Las excavaciones en el Cementerio Municipal de La Serena acaban de comenzar. Es 9 de septiembre de 1998 y por fin, tras 25 años de búsqueda, se accedió a desenterrar los cuerpos de los quince hombres fusilados por la Caravana de la Muerte en su paso por la ciudad. Esta era la primera y mínima señal de justicia que los familiares esperaban desde hace décadas, aún cuando en 1990 se había indagado desde la Fiscalía Militar de la zona la inhumación ilegal de sus cuerpos.

Han transcurrido ocho años desde el retorno a la democracia y falta un mes para que Augusto Pinochet sea detenido en Londres por orden del juez Baltazár Garzón. Faltan también cuatro años para que Juan Emilio Cheyre, quien estos días se desempeña como Mayor General, asuma como Comandante en Jefe del Ejército de la mano del Presidente Ricardo Lagos el 11 de marzo del 2002.

Pero aún es 1998 y en La Serena hay expectación: finalmente se sabrá el paradero de los cuerpos de las víctimas de octubre de 1973, los cuales parecía que iban a permanecer sumergidos bajo los pactos de silencio de las Fuerzas Armadas. Gracias a testimonios de testigos y cercanos, las pericias pudieron dar con el lugar: el Cementerio Municipal. Ahí, en el espacio destinado a recibir los desechos biológicos del hospital local, apareció -entre jeringas- un primer cuerpo. Luego apareció otro, y luego otro, y así hasta completar los quince. En tres capas de profundidad distinta, los testigos del proceso podían notar cómo los cuerpos se encontraban amontonados y con golpes en sus osamentas. Un cuarto de siglo no había sido capaz de borrar las huellas del horror.

El Puma aterriza en La Serena

En pleno camino al cementerio, en la calle Santa Lucía, se emplaza actualmente el Regimiento de Infantería N° 21 “Coquimbo”. Ese mismo lugar, en 1973, llevaba por nombre Regimiento de Artillería Motorizada N° 2 “Arica” y estaba al mando del comandante Ariosto Lapostol, cuyo brazo derecho era el teniente Juan Emilio Cheyre. Este recinto fue el primer lugar visitado en el norte por la Caravana de la Muerte, la comitiva de diez hombres liderada por Sergio Arellano Stark que recorrió Chile en un sanguinario trayecto.

En el aeródromo de la ciudad, el 16 de octubre, aterrizó el helicóptero Puma que traía a Arellano Stark y sus hombres. Lo esperaba en la losa la persona al mando del Regimiento: el comandante Ariosto Lapostol Orrego. El joven teniente Juan Emilio Cheyre, fiel escudero de Lapostol, también estaba presente en ese momento.

La misión de este viaje, ordenada personalmente por Augusto Pinochet, pretendía “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia” a los prisioneros. Con un documento que mostraba en cada ciudad que pisaba, Arellano se transformaba en un representante directo del General, cumpliendo a cabalidad con una misión que en poco tiempo se traduciría en aniquilar con eficiencia marcial a los enemigos del régimen.

La comitiva recorrió 17 ciudades a lo largo país. Según las cifras que se han comprobado hasta el momento, en la zona centro y sur dejaron una estela de 26 muertos. En el norte, en tanto, cobraron la vida de 71 personas.

Acabar con cualquier rastro de apoyo a la Unidad Popular y exterminar rápidamente cualquier señal de resistencia fueron dos acciones que marcaron la dictadura, siendo especialmente sanguinarias en sus inicios. Según indican antecedentes recabados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la época más violenta de la represión en Chile se concentra en los primeros meses de la dictadura: de las 3.197 víctimas asesinadas o desaparecidas que el organismo identifica, 1.823 de ellas corresponden solo a 1973. El mismo año en que Pinochet mandó a esta comitiva a recorrer el país.

La Serena también es territorio de oscuros indicadores. La mayor parte de las actividades represivas de la región se llevaron a cabo allá. Muestra de aquello es la sobrepoblación que rodeaba a su cárcel pública, donde trasladaban a la mayor parte de los prisioneros políticos. De acuerdo al informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en noviembre de 1973 alcanzaba los 474 privados de libertad por motivos ideológicos. El mismo informe indica, a través de la recopilación de testimonios, que el Regimiento Arica -bajo la comandancia de Lapostol- fue el que más detenidos sumó.

El Puma aterrizó cerca del mediodía en La Serena. Apenas descendió el helicóptero, el general convocó a un consejo de guerra en donde habrían participado Lapostol, su inseparable ayudante Cheyre, Marcelo Morén Brito (que poco antes de acompañar a Arellano era el segundo al mando en ese mismo lugar) y el mismísimo Sergio Arellano Stark. Entre los cuatro revisaron una lista con los prisioneros, evaluando los cargos de los que eran acusados y marcando quince nombres. El fin de la aceleración de los procesos no era precisamente liberar a quienes eran acusados de cargos leves, sino que eliminar a los enemigos del régimen en lo que ellos consideraban una guerra.

