El ex ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores de los gobiernos de la Concertación, Alejandro Foxley, ha publicado recientemente un libro-entrevista titulado La Segunda Transición. En él revisa su vida personal, principalmente sus experiencias en el ámbito intelectual, ministerial y en la política contingente.

Foxley está contento con su vida y satisfecho con la transición a la democracia llevada a cabo en Chile y, en particular, con los logros económico-sociales. Destaca, con entusiasmo, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y lo que denomina el “desarrollo inclusivo”. Atribuye a su propia gestión en Hacienda la capacidad para “manejar la economía con un sentido de estabilidad”. Cree que esto fue fundamental para disipar los temores de la derecha pinochetista y de su aliado empresarial.

Foxley se equivoca. Los temores de la derecha pinochetista y del gran empresariado estaban ligados a la eventual revisión de las privatizaciones de las empresas estatales que Pinochet vendió a precio vil a su entorno. También al empresariado le preocupaba que el Estado fuese un efectivo regulador de los mercados, y que la educación, la salud y previsión se convirtieran en derechos sociales universales, dejando de lado el lucro. Como nada de eso sucedió, los temores se disiparon.

Así las cosas, el ex ministro de Aylwin y los sucesivos ministros de Hacienda se convirtieron en garantía para los buenos negocios empresariales.

Según Foxley las cosas se han hecho bien. No existe una crisis del modelo. Las molestias que se observan en la sociedad serían el resultado de la emergencia de una nueva clase media, con aspiraciones y expectativas que crecen aceleradamente, mientras la economía no crece a un ritmo similar para satisfacer sus demandas.

O sea, el crecimiento es el problema principal y el resto es música, como dijo el ex presidente Lagos.

A diferencia del discurso de Foxley, la economía no se ha caracterizado por un “desarrollo inclusivo”. Por el contrario, el 1% de los más pudientes se lleva el 35% de la riqueza nacional, acumulación inédita para un país normal; mientras, el 50% de los asalariados chilenos recibe menos de 350 mil pesos mensuales.

El vigoroso crecimiento económico de las últimas décadas, que ha enriquecido a los poderosos ha tenido un efecto negativo en el ámbito político. La gran empresa ha capturado a políticos y economistas provenientes del sector público, sentándolos en sus directorios, para convertirlos en lobistas. Ello ha ayudado a naturalizar la colusión y a proteger la institucionalidad creada en dictadura, en especial las isapres, AFP y la educación pagada.

Hay que agregar que en los dos últimos años, con el financiamiento empresarial para campañas parlamentarias y presidenciales, se ha extendido la captura de la política por los grupos económicos. Son escasos los parlamentarios que no han recibido pagos del empresariado. Y, lo más grave, es que se conocen leyes virtualmente dictadas a congresistas por empresas muy poderosas. La corrupción se ha convertido en una dolorosa realidad en nuestro país.

Por otra parte, los regímenes de educación, salud y previsión no ayudan a reducir las brechas de ingreso generadas en los mercados. Porque la política social no integra, sino separa radicalmente a ricos y pobres, y deja en la incertidumbre a las capas medias. Entonces, las cosas no se han hecho tan bien; y, en ningún caso para satisfacción de la mayoría.

Ello explica las protestas estudiantiles del 2006 y luego el 2011, que exigieron una educación inclusiva, gratuita y de calidad. Lo mismo ha sido, en los dos últimos años con el rechazo generalizado al régimen de AFP, cuya lógica empresarial entrega altas ganancias a las AFP, administradoras del sistema, pero pensiones miserables para ancianos pobres y de ingresos medios.

Por otra parte, la salud pública, con recursos fiscales “focalizados” en los sectores de extrema pobreza, se ha traducido en largas filas de enfermos y médicos mal pagados, Sin embargo, convive con una salud para ricos, negocio privado de las ISAPRES, que atiende a las familias de altos ingresos, con clínicas tecnológicamente sofisticadas.

En suma, el modelo chileno muestra una economía que crece, acumulando beneficios en el 1% de la población, acompañado con una política social que no otorga derechos. Que impuso el lucro y reparte asistencialismo. En educación, salud y previsión el mercado decide sobre la calidad y oportunidad de las prestaciones. Cuanto más paga la persona es mejor la atención y la calidad.

En todos esos sectores el lucro es el pilar central, aunque al sistema privado se le ha agregado una prótesis pública, para los pobres, de escasa calidad en salud y educación y de modesto monto en previsión. Es el asistencialismo para los sectores de más bajos ingresos.

