Este lunes 11 de abril, la Presidenta Bachelet llegó hasta el Museo Histórico en la Plaza de Armas para promulgar dos proyectos de la agenda de probidad: la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y la Ley que Fortalece el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilita su Modernización.

La primera de las iniciativas fija un financiamiento estatal par los partidos políticos y prohíbe los aportes de personas jurídicas o empresas, rebajando además el límite de gasto electoral, con el objetivo de regular el financiamiento de las campañas políticas. Pese a que, de todas formas, mantiene los aportes anónimos bajo el nombre de "aportes menores sin publicidad", se fijan nuevas restricciones para la propaganda electoral y se consagra que podrán perder su escaño quienes cometan infracciones contra esta ley.

La segunda ley, busca que los partidos políticos se conviertan en entidades jurídica de derecho público, encargadas de promover la participación ciudadana, en especial la de mujeres y jóvenes.

Otros puntos interesantes son que las directivas de partidos políticos deberán elegirse por sus militantes o por órganos intermedios bajo el mecanismos de un voto por militante. El ministro de fe para las prácticas que regularán ambas leyes será el Servel, que actuará dentro de las elecciones internas de los partidos.

En cuanto al género, la ley fija una cuota decretando que los órganos colegiados de cada entidad tendrá que contar, necesariamente, con al menos un 40% de representantes de un mismo género. Asimismo, la norma contempla deberes de probidad, transparencia y rendición de cuentas de cada uno de los partidos, haciendo efectivo el derecho de acceso a la información para los afiliados y la ciudadanía en general.

Ante la promulgación de ambas leyes, la Presidenta Bachelet aseguró: "Estamos dejando el poder del dinero fuera de la política (...) A partir de hoy, ninguna empresa podrá financiar campañas electorales". Un paso necesario luego de destaparse irregulares financiamientos en la política con casos como Soquimich y Penta, pese a que esta Ley no tiene efecto retroactivo, es decir, opera desde ahora y no puede aplicarse a hechos recientemente pasados.