A casi un año del controversial caso Corpesca, que involucró a parlamentarios que fueron formalizados por cohecho y fraude al fisco por intentar incidir en la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca, Ciper reveló recientemente nuevas boletas de la industria pesquera pagadas a políticos y sus asesores, que en total suman 445 millones de pesos.

Las nuevas boletas pagadas por Asipes, Lota Protein y Blumar se suman a la indagación por cohecho y soborno del Ministerio Público. Entre los nuevos nombres, hay boletas de los diputados UDI Arturo Squella y Juan Antonio Coloma, Fuad Chahín (DC), de la cónyuge de Patricio Vallespín (DC), el senador Antonio Horvath (ex RN) y de asesores de los senadores Carlos Bianchi y Francisco Chahuán (RN). Además, figuran “boleteros” de Longueira del Caso Soquimich.

Según consigna el artículo, “no sólo la pesquera de los Angelini fue formalizada por soborno, sino que la indagatoria se amplió a toda la industria pesquera nacional”. Y es que hasta el momento no habían aparecido indicios que apuntaran a Lota Protein, ya que la empresa pagó $274 millones a un asesor del senador Horvath, Bernardo Caro, durante la tramitación de la Ley de Pesca.

La misma pesquera aparece pagando otros $17 millones a asesores del senador Carlos Bianchi. Ambos legisladores asumieron posturas en línea con los intereses de Lota Protein durante la tramitación de la Ley de Pesca, que fue “instaurar licitaciones para repartir las cuotas de pesca”, que históricamente han estado bajo familias de elite: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo, Cruz, Sarquis, entre otros.

Por otro lado, la organización gremial pesquera Asipes, entregaba dinero transversalmente a dirigentes políticos y sindicales de la Región del Bío Bío. Ahora se suman nuevas boletas de esa gremial y que fueron emitidas por diputados actualmente en ejercicio, además de pagos a asesores de otros parlamentarios.

Ciper también accedió a los registros de la Pesquera Blumar, de las familias Sarquis y Yaconi-Santa Cruz. Blumar es miembro de Asipes y la pesquera aparece pagándole a militantes de la UDI, PS y DC, incluido un diputado en ejercicio. Queda de manifiesto, que la indagación por el financiamiento ilegal de la política por parte de la industria pesquera ha mostrado cómo influenció en la tramitación de la Ley de Pesca, ya que esta sigue arrojando más evidencias.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, miembros de a Policía de Investigaciones (PDI)  allanaron las oficinas de otras seis empresas del rubro: Landes, Alimentos Marinos, Bahía Coronel, Orizon, Coloso y Grimar. Para leer más antecedentes del caso, puedes revisar el informe aquí.