La corrupción está instalada en Chile. Después de las oscuras privatizaciones de Pinochet, que permitieron el enriquecimiento ilícito de varios personeros ligados al dictador, encontramos en democracia ese vínculo perverso entre la política y los negocios. La gran empresa ha capturado a políticos y economistas provenientes del sector público para sentarlos en sus directorios, convirtiéndolos en lobistas para multiplicar sus negocios. Ello ha ayudado a naturalizar la colusión y a proteger la institucionalidad creada en dictadura, en especial las Isapres, AFP y la educación pagada.

En los dos últimos años, con el financiamiento empresarial para campañas parlamentarias y presidenciales la captura de la política por los grupos económicos se ha extendido. Son escasos los parlamentarios que no han recibido pagos del empresariado. Y, lo más grave, es que se conocen leyes virtualmente dictadas a congresistas por los ejecutivos de empresas muy poderosas. Pero, probablemente, lo más vergonzoso, y éticamente injustificable, es que hijos de mártires de la dictadura hayan recibido financiamiento de Ponce Lerou, yerno de Pinochet, para sus actividades políticas. .

Los que han resultado más perjudicados con la corrupción no son los políticos de derecha sino precisamente los de la Nueva Mayoría y el PRO. En efecto, se observa que Piñera  no reduce su potencial electoral, a pesar de los innumerables casos de negocios oscuros. Recientemente la pesquera EXALMAR y la minera Dominga; pero antes, LAN, Chispas, PENTA, triangulaciones CHV, Banco Talca, entre otros.

Resulta sorprendente que la ciudadanía no castigue hechos tan graves que atentan contra el Estado, la recaudación impositiva, la institucionalidad del sistema económico y los intereses de la mayoría nacional. Esta complacencia con la derecha tiene que ver en parte con el control de los medios de comunicación por parte de los mismos grupos económicos. Sus editores mediatizan los actos de corrupción de la derecha y amplifican los de la centro-izquierda, por insignificantes que sean.

Pero eso no lo explica todo. También existe un fenómeno muy trascendente. La ciudadanía asume como algo natural que la derecha sostenga vínculos estrechos con el dinero y los negocios. A fin de cuentas, derecha económica y derecha política se identifican. Sus empresarios y políticos piensan y  dicen lo mismo, viven todos en el barrio alto y entre ellos se protegen. En consecuencia, son lo mismo y se perciben como lo mismo.

La ciudadanía, en cambio, rechaza vigorosamente a quienes se dicen de centro-izquierda y progresistas, pero operan para los grupos empresariales. Sus vínculos con el poder económico son vistos como una trasgresión al discurso tradicional de ese sector político, una inconsecuencia, una anomalía inaceptable

Vale la pena recordar que históricamente la izquierda se encuentra asociada a una propuesta de transformación de la sociedad, precisamente para potenciar el poder económico y político de los más débiles; no para proteger y ampliar las  ganancias empresariales. Esa propuesta transformadora estuvo en el pasado estrechamente ligada a una ética militante, fundada en la renuncia personal, en la valoración de lo colectivo, por sobre los intereses individuales y nunca para beneficio propio.

Por ello no resulta sorprendente la alta valoración de figuras como el cura Berríos y José Mujica, hombres austeros y generosos, que han sido capaces de resistir frente a las tentaciones del poder económico y que son hoy día referentes de la juventud de nuestro país. Los movimientos sociales también se inspiran en ellos para terminar el lucro en la educación, cuestionar la ley de pesca, rechazar las AFP, movilizarse contra la ley de estacionamientos en los malls, y cuestionar la interminable colusión que agrede a las familias de más bajos ingresos.

Si ahora resulta que esa izquierda –o progresismo- privilegia la protección de los grandes empresarios y recibe su dinero para hacer política, quiere decir que ha perdido su razón de ser. Ello explica por qué vastos sectores de la sociedad han renunciado a sufragar por los políticos tradicionales y buscan nuevos caminos en las organizaciones sociales y en fuerzas emergentes para responder a los desafíos económicos, políticos y éticos del tiempo presente.