Hace pocos días el presidente de Argentina, Mauricio Macri, dictó un polémico decreto en el que transfiere facultades propias del Ministerio de Defensa a los altos mandos de las FFAA. Esta medida tiene un profundo significado tanto en Argentina como en América Latina, ya que implica un claro retroceso en los intentos de establecer un control civil sobre los militares. A nivel regional es una mala señal el hecho de que tras más de una década de estabilidad política, en que diversos gobiernos progresistas pudieron abordar agendas de transformación social sin asomo de golpismo militar, la primera medida importante de un gobierno de derecha en el ámbito de la Defensa sea intentar conseguir la lealtad de los militares a cambio de ampliar su autonomía.

El decreto de Macri deroga uno dictado por el presidente Raúl Alfonsín en 1984 y otorga a los militares mayor poder para determinar, sin supervisión ministerial, los ascensos, traslados y destinos del alto mando, así como también la designación del personal docente, entre muchas otras. Más allá de las falencias administrativas que se han aducido para justificarla, esta medida pone en evidencia la estrategia de la derecha argentina respecto a las FFAA demostrando así su opción en la que prima la coyuntura política por sobre una política de largo plazo en materia de relaciones cívico-militares. El macrismo no duda utilizar la autonomía como una moneda de cambio para ganarse el apoyo de los militares argentinos en un contexto en que se prevé una alta tensión social y política.

Lo que está sucediendo en Argentina es especialmente importante a nivel regional. Desde que en 1988 se promulgara la ley de Defensa Nacional, el país ha vivido un lento proceso de fortalecimiento de la autoridad civil en la conducción de las FFAA y de la defensa nacional. Si bien se necesitaron 18 años para reglamentar y hacer realmente operativa esta ley (lo hizo el año 2006 el presidente Néstor Kirchner), se logró reforzar el rol del Ministerio de Defensa en la dirección, ejecución y supervisión de las misiones y funciones militares como en pocos países de la región. Este avance, que ha sido una de las principales conquistas de la transición democrática en Argentina, se logró gracias a un amplio consenso político y social en relación al propio concepto de Defensa. Por eso, si bien el decreto del presidente Macri se puede entender en el marco de su disputa política contra el kirchnerismo, en realidad supone un cuestionamiento de este consenso básico de la transición democrática argentina.

Como decía en un inicio, el impacto del decreto de Macri no se reduce solamente a Argentina, también es un mal gesto para la región ya que, con todas sus falencias y errores, la política de Defensa de los gobiernos kirchneristas era una de las experiencias más significativas en esta materia a nivel latinoamericano. A diferencia de otros países que han basado sus relación con los militares en la excesiva compra de material de guerra (como Chile, Perú o Brasil) o en cederles más cuotas de poder institucional dentro del Estado (como en Venezuela o Bolivia), el proceso argentino se sustentaba no solo en el principio de someter a las FFAA al orden jurídico, sino que también abría un espacio para involucrar a la responsabilidad de los civiles en en el ámbito de la Defensa.

Es necesario entender esta medida del presidente Macri en el contexto político que se está viviendo en la región, donde después de más de una década de predominio de gobiernos progresistas de distinto tipo, se pudieron realizar importantes transformaciones sociales sin el temor al golpismo militar. Por eso, el que la primera gran medida de un gobierno de derecha sea intentar ganarse la lealtad militar a cambio de ampliar su autonomía es una mala señal porque invariablemente resucita al fantasma del intervencionismo militar en las disputas sociopolíticas que se están desenvolviendo hoy en día en muchas sociedades latinoamericanas.

Por otro lado, el decreto de Macri demuestra que en la región estamos muy lejos de que impere un consenso respecto a la política hacia las FFAA, del lugar y los roles que se les quiere asignar en cada país. Es cierto que la realidad de cada uno de estos países es muy diferente, pero es preocupante que todavía haya sectores políticos que apuesten por debilitar el control civil del ámbito de la Defensa como una forma de conseguir el apoyo militar. Se pensaba que tras la ola de democratización que se vivió en la década de 1990 al menos hubiera un consenso respecto a este punto.

Para Chile esta medida tampoco es una buena noticia, mucho menos ahora que los casos de corrupción militar han puesto en tela de juicio la amplia autonomía que gozan las FFAA chilenas y que se abre la discusión constitucional en la que el tema de la política de Defensa debe ser central. Esta es la oportunidad de superar la estrategia de autonomía militar a cambio de lealtad que se había implementado durante toda la transición. No sería extraño entonces que a partir de ahora en Chile algún sector esgrimiera el ejemplo de Macri para justificar la mantención del statu quo en materia militar.

A diferencia de Argentina, en Chile a los militares no solo se les ha dado autonomía sino que también muchísimos recursos, es esa combinación lo que ha terminado en los escándalos de corrupción que hemos conocido en el último tiempo. Por lo mismo, guardando las particularidades de cada país, del modelo argentino hasta ahora se podían sacar valiosas lecciones para aumentar el control democrático de las FFAA, sin que suponga un peligro para el ordenamiento democrático ni tener que compensarlo con excesivos gastos militares. El modelo argentino, con todas sus falencias, nos demostraba que hay un amplio espacio para la acción de los civiles en el ámbito de la Defensa y que con suficiente voluntad política es posible contar con un Ministerio de Defensa proactivo hacia las FFAA, que canalice el rol de los civiles en el ámbito de la defensa y no sea un mero apéndice administrativo de las FFAA.

Para lograr esto es necesario entender que potenciar el control civil de la Defensa no significa querer perseguir a los militares o desconocer su experticia técnica, sino simplemente reconocer que la Defensa es un ámbito de acción política que los civiles no pueden desatender para que no quede fuera del orden democrático de la sociedad. No hay que equivocarse, la autonomía militar expresa un abandono, una dejación política respecto al mundo militar. Es mirar para otro lado mientras se le entrega el completo control de la organización militar a los respectivos altos mandos. Por eso, es necesario estar atento a cómo evoluciona la política militar de Macri, ya que da pistas sobre lo que se puede esperar de otros gobiernos de derecha que están surgiendo hoy en día en la región.