La rápida estocada de Arellano Stark

Aunque en sus testimonios Lapostol y Cheyre niegan sostenidamente su participación en los hechos, hay testigos que indican que el teniente -entonces de 25 años- acompañó a Morén Brito a retirar a catorce prisioneros de la cárcel pública. Testigos cuentan que Cheyre habría sido el encargado de leer a viva voz los nombres de los quince prisioneros condenados a muerte, contradiciendo su versión, donde indica que mientras todo esto sucedía, él se encontraba en su oficina.

Siempre bajo una nebulosa de contradicciones, las versiones de Cheyre y Lapostol indican que ellos no sabían lo que estaba ocurriendo hasta que oyeron los disparos, acusando a Arellano Stark de desoír la voluntad del comandante. Mientras los altos mandos del lugar almorzaban, los prisioneros fueron trasladados a un polígono de tiro, a unos 200 metros del casino de oficiales. Ahí, cerca de las 16 horas, fueron fusilados. Otras versiones -brindadas por uniformados- indican que al momento del fusilamiento también estaban presentes los altos mandos.

Mientras todo esto ocurría, los soldados conscriptos del Regimiento “Arica” se encontraban viendo una película, la cual fue proyectada con el fin de que no se enteraran de la operación. Precisamente, uno de los sellos que tuvo la misión fue que se realizó de manera casi imperceptible para los uniformados de bajo rango, mientras que -salvo contadas excepciones- los oficiales a cargo de cada regimiento se encargaron de amenizar con almuerzos y cenas a los visitantes.

Lapostol ha afirmado que él no sabía que ese día un helicóptero iba a aterrizar en su regimiento, negando también su conocimiento respecto a la matanza. Sin embargo, hay testimonios que lo contradicen. Uno es el de un sobreviviente del regimiento, que cuenta que los días 14 y 15 fueron obligados a hacer aseo profundo en las dependencias, a propósito -les dijeron- de la visita de una comitiva importante.

Lo que sí es un hecho comprobado es que, una vez fusilados, ningún médico revisó los cuerpos, los cuales fueron trasladados de manera inmediata al Cementerio Municipal de La Serena por expresa orden de Lapostol. Cheyre, en tanto, fue enviado al diario local El Día a entregar un bando militar que le explicaría a la comunidad que, tras ser juzgados por un tribunal militar proveniente de Santiago, habían fusilado a 15 prisioneros.

[caption id="attachment_99264" align="alignnone" width="820"] Diario El Día de La Serena: 17/9/73[/caption]

“Siga las huellas del camión”

Cuando en 1990 se investigó la inhumación ilegal de los cuerpos que dejó la Caravana de la Muerte, fueron convocadas a declarar personas que, por distintas razones, estaban vinculadas al cementerio. El objetivo era reconstruir un relato de lo que ocurrió ese día, y que, entre otras cosas, podría echar por tierra las afirmaciones de que quienes daban las órdenes en el regimiento no tenían noción de la llegada de la comitiva ni de que, tras su paso, quince hombres serían aniquilados a tiros.

En 1973, el Cementerio General de La Serena era administrado por Teófilo Díaz, que además fue el único trabajador del lugar que permaneció ahí durante la operación. Primero llegó Mario Vargas Miguieles, entonces capitán, quien respondiendo órdenes de Lapostol -según afirma-, verificó el estado de la fosa y esperó a que arribaran los fusilados.

En una de las últimas veces que se refirió al tema, Vargas Miguieles contó que al llegar al cementerio el administrador ya estaba al tanto de lo que iba a ocurrir, trasladándolo a ver la fosa ya lista. La investigación nunca pudo contar con el testimonio de Díaz, puesto que en 1990 tenía 89 años y padecía de problemas de memoria, respondiendo solo con incoherencias. Por él habló su viuda, afirmando que de los muertos se había enterado por la prensa y que ese día su esposo había llegado a la casa, había tomado un remedio para dormir y nunca, en todos esos años, le había mencionado el tema.

Cerca de las 17 horas se acercó por la Avenida Colo Colo un camión Tolva metálico. Desde ahí descendió un oficial armado, ordenando que abrieran de par en par las puertas del camposanto. Al fondo de este se encontraba lista la fosa común donde terminarían arrojando a los fusilados. Cada uno de los cuerpos que bajaban del camión tenía pegado en su pecho un papel con su nombre, para poder identificarlos. El administrador del lugar era el encargado de anotar en el libro de registros los nombres de cada uno, pero al sexto cayó desmayado, perdiendo la conciencia. Cuando la recuperó, los encargados de la faena ya habían terminado de enterrar los cuerpos y lo obligaron a entregarles la llave del cementerio, que permaneció cerrado y custodiado por militares todo el día, según cuentan testigos.

Aunque Díaz nunca declaró, sí lo hizo un cercano, que también trabajaba en el camposanto a cargo de las condiciones de higiene del lugar, quien cuenta que tres años después de que enterraran ilegalmente a los fusilados ahí, el administrador decidió sincerarse con él, contándole que ese día temprano lo habían llamado ordenándole que cerrara el cementerio antes del mediodía, prohibiera el paso al público y enviara a todos los trabajadores a sus casas.

