Los trabajadores sociales intervienen con familias que en su mayoría presentan múltiples problemas, las cuales sorprenden a los equipos con variaciones sistémicas que no encajan en los modelos y metodologías tradicionales (Gómez, Muñoz & Haz, 2007). Además, como plantean estos autores, las familias presentan rasgos en común como: polisintomatología y crisis recurrentes (violencia intrafamiliar, alcoholismo, depresión, abuso de sustancias, entre otros); desorganización; abandono de las funciones parentales y aislamiento con la red de apoyo social e institucional.

En el trabajo con estas familias se generan nudos críticos. Si bien la realidad familiar apunta a que no cuentan con las redes de apoyo que puedan sustentar las crisis que atraviesan, hay derivaciones que sólo generan más sobrecarga a la familia, aun cuando desde el punto de vista profesional sea urgente y necesaria, en cuanto las familias quedan “obligadas” a asistir a los programas por orden judicial. La acción de no adherencia de este adulto es comúnmente juzgada por los profesionales como poca responsabilidad y compromiso con el bienestar de su hijo o hija, olvidando que las personas y/o familias deben invertir tiempo y dinero en asistir, que deben resguardar su lugar laboral -cuando es el único ingreso-, o que muchas veces no son autorizados desde el trabajo para asistir.

Por otra parte, un segundo nudo crítico es en relación a que las derivaciones no implican que la persona se mantenga en un solo programa mientras recibe la atención requerida para tratar temas que subyacen al motivo de ingreso, sino que debe seguir asistiendo al Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM) acompañando el proceso del niño, niña o adolescente (NNA), debiendo abordar otras temáticas referentes al abuso sexual y/o maltrato. En este caso el sistema judicial no permite justificar la ausencia de intervención, dejando entrever la falencia en la coordinación de los distintos agentes involucrados y la falta del “mismo conocimiento” entre estos agentes, para evitar la sobreintervención.

Así también, se obvia la poca pertinencia o incluso los efectos iatrogénicos de realizar dos intervenciones a la vez, aunque sea de distintas índoles, situación que a veces no se toma en cuenta en la necesidad imperante de realizar el trabajo requerido para la intervención del NNA. Es aquí donde comienzan las inasistencias y la escasa adherencia al programa. Como apuntan Matos & Sousa (2004), rara vez la petición de ayuda proviene de la familia, siendo habitual que sea otro sistema de la red quien alerta o deriva a diversas organizaciones de ayuda, lo que implica que la motivación al cambio por parte de la familia raramente se encuentra garantizada al inicio de la intervención profesional.

Los profesionales se ven entrampados tanto por la especialización del programa como por la misión de cumplir con los objetivos, metodologías y tiempos exigidos de una intervención. Los profesionales, al mirar esta realidad, se ven obligados a derivar a programas como Centros de La Mujer, Centros de Salud Mental, entre otros, ya que las redes de ayuda se encuentran divididas por área de intervención y, por tanto, las familias que presentan una amplia gama de problemas complejos, en un plazo mínimo de tiempo acumulan interacciones con gran cantidad de instituciones y profesionales, reforzando su dependencia y disolviendo la eficiencia de las intervenciones (Minuchin, P., Colapinto, J. & Minuchin, S., 2000).

Si bien esta reflexión no es concluyente y deja muchas aristas abiertas, apunta a continuar recapacitando sobre la conveniencia de seguir segmentando a los programas y a las familias por área de intervención. En este sentido, los profesionales deben ser capaces de responder ante las peticiones de las familias multiproblemáticas, tener capacidad responsiva y estar altamente capacitados. Por otra parte se espera mayor flexibilidad por parte del sistema judicial para mirar estas situaciones complejas que entrampan a los programas, los profesionales y a los mismos usuarios que asisten. Así los profesionales podrán informar de la intervención más adecuada para el padre o madre, para luego trabajar con ellos temas relacionados con las competencias parentales mínimas para otorgar protección a su hijo. Aquí se deja entrever otra pregunta que genera discusión, ¿Qué temática se interviene primero en el adulto, la que dio origen al ingreso al programa o la que subyace de ésta?