Dentro de pocos días Brasil vivirá quizás la audiencia judicial más importante de su historia, un hecho cuya expectativa se ha comparado con la de los grandes eventos deportivos que el país recibió recientemente.

Se trata de la indagatoria del ex presidente Lula da Silva en el caso Lava Jato, en la que se le acusa de recibir un departamento como recompensa por beneficios a la constructora OAS en contratos de Petrobras. El evento ha llevado incluso a que grupos de defensores y opositores del sindicalista se organicen en caravanas para ir a la ciudad de Curitiba, donde se dará el encuentro entre Lula y el magistrado Sérgio Moro, considerado el paladín de los grupos “anti corrupción”.

Además, el condimento adicional de ese escenario se da con las recientes encuestas que apuntan un fuerte crecimiento de la popularidad de Lula –una de ellas llega a pronosticar una victoria suya en primera vuelta el 2018. Con la economía brasileña afectada por los ajustes neoliberales de Michel Temer, el líder sindicalista parece ser la tabla de salvación de una izquierda brasileña que aún no se ha recuperado del golpe de Estado sufrido por la ex mandataria Dilma Rousseff en 2016.

Estará junto a Lula da Silva en la indagatoria del 10 de mayo el abogado Cristiano Zanin, quien lidera el equipo jurídico del ex presidente. Se hizo conocido por esa tarea y porque fue más allá de ella, no solamente defendiendo a Lula, sino que acusando a los promotores de realizar una persecución política al líder sindicalista, llevando esa denuncia por el concepto de lawfare a instancias internacionales.

También es apuntado por analistas como el autor intelectual de la movida más reciente de Lula: este martes, el ex presidente pidió que la indagatoria fuera transmitida en vivo por los canales de televisión –según él, porque audiencias anteriores registraron filtraciones ilegales de informaciones e imágenes a medios de comunicación que apoyan a Lava Jato, y si la jornada del día 10 está siendo tan aguardada por toda la sociedad debiera ser exhibida en directo para todo el país.

En entrevista exclusiva para El Desconcierto, el defensor habla de las diferentes aristas de Lava Jato que involucran a Lula y de la acusación de persecución política, también critica el sesgo de los grandes medios de prensa brasileños y cuenta sobre sus expectativas para la indagatoria de Lula el 10 de mayo.

En presentación ofrecida a la prensa en mediados del año pasado, los fiscales indicaron que el ex-presidente Lula da Silva sería el cabecilla del esquema de coimas en contratos de las constructoras Odebrecht y OAS con Petrobras, el que manejaba todo, desde los nombres indicados a todos las direcciones menores de la estatal hasta los destinos de las platas ilegales, y que el departamento en Guarujá (litoral de São Paulo) y la reforma de la chacra en Atibaia (interior de São Paulo) eran como las recompensas que las constructoras le daban por esas coimas. ¿Cuál es la versión de la defensa ante esas acusaciones?

La conferencia de prensa en que los fiscales exhibieron la presentación en Power Point ha configurado uno de los grandes abusos cometidos contra el ex presidente Lula. En ningún país donde hay respeto a las garantías fundamentales se acepta que un fiscal llame a una conferencia para entrar en red nacional de televisión y acusar alguien con un dibujo lleno de flechas indicando al acusado, tratándolo como culpable cuando ni siquiera había una causa ni un juicio iniciados. De hecho, en las audiencias relativas a la causa el fiscal que protagonizó la conferencia (Deltan Dallagnol) nunca estuvo presente y eso también hay que registrarlo. Durante el proceso judicial él se ha dedicado a actividades políticas: fue al Congreso a defender un proyecto de ley, también trató de descalificar otros proyectos. En la conferencia, ese fiscal se hizo conocido por sostener que sus convicciones eran suficientes para condenar a Lula, aunque no tuviera pruebas en su contra. Esa situación demuestra que algunas autoridades brasileñas tratan de promover una persecución política en contra de Lula a través de maniobras jurídicas. Eso es lo que se conoce internacionalmente como lawfare y el caso de Lula es uno de los ejemplos más claros de esa práctica nefasta en el mundo.

En declaración reciente, el empresario Léo Pinheiro, quien fue presidente de OAS durante los años que cubre la investigación, afirmó que Lula da Silva le llamó personalmente para pedirle que destruyera las pruebas que lo relacionaban con el departamento de Guarujá, y que esa era la razón por la que no poseía pruebas de que Lula es el propietario del inmueble, aunque aseguró que sí lo es. ¿Qué respuesta dará la defensa a esa versión presentada por el empresario?