Otros dos trabajadores afirman que ese día -sin decirles por qué- fueron enviados a sus casas cerca de las 16:00, hora en la que se ejecutaron los cuerpos en el regimiento. A eso, añadieron que al día siguiente empezaron a escuchar comentarios que decían que un grupo de desconocidos había enterrado los cuerpos de varios hombres fusilados por los militares en una de las fosas comunes que estaban al fondo del cementerio.

La noticia del fusilamiento salió en el diario y en las radios locales, nombrando uno a uno a los quince ejecutados. Los rumores sobre estas muertes llevaban varias horas corriendo y las familias comenzaron desesperadamente a averiguar la suerte que habían corrido sus seres queridos.

Una de las viudas relata que se enteró de la noticia el mismo día 16. Proveniente de Santiago, cada 15 días visitaba a su marido, quien se encontraba preso en la cárcel pública de la ciudad. Apenas despuntó el día, se dirigió al recinto en donde, tras sortear un montón de evasivas, confirmó que había sido fusilado. Ahí le devolvieron sus pertenencias, pero nunca el cuerpo.

“Fui al cementerio pensando en que ese era el lugar al que llevan a los muertos”, contó. Ahí, los funcionarios, nerviosos, no le contestaban sus preguntas, hasta que uno escuetamente le dijo que siguiera las huellas del camión que seguían estampadas en el suelo del lugar. “Había dos losas de cemento encima de un hoyo. Estaba cubierta de un polvo color blanco; logré mover una y mirar hacia abajo y pude distinguir varios cuerpos que había en el fondo”.

Para hacer énfasis en lo que vio, la viuda aclara que ese fue un día luminoso, casi sin nubes, por lo que está totalmente segura de haber visto un montón de cuerpos ensangrentados. Fue interrumpida por gritos: un trabajador del cementerio se acercó a ella gesticulando fuertemente, pero apenas la tuvo al frente rompió en llanto y le dijo que se fuera, que no la podían ver ahí. Antes de separarse, le contó que para poder dormir la noche anterior había tenido que embriagarse, pues no paraba de pensar en que esas personas podían ser sus hijos.

Ella no fue la única que se acercó al cementerio ese día, al menos dos mujeres más lo hicieron. En los tres relatos se repiten los mismos elementos: la losa que cubría la fosa estaba mal puesta y bajo ella se podían distinguir con claridad los cadáveres. Una dice que logró distinguir a su marido, otra intentó mover la cobertura hasta desvanecerse por la desesperación. Todas llegaron ahí luego de suplicarle a los nerviosos trabajadores del cementerio que les dijeran dónde estaban sus seres queridos.

"En tiempos de guerra los cuerpos no se entregan"

A principios del 2011, Ariosto Lapostol dio una entrevista al diario El Día, el mismo que publicó la lista de ejecutados el 17 de septiembre de 1973. En la conversación, Lapostol afirmó que el entierro de los cadáveres se hizo de forma “muy correcta”. “Cada vez que voy a La Serena les coloco un ramo de flores, calladito”, aseguró en esa ocasión.

Las palabras del ex comandante han estado marcadas por la ambigüedad, señalando que no puede explicar su accionar o culpando a las circunstancias de presión en que se encontraba. “Eran tantos los cadáveres que me causó mucho impacto y pensé que lo mejor era dejarlos a todos en una fosa común en el cementerio y no entregarlos a sus familiares”, contó. En la misma conversación, culpó a factores económicos, contando que no tenían dinero para comprar las quince urnas necesarias y que la vergüenza provocó que ordenara que los cuerpos fueran cargados como escombros en un camión, privando por 25 años a sus familias del derecho de enterrar a sus muertos.

Lapostol también afirmó que nunca nadie se acercó a preguntar dónde habían sido sepultados sus familiares, pues de ser así, él le hubiera pedido al administrador la exhumación de los cuerpos. Según los familiares, se acercaron innumerables veces a preguntar por los restos de sus deudos, recibiendo respuestas negativas por parte de Lapostol -quien siempre responsabilizaba a sus superiores-. También obtuvieron respuestas secas, que siempre apuntaban a la misma idea: en tiempos de guerra, los cadáveres no se entregaban. O les decía cruel y burlescamente que si tanto querían encontrarlos, los buscaran ellas mismas.

El brazo derecho de Ariosto Lapostol, Juan Emilio Cheyre, también ha tenido que comparecer ante la justicia en numerosas ocasiones, siendo cada vez más directas las acusaciones que lo involucran -por lo bajo– como cómplice de los hechos.

Juzgados bajo el sistema penal antiguo, se consideró que frente al caso había presunciones fundadas, por lo que fueron encargados reos. En julio de este año, Cheyre pasó cinco días en la cárcel, quedando libre tras pagar una fianza de un millón de pesos. Hoy, a 43 años del episodio, la participación de los militares que se encontraban en tierra cuando los zarpazos de Arellano Stark pasaron por La Serena continúa siendo investigada.