Este no será un año cualquiera en Brasil en términos políticos, no solo por tratarse de un año de elecciones presidenciales sino porque son elecciones cuyos momentos decisivos no son solamente los de octubre – cuando se realizarán la primera y segunda vuelta – sino que también algunos hitos específicos que moldearán el escenario para los días de votación.

Uno de esos hitos se dará este miércoles (24/1), cuando el expresidente Lula da Silva será enjuiciado por segunda vez por la supuesta relación con los casos de corrupción en Petrobras, por la cual habría recibido la propiedad de un departamento. Apuntado por todas las encuestas como el gran favorito para esos comicios, él tendrá su condena judicial reevaluada por una corte de apelaciones, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), de Porto Alegre.

En la primera instancia, el magistrado Sérgio Moro, responsable por la llamada Operación Lava Jato, consideró correcta la tesis de la fiscalía, de que Lula es el gran jefe del sistema de coimas entre la constructora OAS para conseguir contratos con la petrolera estatal brasileña Petrobras – pese a que la prueba material de esa tesis todavía carece de comprobación. En este segundo tramo, el TRF-4 deberá analizar la sentencia de Moro para ratificarla o rectificarla.

Más que un juego de palabras, este fallo tiene que ver con el futuro político de Brasil, porque en el caso de que se mantenga la condena Lula podría sufrir no solo con la pena establecida (de 9 años y medio de cárcel) sino que también con la imposibilidad de salir candidato en los comicios en el cual sería un ganador muy probable.

Distintas formas de perder

Y por si ese enredo ya no es lo suficientemente bueno, podríamos hablar de los distintos escenarios posibles que resultarán de este miércoles, tanto en términos jurídicos como en los políticos. Entre las variantes jurídicas no están solo la simple condena o sobreseimiento del ex presidente. Especialmente en caso de ratificación de la condena, hay distintas posibilidades, incluso algunas no tan malas para Lula da Silva.

En esta segunda instancia, la causa será analizada por un equipo de tres jueces del TRF-4: João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Luiz dos Santos Laus. Cada uno de ellos tomará su decisión respecto al caso, a favor o en contra de Lula. Esa parte es clave, porque la diferencia de votos podría resultar determinante para el futuro político del expresidente.

No tanto en el caso de que la mayoría decida oponerse a la sentencia de Moro. En ese caso, sea por la diferencia que sea, Lula queda libre de la condena y puede seguir su carrera presidencial – aunque la fiscalía puede apelar del fallo al Supremo Tribunal de Justicia (STJ, instancia superior a esta) o al Supremo Tribunal Federal (STF, la máxima instancia de la Justicia en Brasil), ese trámite tardaría algunos meses, quizás más de un año, quedando su resolución para después de los comicios.

Pero en caso de confirmar la condena, hay dos posibilidades distintas. Si uno de los jueces decide a favor de Lula, quedando una diferencia de dos votos contra uno, se hace más fácil que la defensa interponga un recurso capaz de bloquear algunos de los efectos de la decisión, sobretodo en la esfera del Tribunal Superior Electoral (TSE), que en definitiva es el que decidirá el destino político del ex mandatario.

Para ser más didáctico: la ley brasileña prohíbe que una persona sea candidata a cargos públicos si tiene una condena judicial en segunda instancia, que es la decisión que tomará el TRF-4 este miércoles. La intención del Partido de los Trabajadores (PT) es inscribir a Lula como su candidato sí o sí, incluso ante un fallo desfavorable, y quien definirá eso es el Tribunal Electoral.

Una decisión unánime en contra haría mucho más difícil la estrategia de la defensa para que él siga su candidatura pese a la condena, mientras que el voto en discordancia daría un fuerte argumento a sus abogados para convencer el TSE a no bloquear su postulación, aún estando condenado, alegando que la diferencia de votos es un indicio de que la situación definitiva de Lula debe ser determinada solamente en instancias mayores.

Juicio político

Sin embargo, tras la inseguridad jurídica instalada tras el golpe de Estado en contra de Dilma Rousseff – quien, recordemos, fue derrocada por una maniobra política, basada en un supuesto crimen fiscal que nunca fue comprobado – la Justicia de Brasil se volvió una paradoja.

