En las últimas semanas hemos presenciado en la prensa una inédita exposición de acusaciones de corrupción militar, conocidas como “milicogate”. No cabe duda de que es muy positivo que se investigue judicialmente estos casos, da cuenta de que se está alcanzando un avance importante en la consolidación del Estado de derecho, marcando, por ejemplo, una gran diferencia con lo que fue el caso de los “pinocheques” en la década de los ‘90. Está claro que los tiempos políticos ya no son los mismos, algo ha cambiado y no solo para los militares. Es sintomático que al mismo tiempo que se develan estos casos de corrupción militar se está cuestionando a la elite política por las mismas causas.

Es necesario reflexionar sobre este tema más allá de cada acusación en concreto. En primer lugar, sorprende la reacción pública, incluso parece que estos casos de corrupción escandalizan más que las violaciones a los derechos humanos. Pareciera que como sociedad no nos extrañara que los militares violen los DDHH, pero sí nos sorprende que roben dinero, como si eso no se ajustara a nuestra imagen del mundo militar. En este sentido, baste recordar la defensa que realizó el Presidente Lagos cuando al general Cheyre se le vinculó con casos de violación a los DDHH, en cambio, hoy en día, nadie ha salido en defensa del general Fuente-Alba.

Por otro lado, es cierto que la corrupción en el ámbito militar no es exclusiva de Chile, por ejemplo, en España hace poco se divulgó un caso de fraude masivo de aviadores militares que inventaban supuestos traslados para cobrar las ayudas estipuladas. Hay que tener en cuenta que en el ámbito militar se mueve muchísimo dinero y recursos de diversa índole, hablamos de la compra de armamentos, la venta de terrenos, abuso de ciertas prebendas, etc., por lo que no es de extrañar que la tentación de corrupción esté muy presente entre los militares.

Pero, ¿nos basta con decir que los militares son corruptos y que su corrupción es igual a la que podemos encontrar en otros estamentos del Estado? En realidad es un triste “consuelo” el constatar que los militares son tan “humanos” como el resto y se corrompen de la misma forma…eso ya lo había dejado claro Sun Tzu hace un par de miles de años: “Si mis oficiales no acrecientan sus riquezas, no es porque desdeñen los bienes de este mundo”. El problema es que pareciera que algunos realmente se creyeron la fantasía de que los militares desdeñaban los bienes terrenales.

Por lo mismo, tampoco sirve la argumentación planteada por el actual comandante en jefe, general Oviedo, quien redujo todo el problema a los comportamientos personales de algunos militares. Esta estrategia de pretender individualizar las faltas y no asumir la responsabilidad institucional es muy parecida a la forma en que se pretendió dar cuenta de las violaciones a los DDHH como simples “excesos” de algunos uniformados. Ni entonces ni ahora basta con echarles la culpa a los individuos cuando sus acciones están enraizadas en la organización militar. Por eso, ahora cabe más bien cuestionarse en qué medida las corrupciones que están aflorando tienen que ver con las características de la institucionalidad militar, como por ejemplo el secretismo con que se manejan los recursos de la Ley Reservada del Cobre o la gran autonomía que tiene el estamento de los oficiales de alto rango para controlar la organización.

Es cierto que hay muchas normas (leyes, reglamentos, ordenanzas, etc.) que controlan la actividad de los militares, pero la forma en que se han desarrollado estos casos de corrupción demuestran que estas normas no bastan. Más allá de la rendición formal de las cuentas, el problema es principalmente de carácter político, ya que evidencia las graves limitaciones con que durante la transición se entendió el control civil del mundo militar. Durante esta época se asumió que el objetivo central era insertar a la institución militar dentro del naciente (y aún débil) régimen democrático. Para lograr esto se aceptó una forma de institucionalización en que la subordinación militar se compensaba otorgando una amplia autonomía a una elite de oficiales de alto rango para dirigir la institución.

Por cierto que esto no es únicamente “culpa” de los militares, ya que desde hace muchos años que el mundo civil (político y académico) da cuenta de una despreocupación respecto a los temas militares. Un ejemplo claro de esto es el retraso en la modernización del Ministerio de Defensa y la falta de un perfil claro en el nombramiento de la mayoría de sus autoridades, lo que ha entregado a los militares un monopolio tácito respecto a este ámbito del Estado.

Los actuales escándalos de corrupción militar ponen en cuestión este equilibrio estratégico (de largo plazo) que se estableció durante la transición entre la elite militar y la política, que otorgaba a los militares un espacio de autonomía casi total, en el que una de las principales garantías era la condición moral de los militares y su amenaza de fuerza. Todos estos negociados que se están conociendo derivan del error de asumir que el sometimiento de los militares exigía mirar para otro lado y minimizar los anteriores casos de corrupción.

De esta forma, lo que estamos observando es una crisis de un modelo de organización militar que obliga a repensar a las FFAA. Esto exige cuestionar la idea de “superioridad” moral de los militares y superar las limitaciones de la transición. Ya no basta con que los militares se “vayan a los cuarteles” y dejarles ahí en paz. Si al principio de la transición parecía que esta era la forma de solucionar el “problema militar” para la democracia, los casos de corrupción demuestran lo fantasioso de esta mirada.

Estos casos de corrupción deben abrir una nueva etapa en la relación cívico-militar, en la que el problema no solo sea la inserción institucional de los militares en el orden democrático, sino que abarque otros problemas como, por ejemplo, la opacidad de la institución  y del mundo militar. Es necesario pensar la organización militar desde otra perspectiva, entre todos los ciudadanos, civiles y militares, superando la idea de que las instituciones militares son un coto privado de un grupo. En definitiva es un paso más en la democratización del ámbito de la Defensa, que requiere una institucionalidad nueva, o más bien la modernización del Ministerio, pero también una apropiación y responsabilización del tema por parte del mundo civil. Ciertamente, esto no va a garantizar que no ocurran otros casos de corrupción, pero cuando sucedan podremos reaccionar sin la hipocresía de esconder la cabeza detrás de la “responsabilidad individual”.