Las condiciones de disputa que suponen el 2016 llaman al movimiento estudiantil a tomar decisiones fundamentales a la hora de enfrentar la reforma de la educación superior. Durante los últimos años, las movilizaciones se han abocado a mantener la conflictividad abierta como posibilidad de contrastar posturas políticas con dos gobiernos que, con distintas chapas, se han mostrados igualmente comprometidos en la defensa del Estado subsidiario. No obstante, los frutos de las movilizaciones estudiantiles serán limitados si es que desde lo social no se apuesta a ganar y determinar políticamente el contenido de la reforma, lo cual implica volver a posicionar a la educación como un derecho social y no caer en los cantos de sirena de lo que mañosamente se ha llamado gratuidad.

A diferencia del tono que caracterizaba el debate durante el 2011 y el 2012, hoy nos enfrentamos a una discusión tecnificada y despolitizada en donde la centralidad en torno al derecho social de la educación se ha diluido. En contraste, se nos presenta una discusión parcializada y fragmentada que pone el acento en una mayor regulación del mercado educacional y en el aumento todavía marginal de las becas entregadas por el Estado, dando a entender que el problema de fondo puede resolverse dentro de los mismos márgenes de la subsidiariedad. No obstante, como movimiento social también debemos ser autocríticos al haber caído en la cancha que nos pone el gobierno y con ello haber alejado la discusión de fondo de la sociedad, la cual hoy no ve con claridad las diferencias políticas que nos tienen en la vereda opuesta a la de la Nueva Mayoría.

Desmercantilizar la educación, así como otros derechos sociales, no pasa por aumentar el número de becas o crear superintendencias que fiscalicen el actuar de privados en el mercado. Pasa por reconstruir el sistema público hoy destruido por el autofinanciamiento, por terminar con las universidades empresas, por hacer retroceder a la banca de la educación y destinar esos recursos a fortalecer un sistema  gratuito y racional pensado para resolver los problemas más acuciantes de la sociedad. Todos estos elementos no son procesables bajo lógicas mercantiles y su centralidad es una condición necesaria para recuperar un movimiento estudiantil ofensivo, propositivo y con independencia de la política tradicional.

Es en base a lo anterior que se nos presentan los siempre complejos escenarios de movilización, puesto que si alguna claridad debemos tener durante el presente año es que no basta con convocar a marchar por marchar. La fortaleza y posibilidad de determinar políticamente el contenido de la reforma pasa por la capacidad del movimiento de educacional de representar los intereses de amplias franjas de la sociedad, actualmente marginadas y precarizadas por el mercado. El movimiento estudiantil se posiciona como la punta de lanza de un proceso en donde convergen distintos actores ligados al sistema educacional, así como la sociedad en su conjunto.

 No existen fórmulas mágicas para lograr arrebatar la bandera, hoy robada, del derecho social a la educación de las manos del gobierno. No obstante, no podemos afrontar movilizaciones como la próxima marcha estudiantil como meros rituales con los cuales se debe cumplir cada cierto tiempo, sino como instancias en donde damos cuenta de la voluntad generalizada por transformar los pilares de un sistema educacional que hace rato está en crisis. Por lo mismo, a pesar de las legítimas frustraciones que nos provoca un proceso que todavía tiene en la incertidumbre a miles de compañeros, el solo agitar y convocar en base a la mala implementación de la “gratuidad” no basta. Nuestra crítica y propuesta no apunta a que esta reforma se ejecute mejor, queremos una reforma completamente diferente y construida de cara a la sociedad. Este jueves marchemos, llenemos las calles con la alegría y rebeldía que siempre nos ha caracterizado como movimiento, pero siempre con las claridades políticas necesarias para infringir la primera derrota del Estado subsidiario en más de 40 años.