representación procedimental, se materializa aquí bajo la forma de planificación urbana, como expresión de voluntad soberana de los habitantes respecto a su espacio urbano inmediato.

Para el futuro queda la tarea de construir espacios que permitan a los barrios incidir en los instrumentos de planificación territorial de forma regular, invirtiendo la hegemonía de su consideración mercantil por sobre el uso socialmente deseable, e introduciendo por consiguiente la noción de una función social del suelo urbano y de la Soberanía Urbana, que asegure precisamente la vivienda social y el acceso al equipamiento urbano a todas y todos los porteños