Hay un claro movimiento de algunas autoridades brasileñas buscando a cualquier costo inviabilizar la actuación política de Lula, e incluso impedir una nueva candidatura presidencial suya por medio de una condena en la Justicia. Pero el hecho concreto es que entre las causas que hay contra él, la que va más avanzada es la que está acusado de haber recibido de una constructora un departamento de frente a la playa en la ciudad de Guarujá como ventaja indebida. Fueron escuchados 73 testigos, 27 de ellos seleccionados por la acusación, y todos dijeron que el ex-presidente no es y nunca ha sido dueño del departamento. Por la ley brasileña, el propietario de un inmueble tiene esa condición señalada en el Registro de Inmuebles, que es un órgano oficial. Por ese medio, uno puede comprobar que la empresa OAS siempre ha tenido la propiedad del departamento en Guarujá, y todavía lo tiene hasta hoy. Además, OAS ha actuado como propietaria del departamento en varias oportunidades, declarándolo como su patrimonio e incluso ofrecéndolo como caución en diversas operaciones financieras, como en un proceso de recuperación judicial que enfrenta actualmente, en el cual el departamento fue la garantía para tranquilizar a sus acreedores. Hay mucha desesperación ante esos hechos, por lo que se busca demostrar a la prensa otra situación, decir que la acusación todavía tiene con qué comprobar su tesis. La última movida fue esa: recurrir al testimonio de personas que están detenidas hace mucho tiempo para que hicieran una declaración en contra de Lula en troca de su libertad. El empresario Léo Pinheiro, que fue presidente de OAS, está detenido desde el 2014 y hay abundante material incluso la prensa de Brasil mostrando que él ha estado bajo fuerte presión de las autoridades que querían que hiciera una acusación en contra de Lula, usando para ello la perspectiva de salir de la cárcel.  Esa afirmación de que destruyó las pruebas se da en el contexto de las presiones. Es frívola y carece de materialidad. Todo lo que dijo fue para agradar a los fiscales, pensando en los beneficios que le podrían ser concedidos. En resumen, Pinheiro está tratando de usar de una oportunidad que le han dado los fiscales de Lava Jato. Como no han encontrado pruebas contra Lula, necesitan que él diga algo que pueda involucrar al ex-presidente en algún ilícito. Si eso ocurre, él podrá recibir beneficios, incluso la libertad.

Entre las causas que transitan en la Justicia brasileña en contra del ex presidente, está una que lo acusa de tráfico de influencia internacional, es decir, usar sus charlas en diferentes países para promover el lobby en favor de las constructoras Odebrecht y OAS y buscar contratos fraudulentos entre ellas y los gobiernos de esos países a través de la influencia de Lula. Si no es cierto lo que dice la fiscalía sobre ese tema, ¿qué evidencias tiene la defensa sobre eso?

Esa acusación es parte de la estrategia política de destruir al ex-presidente Lula, su imagen y su historia, y expone la naturaleza política de la persecución. El ex presidente ha comprobado la realización de todas las charlas y eventos por los que ha sido remunerado. Él ha sido conferencista en eventos realizados por unas 40 empresas de distintos sectores, por los cuales ha cobrado siempre el mismo valor. Así lo hacen los ex mandatarios más reconocidos del mundo, como Bill Clinton, Tony Blair, Felipe González, y Lula está entre ellos. Sus conferencias no eran para hacer lobby y tampoco tráfico de influencia, sino que para que él hablara de sobre el suceso de sus ocho años de gobierno y como se pudo sacar a más de 40 millones de personas de la miseria en ese tiempo, los incuestionables logros sociales y económicos en Brasil, reconocidos por la ONU y otros órganos internacionales. Lula es un líder mundial que tiene una receta de suceso para demostrar, y por eso todos querían escucharlo.

Además de la defensa de Lula en las causas que enfrenta en la Justicia brasileña, ustedes han promovido una acusación en contra del Estado brasileño en instancias internacionales, llegando incluso a la ONU, debido a lo que describen como una operación de lawfare, es decir, una guerra judicial en contra del ex presidente. ¿Cuáles son los elementos para sostener esa tesis? ¿En qué situación anda ese trámite en instancias internacionales y cuáles son sus expectativas sobre ello?

Lula ha participado activamente de la vida pública brasileña en los últimos 40 años, y podemos considerar 10 años más como líder del sindicato más grande del país. En ese medio siglo él nunca ha sido involucrado en denuncias de corrupción o cualquier otro ilícito, excepto durante la dictadura (Lula fue detenido dos veces durante el régimen militar, acusado de atentar contra el orden, por liderar los paros de los trabajadores a fines de los 70). De repente, él pasa a ser el blanco de distintas acusaciones sin materialidad por parte de algunos agentes públicos con claro sesgo político. Fueron muchas denuncias en un período poco más de un año, que generaron juicios donde se observa un claro comportamiento abusivo. Existe además una evidente utilización de los procedimientos jurídicos como forma de impedir la actuación política de Lula. Para calificar ese tipo de situación se creó el término lawfare. Este caso de lawfare también incluye la violación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, acogidos por la ONU, por lo que pedimos al Comité de Derechos Humanos de esa entidad internacional que juzgue esas violaciones. En el 2009, Brasil reconoció la competencia de ese órgano internacional para promover tales juicios. Lula ha sido el primer ciudadano brasileño en realizar un pedido con esa finalidad, abriendo las puertas para que otros también puedan recurrir a esa instancia cuando tengan sus derechos básicos violados.

