La máxima corte del país trasandino, en una polémica determinación, decidió aplicar un beneficio "2x1" para las penas de quienes están en prisión por delitos de lesa humanidad. Se ampararon en una ley que estuvo vigente entre 1994 y 2001 que permite reducir las penas de manera drástica, computando el doble por cada día después del segundo año de detención.

“Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso”, dijeron los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, los únicos jueces que se opusieron a la iniciativa.

Quienes promovieron el "perdonazo" argumentaron que los delitos de lesa humanidad tienen un carácter de "permanente", por lo que es posible aplicar la Ley 2x1. Clave fueron los votos de los jueces Rossati y Rosenkrantz, incorporados a la Corte Suprema por el gobierno de Macri, con los votos del peronismo.

El fallo va mucho más allá del beneficiado Luis Muiña, pues abre la puerta a que otros condenados apelen a la misma aplicación. El abogado Rodolfo Yansón, de la megacausa por crímenes en la ESMA, aseguró a Marcha que Muiña "era un perejilazo, un torturador y violador, pero un perejil en la estructura de la represión; un policía, un civil al que le tiraban unos pesos para secuestrar y torturar. Empezaron con este y mañana van a hacer cola los defensores pidiendo las excarcelaciones; la mayoría están con prisiones preventivas, o han tenido preventivas de más de dos años, con lo cual todos van a tener algo que cobrar, van a pasar todos por ventanilla".

En conversación con Página 12, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto lo calificó como "una estafa a la moral social, nos están destruyendo no sólo en lo económico, sino en lo moral. Estoy indignada, sorprendida. Nos están destruyendo física y moralmente. Es una lucha a la que falta y esto es un retroceso. Es una justicia impura".

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, por su parte, ligó la decisión al presidente Mauricio Macri: "Esto tiene que ver con la política del Gobierno, están tratando de ver cómo dejar a un lado todas las conquistas en políticas de derechos humanos que tanto ha costado al pueblo argentino. El Gobierno quiere minimizar todas las políticas de derechos humanos, esto es más que evidente".

La decisión se produce en un tenso momento de derechos humanos en Argentina, pues pese a los 600 centros clandestinos y 30 mil desaparecidos que dejó la dictadura, desde hace más de un año que se ha intentado "equiparar" la historia, negando los números e instalando la idea de que no hubo genocidio.

Según el Ministerio Público solo el 30% de los 2.780 imputados por violación de derechos humanos se encuentra condenado. De los detenidos, más de la mitad (514 de 1.44) goza de prisión domiciliaria.