Por un lado, las situaciones se hicieron más impredecible, en el sentido de que nada puede ser dado por hecho por la simple observación de los textos legales y el mismísimo proceso a Lula muestra eso. En el fallo del juez Sérgio Moro, por ejemplo, el ex presidente fue considerado culpable pese a reconocerse la incapacidad de la fiscalía de comprobar la materialidad de la supuesta coima recibida (un departamento de tres pisos en la ciudad balneario de Guarujá cuya propiedad nunca se traspasó a Lula) e incluso la conexión entre ese beneficio y algún contrato de la constructora OAS con Petrobras.

Por esa razón, hay muchos que barajan opciones aún más complejas, como la de que el juicio de este miércoles termine sin un fallo conclusivo y el proceso se extienda – lo que favorecería a Lula, porque sin una nueva condena no habrá como impedir su candidatura – o que él pueda salir candidato incluso con una decisión en contra por unanimidad.

Por otro lado, el trasfondo político del caso no puede ser ignorado y eso sí hace predecible que el resultado de este miércoles sea un fallo en contra de Lula. Parece contradictorio si uno ve desde lo jurídico solamente, pero si partimos del punto de vista político una condena o no a Lula antes de las elecciones despierta muchos intereses, no solamente de él y sus aliados, sino que sobretodo de los que no lo quieren en competencia.

Para el abogado constitucionalista Hugo Albuquerque, el tema político está evidente en todo el proceso de Lava Jato: “Otros posibles candidatos presidenciales y políticos importantes de Brasil también fueron citados como involucrados durante el proceso de Lava Jato, pero algunos de ellos siquiera fueron investigados, otros lo han sido sin la profundidad del caso de Lula, que además está tramitando con una velocidad que no se había visto antes en la Justicia”.

Maestro en derecho por la PUC de São Paulo, Albuquerque apunta otro hecho sobre el carácter político del juicio a Lula, que es la competencia territorial para juzgarlo, debido a que el inmueble apuntado como beneficio a Lula se encuentra en el Estado de São Paulo, que geográficamente se ubica en la Región Sudeste de Brasil, mientras que el tribunal de Moro (en Curitiba) y el TRF-4 (en Porto Alegre) están en capitales de la Región Sul. “La acción no podría ser apreciada por esos tribunales por una cuestión de mérito jurisdiccional. Se estableció a la 13ª Sala de Curitiba como el polo que atrajo todos los casos ligados a la corrupción en Petrobras y eso no es legal ni constitucionalmente correcto”.

Otro de los principales elementos es el mediático. Desde que el trámite se trasladó a Porto Alegre, los medios de prensa pasaron a exponer a los tres jueces de segunda instancia, especialmente João Pedro Gebran Neto, el instructor del caso transformado en efímera celebridad nacional, hasta que terminó confesando en entrevista, hace algunos meses, que consideraba la sentencia en contra de Lula “perfecta e incuestionable”. Es decir, antes del mismo del fallo, uno de los votos ya fue adelantado por la prensa.

La misma estrategia de masaje mediático al ego fue usada con el juez Sérgio Moro, quien se volvió héroe nacional según los más grandes canales televisivos y semanarios de noticias. La poderosísima cadena Globo llegó a otorgarle premios a través de la Fundación Roberto Marinho – que lleva el nombre del empresario que ganó la concesión del canal gracias al apoyo a la dictadura militar. A partir de entonces, el magistrado pasó a tener una postura de confrontación abierta con la defensa de Lula, negándoles casi todos los recursos solicitados e incluso peritajes que podrían producir pruebas en su favor, alegando que eran innecesarias. De ahí surgió la denuncia de los abogados del ex presidente de que se trata de un proceso de lawfare (guerra política a través de la Justicia).

El periodista y comentarista político João Filho, en artículo para la versión brasileña del sitio The Intercept, analiza que “es poco probable que Lula consiga revertir la decisión en segunda instancia. No porque las pruebas de su culpabilidad estén claras, todo lo contrario, sino porque, al igual que Moro, sus amigos del TRF-4 quieren condenarlo. Hay que decir que estamos ante un juicio político. No importa si uno cree que Lula es culpable o inocente. Lo que interesa acá es que un ciudadano tiene que ser juzgado por el Estado con base exclusivamente en las leyes, sin contaminación política de cualquier tipo y teniendo sus derechos constitucionales garantizados. No es lo que sucede con Lula”.