Una de las alegaciones de ustedes en contra del magistrado Sérgio Moro, que comanda la investigación de Lava Jato, es que habría boicoteado las iniciativas de la defensa. Describa por favor algunos casos en que eso se haya dado. ¿Qué otros reclamos tienen respecto a la conducta de Moro?

Los hechos demuestran que Sérgio Moro ha practicado diversas ilegalidades y arbitrariedades contra Lula, y ha perdido la imparcialidad necesaria para juzgarlo. Por ejemplo, Moro ha ordenado interceptar conversas telefónicas de Lula con la entonces presidenta Dilma Rousseff, con sus familiares y con nosotros sus abogados, y las difundió a la prensa. Es decir, incluso conversaciones entre abogados y clientes estaban bajo la vigilancia del juez, como una forma de monitorear la defensa. Además, Moro ha participado de distintos eventos con políticos y candidatos que hacen oposición a Lula. En sus declaraciones, ha hecho acusaciones en contra del ex-presidente, actuando como un fiscal y no como juez. Por esas cosas Lula no ha tenido un juicio justo e imparcial. En esos casos, Moro ha violado la Constitución de Brasil e incluso reglas internacionales de derecho, como las reglas de Bangalore, acogidas por la ONU.

A fines del año pasado, usted lanzó sus propias plataformas en internet y redes sociales, para usarlas como canal de difusión de las versiones presentadas por la defensa de Lula da Silva sobre las causas, lo que se suma a la iniciativa del sitio web A Verdade de Lula (“la verdad de Lula”), un poco más antigua, por la cual presentan sus versiones a la prensa de Brasil y sobre todo la de otros países. ¿Por qué ha surgido esa necesidad? ¿Qué tan difícil es llegar a los medios de comunicación de Brasil y de otros países como para justificar una iniciativa como esa?

Algunos de los principales vehículos de prensa de Brasil pasaron a actuar como voceros de la fiscalía en la causa Lava Jato, además de negar o dar un espacio muy pequeño para los argumentos de la defensa de Lula, mientras dedican enorme destaque a la acusación e incluso a los ataques de personeros políticos a su persona. Es una lucha desigual, por eso creamos el sitio A Verdade de Lula y más recientemente lanzamos mi plataforma, ambas con el mismo fin, el de simplemente difundir información, tornarla más accesible a la sociedad, y que sea una verdad entera, no a medias como sale en muchos medios. La información es básicamente la defensa que presentamos en favor del ex presidente en los procesos que enfrenta. Sin esas herramientas, estaríamos a merced de la versión sesgada de los grandes medios y su favoritismo para con la fiscalía.

¿Qué relación usted ve entre lo que califican como una persecución judicial al ex presidente Lula da Silva y el golpe de Estado que sufrió Dilma Rousseff en 2016?

El impeachment de la presidenta Dilma ocurrió sin la existencia de un delito de responsabilidad de ella, que es lo que se requiere para sacar a un mandatario elegido, según la legislación brasileña. Hace poco, el presidente Michel Temer reconoció eso en una entrevista a un canal de televisión de Brasil. Lo que se ve de similar en los dos casos es la fórmula: acusaciones sin materialidad para producir efectos políticos.

Algunos medios de prensa de Brasil rumorean que Lula podría ser arrestado por la Policía Federal tras la indagatoria ante el magistrado Sérgio Moro, el próximo 10 de mayo. ¿Qué esperan ustedes de ese evento? ¿Qué posibilidades hay de que Lula sea detenido ese día? ¿Qué les pareció la decisión de Moro de postergar la declaración, del 3 de mayo marcado originalmente para una semana después, alegando razones de seguridad?

Lula es el más interesado en aclarar la verdad y está pronto para entregar su testigo el juez Sérgio Moro cualquiera que sea la fecha, pero sobre los rumores, no hay ninguna justificativa ni siquiera para especularse su arresto, por la simple razón de que él no ha cometido delito, y eso está muy claro. Son los responsables por la causa Lava Jato y algunos medios de prensa brasileños los que estimulan ese tema permanentemente, como forma de desgastar la imagen del ex presidente Lula.