Toda fecha puede ser significativa y toda fecha puede cumplir años si es que simboliza o conmemora algún evento en particular. Sin embargo, no toda remembranza es recordada o se enmarca dentro de las narraciones oficiales para ser las escogidas como dignas de señalar. Como concejala de Santiago me ha tocado aprobar y rechazar todo tipo de iniciativas, desde asuntos netamente técnicos, hasta políticos polémicos. A pesar de aquello, hay temas en los que es imposible no sentirse desmantelada en el rol fiscalizador con insistencia en historia social y política de Chile. Y hoy les comento una, también como hija de ex detenido y torturado político. Para todo lo demás me es posible hacer la diferencia y comprender todas las posiciones, aunque no esté de acuerdo en lo absoluto, pero frente a asuntos de derechos humanos me es imposible.

Como materia a tratar no me hacía ruido la iniciativa de nombrar a una pequeña plazoleta afuera del Servicio Electoral ubicada en calle Esmeralda 661 con el nombre del ex director de la institución Don Juan Ignacio García Rodríguez, sobre todo sabiendo que las dimensiones del lugar son prácticamente insignificantes. Pero en sesión de concejo la colega Rosario Carvajal nos proporciona información de que esta persona, según los antecedentes, el 24 de enero de 1978 - en respuesta a un oficio de Tribunales de Justicia, y en medio de una investigación sobre detenidos desaparecidos-, niega la existencia del recinto de detención y tortura ubicado en Londres 38 o “Cuartel Yucatan” , siendo que además en noviembre de ese mismo año el inmueble era trasferido al instituto O'Higginiano en un decreto firmado por Pinochet y Sergio Fernández, ministro del interior en aquel entonces. No está demás agregar que García Rodríguez formó parte del equipo jurídico del ministerio del interior cuando es disuelto el Servel en septiembre de 1973 pasando a desempeñarse como subsecretario del interior durante la dictadura.

Y entonces la relevancia del nombramiento o no de la plazoleta se acrecienta de manera cualitativa y no responde solamente una materia más, en tanto que magulladura jamás cerrada para quienes saben lo que significa la vida y la tortura en nuestro país. Algunos legos del perdón sin justicia dirán que ya no tiene relevancia hablar de este tema, y que se respondía a un contexto en el cual era imposible entregar información;  otros dirán que es una lástima que se condene a una persona “tan solo” por haber formado parte de un momento triste y amargo de la historia de nuestro país. Sin embargo, mientras exista impunidad y no se sepa el paradero de un solo desaparecido,  más  efectivo reparo a las víctimas y sus familias, es imposible que temas como estos nos dejen de afectar.

Hemos avanzado en derechos sociales, en libertades personales. No obstante, la plazoleta de la desavenencia nos recuerda que aún hay heridas abiertas y que nos costará un par de generaciones más subsanar. Pues no es suficiente con pedir perdón y asumir que se violaron los derechos humanos y que esperamos nunca más esto vuelva a ocurrir en nuestro país, sino que también se trata de advertir a tiempo y con humildad autentica, que ciertas “iniciativas de progreso” tienen y tendrán siempre la sensación de amargura con olor a tortura y sabor a sangre.

Hace cuarenta años, un día como hoy se escribía una historia de mentira y de silencio. No continuemos escribiendo sin considerar el dolor de aquellos que en su momento dieron la vida porque efectivamente creyeron que la historia la escribían los pueblos.