El “desarrollo inclusivo”, que destaca el ex ministro Foxley, no existe. En realidad, las diferencias sociales se han exacerbado, con consecuencias peligrosas, difíciles de controlar. Por una parte, la delincuencia callejera ha aumentado sustancialmente; por otra parte, la impunidad de los grandes empresarios, con un Estado escasamente regulador, ha ampliado la colusión, con altos costos para los consumidores. La delincuencia se generaliza.

Los economistas que dirigieron la transición han alcanzado un alto grado de coincidencias con los economistas que instalaron las reformas neoliberales. Los conceptos convergentes en las políticas públicas son el mercado como organizador de la sociedad, la apertura radical al mundo, un Estado reducido y políticas sociales focalizadas.

Gran parte de los economistas de centro izquierda han modificado radicalmente las posiciones que tuvieron en los años ochenta. Foxley, como opositor a la dictadura cuestionaba la concepción económica neoliberal y planteaba la necesidad de desarrollar una planificación estratégica en que el Estado “…organiza el proceso de movilización de voluntades y de recursos en aquellos sectores donde se desea generar ventajas comparativas” (A. Foxley, Chile y su futuro, CIEPLAN, 1987). Rechazaba la existencia de un estado inmóvil y sin propuestas estratégicas para el desarrollo económico del país. Se olvidó de aquello.

Edgardo Boeninger, mentor y amigo de Foxley, ha valorado el giro copernicano del liderazgo de la Concertación, y en particular el acercamiento de los economistas de centro-izquierda a los Chicago Boys.

“En este proceso de convergencia económica tuvo significación el acercamiento que se fue produciendo entre los economistas profesionales. En un primer momento fueron los economistas demócrata-cristianos  los que, en contraste con las décadas del 60 y 70 pasaron a hablar un lenguaje técnico similar y a compartir conceptos teóricos con los economistas liberales” “La inserción de una gran mayoría de economistas en un marco común de análisis se fue extendiendo a los teóricos de ideología socialista…” (Democracia en Chile, E. Boeninger).

Como, en opinión de Foxley, a Chile le ha ido bien con su modelo económico y con las políticas sociales focalizadas, propone una segunda transición. Su preocupación sigue siendo el crecimiento, pero  reconoce que este debe hacer énfasis en la diversificación productiva, con políticas sociales de mejor calidad y menor costo para las personas.

Me parece que Chile no precisa una segunda transición, sino una modificación sustantiva en el modelo de desarrollo. En primer lugar, es preciso desafiar la elevada concentración del poder económico, nivelando el campo de juego entre las empresas grandes y  pequeñas.

Es imprescindible la transformación de la actual matriz productiva fundada en recursos naturales para diversificar la economía. Así se logrará difundir el progreso técnico a nuevos sectores económicos y en todas las regiones del país. Ello es lo que permitirá reducir la heterogeneidad estructural y homogenizar la productividad; y, consecuentemente, disminuir las brechas salariales.

En segundo lugar, las políticas sociales deben universalizarse, terminando con la focalización. La educación, la salud y la previsión deben convertirse en derechos para todos los miembros de la sociedad, terminando con la humillante asignación de bonos y dádivas similares. Ello elevará la calidad técnico-profesional de los trabajadores, con efecto positivo en la actividad productiva; y, también, restituirá una vejez digna a todos los chilenos.

En tercer lugar, para reducir la brecha de ingresos se precisa además el fortalecimiento del movimiento sindical. Un mayor nivel de sindicalización y una sólida instalación de la negociación colectiva en las empresas son requisitos indispensables para compensar el poderío patronal y elevar el nivel salarial de los trabajadores

En cuarto lugar, es necesario un régimen impositivo que redistribuya los ingresos desde las empresas y personas de más altos ingresos hacia los sectores de menores recursos; pero, también, debe servir como instrumento para reorientar al empresariado desde la producción de recursos naturales hacia sectores productivos de transformación.

Finalmente, para potenciar la economía y reducir las desigualdades es indispensable una nueva Constitución, que termine con el denominado Estado subsidiario, que impide el despliegue de iniciativas públicas productivas y que dificulta la capacidad regulatoria sobre el sector privado.

La complacencia de Foxley con la primera transición no ayuda a comprender el modelo económico concentrador y el régimen social de desigualdades que caracterizan a nuestro país. Sus sugerencias para una segunda transición tampoco son suficientes para superarlos.