El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarará este miércoles frente al juez federal Sergio Moro, el magistrado a cargo de la investigación sobre el caso Lava Jato, con eje en la estatal Petrobras, el esquema de corrupción más grande de la historia.

Lula responderá, en medio de un gran despliegue de las fuerzas de seguridad, a las preguntas del magistrado por una de las cinco causas por las que está procesado. Se trata de la causa que lo señala por presuntamente haber recibido en 2011 un departamento tríplex en el balneario de Guarujá, la reforma y decoración del inmueble, y el pago del depósito para almacenar sus bienes desde que dejó la presidencia, por parte de la constructora OAS.

Según el ex mandatario, él nunca fue propietario del tríplex y fue su fallecida esposa quien quería comprarlo pero al final desistió. Sin embargo, hace dos semanas el ex presidente de OAS, Leo Pinheiro, afirmó al propio juez Moro que el departamento había sido regalado al ex jefe de Estado, pero éste le pidió no ponerlo a su nombre hasta que se disiparan las investigaciones del Lava Jato.

La audiencia, que inicialmente estaba programada para la semana pasada, fue postergada porque la defensa de Lula alegó que no había tenido tiempo de analizar la gran cantidad de documentos sumados recientemente al expediente. Pero este lunes el Tribunal Regional Federal rechazó el pedido y también negó a los abogados que grabaran el testimonio del ex presidente; sólo se permitirá la cámara del tribunal.

Miles de militantes y simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) llegaron en las últimas horas a la ciudad de Curitiba para expresar su apoyo a Lula. El ambiente es de alta tensión entre petistas partidarios de seguir adelante con las investigaciones anticorrupción lideradas por Moro.

Otras causas

El ex presidente brasileño tiene causas abiertas también por otras cuatro causas. Moro investiga si Odebrecht ofreció US$ 3,7 millones para comprar un terreno en Sao Paulo donde sería erigido el Instituto Lula -que divulga su legado político-, como parte de un acuerdo para distribuir sobornos recibidos por el PT y un departamento en São Bernardo do Campo (US$ 156.000).

También es investigado por las acusaciones de lavado de dinero y tráfico de influencia en la compra por parte del Estado brasileño de aviones de combate suecos Gripen por USD 5 000 millones, que se concretó durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016).

También está pendiente la denuncia del exsenador del PT Delcidio do Amaral, quien afirma que el ex mandatario participó de un plan para comprar el silencio de un ex directivo de Petrobras involucrado en el fraude de la petrolera estatal.

Finalmente,lo acusan de tráfico de influencia, corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de una organización delictiva junto a Marcelo Odebrecht entre 2008 y 2015 por haber usado su influencia en el Bndes (Banco Nacional de Desarrollo) para asegurar préstamos y contratos de obra en Angola para Odebrecht.

Por su parte, el ex mandatario acusa que todas las acusaciones forman parte de una operación de persecución política y criminalización hacia su persona.